La prestación de los servicios de energía eléctrica y gas está atravesando uno de sus momentos más críticos como consecuencia del incumplimiento del Gobierno nacional con el pago de los subsidios y por las recientes decisiones de regulación al sector.
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Así lo advirtieron este martes 17 de marzo en Cartagena los presidentes del comité intergremial del sector energético, quienes aseguraron que las deudas del Estado, que ascienden a $9.2 billones, han profundizado el deterioro financiero y operativo de las empresas que hacen parte de la cadena energética.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, explicó que estas deudas son el resultado del no pago de subsidios, $3,5 billones, de los cuales $2,32 corresponden a energía eléctrica y $1,15 a gas natural, por opción tarifaria $2,2 billones, las deudas oficiales que ascienden a $1,4 billones y la crisis de Air-e $2,1 billones.
Ante el escenario, señaló, se ha generado una restricción severa de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. A pesar de que se han planteado múltiples propuestas y alternativas, no se han concretado soluciones.
“El Gobierno se comprometió a asumir los costos de la opción tarifaria —mecanismo que permitió diferir pagos de energía durante la pandemia—, pero hasta el momento esos recursos no han sido desembolsados. Hoy tenemos que decir que simplemente fueron anuncios. El presidente dijo que iba a entregar esos recursos, pero no están en ninguna parte”, señaló.
Asimismo, indicó que el sector ha presentado múltiples propuestas para aliviar la situación financiera, entre ellas el cruce de impuestos con las empresas y la titularización de deudas, con el fin de facilitar el acceso a financiamiento y garantizar que los bancos continúen prestando recursos. Sin embargo, afirmó que estas alternativas no han sido consideradas.
Por otro lado, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas: “Las empresas han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios, y esos recursos siguen sin ser pagados. Esta deuda está afectando la sostenibilidad de las compañías, lo que acentúa el riesgo de un apagón técnico, porque ya la demanda supera la oferta. Se deben tomar decisiones inmediatas.” Indicó.
A su turno, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, insistió en que los subsidios no son un beneficio para las empresas, sino un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en la factura.
Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron en la práctica. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas. Más allá de ser un debate, debe ser una conversación sobre protección social, continuidad del servicio y confianza en el sistema." Afirmó
Crisis de Air-e
La crisis de la intervenida empresa Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, también representa un riesgo para todo el país, así lo dejó saber el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.
Según explicó Castañeda, la empresa acumula una deuda cercana a $2,1 billones con agentes del sector, mientras que en 18 meses ha tenido cinco agentes interventores, lo que refleja, a su juicio, falta de dirección y claridad en el proceso.
El problema es que no hay un plan claro ni certeza sobre cómo se van a pagar las deudas. La solución es que el Gobierno disponga los recursos para poner a la empresa al día con el mercado”, afirmó.
Castañeda advirtió además que la situación financiera está afectando la operación de las plantas térmicas, que dependen de la compra de combustibles para garantizar la generación de energía. “Si no hay recursos, no hay cómo comprar combustibles y se pone en riesgo la confiabilidad del sistema”, indicó.
Falta de información y riesgo de déficit energético
Por su parte, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, alertó sobre la falta de información clave para la planeación del sector.
Según explicó, desde hace varios meses el operador del sistema, XM, no publica datos consolidados sobre balances de energía y nuevos proyectos, lo que dificulta la toma de decisiones en un sector que requiere planeación de largo plazo.
“El colchón entre oferta de energía firme y demanda ya es negativo. Según datos de XM, cerraremos 2026 con un déficit del -2% y llegaremos a un alarmante -3.5% en 2027. Sumando el panorama del gas que todos conocemos y una posibilidad de un fenómeno de ‘El Niño’ iniciando a finales de este año según las agencias internacionales, la seguridad energética de Colombia está en grave riesgo”, aseguró.
Fue enfática en afirmar que sin información no se puede planear. “Este es un sector que necesita entre seis y siete años de anticipación para desarrollar proyectos”, señaló.
Gutiérrez advirtió que el país podría estar entrando en un escenario de déficit energético, debido al atraso en proyectos de transmisión y a la falta de nuevas inversiones.
Riesgo de apagón y presión sobre el sistema
Los líderes gremiales también alertaron que el retraso en la entrada de nuevos proyectos es significativo. Según datos del sector, para 2026 solo ha entrado el 0,16 % de la energía proyectada, lo que agrava el panorama.
Advirtieron que un eventual racionamiento podría tener un impacto económico considerable, con pérdidas cercanas al 1,5 % del PIB y costos de hasta $250.000 millones por hora.
El llamado de los gremios
Ante este panorama, los gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para implementar un plan de choque financiero que permita restablecer el flujo de recursos en el sector.
Las medidas prioritarias se destacan: el pago inmediato de subsidios adeudados, la asunción de la opción tarifaria, la solución estructural a la situación de Air-e.
Los gremios también expresaron su preocupación frente a medidas adoptadas en el marco de la emergencia climática, como los decretos 0177, 0214 y 0242 de 2026, que podrían afectar la confiabilidad del sistema energético, trasladar cargas económicas adicionales a las empresas e impactar en los precios de energía.
“Es fundamental la adopción de decisiones que garanticen seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, con reglas claras para la expansión de la oferta de energía eléctrica y el desarrollo de los proyectos que permitan una mayor importación en el corto plazo y consolidar el potencial de producción de gas nacional”, concluyeron.
