El alcalde Jaime Pumarejo envió en la tarde de este domingo una propuesta de proyecto de ley sobre seguridad ante el Congreso de la República El mandatario anunció que esta iniciativa a su vez fue copiada al Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, a las Altas Cortes y al Consejo Superior de la Judicatura.
Insistió en que el debate debe centrarse en una reforma a las políticas de seguridad, antes que cualquier otra en el país. Sostuvo que se les debe brindar mayores herramientas a los jueces y fiscales para apresar a quienes cometan delitos.
'Nuestra propuesta es poner la seguridad como la reforma y el punto más importante a debatir en el seno del Congreso de la República. Los colombianos y los barranquilleros quieren caminar por las calles en paz, quieren sentir que pueden hablar por celular sin que alguien de manera violenta se los robe, quieren sentir que pueden abrir un negocio sin que los extorsionen y que los bandidos que terminan condenados en la cárcel no podrán seguir delinquiendo en ellas', dijo.
Indicó que se debe hacer un cambio drástico y para ello se requiere la voluntad y el compromiso de las altas esferas del Gobierno nacional, de la Rama Judicial y el Congreso de la República.
El burgomaestre expuso seis puntos para que sean debatidos en el Congreso y por la ciudadanía en general. Entre ellos está reformar o liquidar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); mayor presupuesto para herramientas tecnológicas; más jueces, investigadores y fiscales; eliminar la opción de casa por cárcel a delincuentes peligrosos; crear más cárceles de menor costos, entre otras propuestas (Leer recuadro).
'Los alcaldes de ciudades capitales como voceros de los ciudadanos llevamos tiempo solicitando drásticas reformas en el manejo de la seguridad en Colombia, nuestro objetivo es que el Estado sea por fin implacable con los bandidos. Desde la seguridad y posibilidad de vivir en paz es que podemos deprender nuestros sueños y hacer valer los demás que tenemos: libertad y orden', puntualizó Pumarejo.
Sustentación del proyecto
De acuerdo con datos entregados por la administración distrital, luego de un análisis de la situación del país, los delitos que más preocupan a los colombianos son de tipología violenta, es decir, aquellos que ocurren con arma de fuego, como atraco, extorsión, hurto a viviendas o vehículos.
Dentro de la argumentación que exponen del proyecto es que muchos de los delincuentes que son capturados presentan anotaciones judiciales, es decir que han sido reseñados por cometer otros delitos, pero nunca terminan siendo condenados o imputados. Adicionalmente, la falta de capacidad del Inpec para vigilar a todos aquellos que cumplen sus condenas en casa por cárcel.
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El Distrito señaló que a noviembre de 2023, había en Colombia 68.058 personas en prisión domiciliaria, de las cuales apenas 6.395 portaban brazaletes electrónicos. El resto, es decir, el 91 %, son vigilados por el Inpec mediante visitas aleatorias en los domicilios o reconocimiento de voz a través de llamadas telefónicas.
'El mayor número de presos con casa por cárcel se encuentra en los departamentos del Caribe colombiano con 25.731, de los cuales, 2.022 tenían vigilancia electrónica, seguido de la región central con 14.968, 2.390 de ellos con brazaletes. En el Atlántico hay 6.533 personas con detención domiciliaria', anotó.
En el top de los delitos con detención domiciliaria se encuentra: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un 18.1 %, hurto con un 16,5 %, fabricación, porte o fabricación de armas de fuego con un 13,2 %, concierto para delinquir con 9,9 % y homicidio con un 8,2 %.
El otro fenómeno que exponen es el hacinamiento en las cárceles que actualmente está por orden del 25.01 % en el país, equivalente a una sobrepoblación de 20.554 presos.
'Es común que las cárceles están llenas de presos no violentos condenados o en detención domiciliaria, mientras los más peligrosos terminan enfrentando sus juicios en libertad (…) sumado al hacinamiento que hay y que el costo de la alimentación por persona en las cárceles del país asciende a $900.000, lo cual quiere decir que mensualmente el Estado gasta por este concepto un poco más de $92.000 millones', argumentó el Distrito.
