Este martes la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de detención domiciliaria realizado por la defensa de la congresista Karen Astrith Manrique Olarte mientras avanzan los procesos legales e investigaciones en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En medio de la reunión, los magistrados del alto tribunal decidieron rechazar el recurso y se dejó en firme el llamado a juicio en contra de cinco congresistas y un excongresista salpicados en el caso.
Los parlamentarios que serán llamados a juicio son los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, para que respondan por el delito de cohecho impropio.
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Vale mencionar que la representante a la Cámara fue trasladada a la guarnición militar de Malambo para que cumpla su reclusión mientras avanza la investigación en su contra.
El alto tribunal la acusa del delito de cohecho impropio por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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De acuerdo con la corte: “La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”.
Añade que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
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Karen Astrith Manrique y Wadith Alberto Manzur habrían participado en el caso de corrupción para el año 2023, con el propósito de conseguir contratos del Gobierno Petro, a cambio de votar a favor de las reformas que se debatían en el Congreso.
Al parecer, los congresistas estaban interesados en tres proyectos de la Ungrd por la suma de 94.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
