La Contraloría General de la República de Colombia emitió un pronunciamiento de advertencia ordinaria y control fiscal preventivo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), su Fondo Empresarial y a la empresa prestadora de energía Air-e, actualmente bajo intervención del Gobierno nacional.
El documento, de nueve páginas, expone una profunda crisis financiera y operativa dentro del sector eléctrico de la región Caribe, detallando seis riesgos críticos que amenazan la sostenibilidad de la prestación del servicio y los recursos públicos.
En su misiva, dirigida a Felipe Durán Carrón, superintendente de Servicios públicos domiciliarios, advirtió de un deterioro crítico de la cartera: “Air-e presenta una cartera acumulada de más de $6.062 billones de pesos. El 73% de estas obligaciones supera el año de antigüedad, especialmente concentradas en los estratos 1, 2 y zonas subnormales, limitando seriamente su liquidez y flujo de caja para cumplir compromisos con el Mercado de Energía Mayorista”.
También detalló el escenario de insolvencia financiera: “Los pasivos de la compañía aumentaron un 53,6% en un periodo corto (hasta agosto de 2025), concentrando el 86% de sus deudas en obligaciones corrientes (a corto plazo), generando un riesgo inminente de cese de pagos con proveedores clave”.
Otro de los factores que alarma al ente de control, es la dependencia estructural de dineros públicos: “La empresa sobrevive mediante un apalancamiento recurrente del Fondo Empresarial de la SSPD, mediante contratos de mutuo que suman $147.885 millones de pesos, evidenciando su total incapacidad de autosostenimiento”.
Manifestó en ese sentido que el patrimonio de la compañía se redujo en un 80%, cayendo de más de $2,2 billones a apenas $131.500 millones de pesos, comprometiendo gravemente la capacidad para realizar futuras inversiones en infraestructura.
“Air-e redujo unilateralmente la cobertura de las garantías de sus créditos con el Estado a valores inferiores al 5% del monto total financiado, arriesgando directamente el patrimonio público”, agregó la entidad.
En criterio de la Contraloría, el “recurrente incumplimiento del plan de inversiones ha mermado la calidad de la energía, traduciéndose en constantes apagones y retrasos técnicos. Financieramente, esto eleva el endeudamiento de la cadena energética nacional, amenazando con trasladar estos sobrecostos a las tarifas del usuario final o deprimir las utilidades de las empresas generadoras”.
Adicionalmente, el ente de control señala que las mesas de gestión de la SSPD se limitaron a recibir reportes del agente interventor, sin imponer medidas sancionatorias ni diseñar un plan de choque estructural para mitigar la crisis.
Cumpliendo con los criterios excepcionales de trascendencia social y connotación económica, la Contraloría advierte que: “el panorama frena la competitividad empresarial regional, ahuyenta la inversión nacional y extranjera y profundiza la pobreza monetaria en los hogares del Caribe, obligados a destinar gran parte de sus ingresos al pago de altas facturas por ineficiencias históricas (como el robo de energía) que les son trasladadas”.
Finalmente, la alerta insta de carácter no vinculante a implementar mecanismos eficaces orientados a sanear la cartera de la compañía y optimizar los indicadores de calidad y continuidad (Saidi y Saifi), alejados críticamente de las metas.
