Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la Contraloría instó a las autoridades del Gobierno nacional y de los territorios, a adoptar acciones que permitan minimizar las afectaciones, salvaguardar el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica a todas las comunidades y reducir los impactos negativos.
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“Resulta pertinente señalar que la ocurrencia del Fenómeno de El Niño incide de forma directa en las capacidades de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica para todas las comunidades del país y por ello resulta imprescindible que las instancias competentes consideren la adopción inmediata de las acciones necesarias y suficientes que permitan preparar al país para minimizar estas afectaciones”, aseveró el órgano de control.
Para la entidad existen una serie de factores estructurales que afectan el desempeño del sector eléctrico: el crecimiento sostenido de la demanda “en un entorno de condiciones hidrológicas cada vez más severas”; retrasos en la entrada en operación comercial de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica; la demora en el pago de subsidios, contribuciones y opción tarifaria a las empresas del sector eléctrico; y el adecuado abastecimiento de gas natural para la entrada en operación de las centrales térmicas.
Se refirieron puntualmente a la crisis energética por la que atraviesa el Caribe más exactamente los departamentos en los que opera la empresa Air-e lo que han llamado una “profundización del riesgo sistémico” como consecuencia de medidas de intervención así como las dificultades económicas que enfrentan los comercializadores que atienden a los usuarios, particularmente en la región Caribe, derivadas de los bajos niveles de recaudo y el incremento de pérdidas.
“Se advierte que la combinación de un Fenómeno de El Niño de intensidad alta o muy alta, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno Nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $8,2 billones, sin duda va a configurar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país”, advirtieron.
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A esto se le suma el rezago en la incorporación de nuevas capacidades de generación de energía eléctrica. En los últimos seis años, la entrada de proyectos no ha superado el 28 % de la capacidad prevista. En particular, durante 2025 únicamente el 10,8 % de los proyectos cumplió con la fecha de puesta en operación (FPO) prevista y para 2026, de los 4.475 MW proyectados, solo han entrado en operación 291 MW (el 6,5 %), según información del Operador del Sistema XM.
“Esta situación refleja claramente que hay una delicada limitación estructural para la indispensable expansión de la oferta de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, dijeron.
Adicionalmente, las empresas comercializadoras enfrentan una situación crítica de liquidez, asociada a deudas por subsidios, contribuciones y opción tarifaria estimadas en $4 billones, además de otras acreencias de Entidades Oficiales estimadas en $1,5 billones. Si a este ya complejo panorama fiscal se le suman las deudas de Air-e con el mercado, estimadas en $2,7 billones, se tendría “una cuantiosa deuda” total estimada de $8,2 billones, que terminaría por afectar la capacidad financiera de las empresas del sector eléctrico del país para enfrentar con éxito los efectos de ‘El Niño’.
En lo referente algas natural para las Centrales Térmicas, la Contraloría estima un déficit cercano a 200 MPCD (Millones de Pies Cúbicos Diarios) para 2026 (aproximadamente el 20 % de la demanda nacional), con tendencia a incrementarse hasta 310 MPCD en el corto plazo, lo cual ha hecho que cerca del 21 % de la demanda sea cubierta mediante importaciones.
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“Si bien hasta ahora la hidrología reciente no ha sido tan desfavorable para los niveles de los embalses, preocupan enormemente los posibles efectos de los Decretos 0150 del 11 de febrero de 2026 (Emergencia Económica, Social y Ecológica en algunos Departamentos) y 0177 del 24 de febrero de 2026, gracias a los cuales la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) quedó facultada para modificar los instrumentos de manejo y control ambiental de los proyectos hidroeléctricos, pudiendo cambiar, de forma unilateral y por Decreto, las licencias y permisos ambientales previamente aprobados y generando el riesgo de que se exija la adopción de acciones operativas sobre los embalses ante alertas hidrometeorológicas, que podrían contravenir, muy a posteriori, las premisas de diseño de los mismos y hasta su misma Regla de Operación, lo que conllevaría a impactos importantes en su capacidad de almacenamiento de agua y, en últimas, en la disponibilidad y firmeza de la generación de energía eléctrica”, agregaron.
Por estas razones, la entidad llama al Gobierno y a las autoridades territoriales, a que consideren la “urgente” la revisión, evaluación y el ajuste de los instrumentos regulatorios para el manejo de todos los embalses del país, “de forma que se privilegie la acumulación máxima posible de agua en estos, siempre garantizando la entrega aguas abajo del caudal ecológico exigido y las condiciones ecológicas necesarias para la protección de las comunidades y los ecosistemas que se encuentran en su área de influencia”.
Finalmente, invitaron a considerar la agilización de la entrada en operación comercial de proyectos de generación eléctrica en curso; el pronto pago de los subsidios, contribuciones y opciones tarifarias a las empresas del sector eléctrico; el inmediato encendido de las centrales térmicas y el pronto inicio de una masiva campaña de divulgación de las posibles afectaciones por la ocurrencia del fenómeno de El Niño.
