La crisis energética del Caribe no da espera. Es necesario repensarla, unir voluntades en torno a un propósito común y, sobre todo, construir soluciones estructurales, sostenibles y responsables. Ese fue el consenso general de un conversatorio que reunió a todos los actores del sector energético y económico de la región, en torno a un problema que, por décadas, no ha podido solucionar la región pese a todos los intentos de los últimos gobiernos.
En este espacio, moderado por la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, los directivos de Air-e y Afinia expusieron con crudeza los desafíos que enfrentan diariamente para garantizar la continuidad del servicio de energía en los siete departamentos del Caribe.
Estas dos empresas “hermanas”, que nacieron tras la liquidación de Electricaribe en el 2020, han tenido que operar en una región donde la subnormalidad eléctrica concentra cerca del 92 % de todo el país, donde persiste una cultura de no pago, conexiones irregulares, falta de inversión y de compromiso por parte de la ciudadanía.
“El problema de Air-e es un problema nacional, que debe tener una solución nacional”: ministro Palma
En ese sentido, Ricardo Arango, gerente general de Afinia, destacó el hecho de que –por primera vez– los dos operadores de red del Caribe abordan de manera articulada la crítica situación del sistema eléctrico de la región.
Al hacer un diagnóstico, Arango recordó que Afinia ha invertido más de $3.2 billones en cinco años —tres veces más que lo invertido por los operadores anteriores en una década—, logrando mejoras superiores al 70 % en indicadores de calidad como Saidi y Saifi, que miden la duración y frecuencia de las interrupciones.
Afirmó que, pese a los esfuerzos tanto de Air-e como de Afinia, la situación desde la perspectiva financiera es insostenible. Y se cuestionó: “¿Cuál es la razón? Si hemos mejorado técnicamente, se ha cumplido la palabra y se ha invertido; aun así la situación sigue igual”.
Reiteró que, pese a estos avances técnicos y a que la tarifa de energía se redujo en un 22 % entre agosto del año pasado y este mes, la situación financiera sigue siendo insostenible.
Según Arango, el problema va más allá del operador de red: “La raíz es estructural y socioeconómica. El 92 % de la subnormalidad eléctrica del país está en la región Caribe. Afinia tiene más de 165.000 familias en esa condición y Air-e, aún más. Este es un fenómeno que en el interior del país es prácticamente desconocido”.
Reveló que la empresa Afinia tiene una proyección para el próximo año de un déficit de $1.5 billones y que, gracias a que cuentan con el respaldo financiero del Grupo EPM, ha podido mantener los pagos a los proveedores, en especial a los generadores de energía, para así garantizar el 93% del suministro para el año 2026.
Sin embargo, insistió en que es una situación inviable porque mensualmente la empresa presenta descalces de más de $100 mil millones: “Nosotros pagamos a los generadores entre $350.000 y $400.000 millones mensuales, pero con un recaudo del 80.7 %, aun mejorando 2.5 % frente al año anterior, seguimos siendo insostenibles”.
Como conclusión, fue enfático en afirmar que la institucionalidad y los actores relevantes como gremios, empresarios, comunidad y operadores de red tienen que confluir para poder darle una solución estructural a este problema.
“Necesitamos encontrar una salida, porque si no lo hacemos, no será posible habilitar el desarrollo no solo de la región Caribe, sino del desarrollo energético del país. Por eso creemos que el diagnóstico es claro: el operador de red no es el único responsable de la solución. Tiene una participación importante, sí, pero es imprescindible que todos contribuyamos decididamente en la búsqueda de una salida”, enfatizó el directivo.
Por su parte, Ramiro Castilla, director Comercial de Air-e, en representación del agente interventor Nelson Vásquez, señaló que la empresa enfrenta los mismos retos y realidades de Afinia: “Venimos de un solo mercado en el que debemos afrontar situaciones desde lo social, lo económico, la infraestructura y múltiples necesidades”.
Recordó que desde la intervención han trabajado intensamente en generar diálogo social, democratizar el servicio, garantizar transparencia e involucrarse con las comunidades para mejorar la prestación del servicio.
A pesar de los avances de Air-e –que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira–, los indicadores financieros no acompañan los esfuerzos técnicos.
En ese sentido, dijo que el recaudo actual es del 74 %; solo en los sectores no normalizados, la empresa deja de percibir $48.000 millones mensuales.
En total, la compañía deja de recaudar alrededor de 106.000 millones de pesos al mes y apenas el 47 % de sus usuarios está al día. Las pérdidas —cercanas al 30 %— representan más de $100.000 millones que profundizan el déficit.
“Hoy la compañía sigue operando gracias al esfuerzo de sus colaboradores y al acompañamiento del Gobierno, la Superintendencia y el Ministerio, para poder trabajar para seguir garantizando el servicio en estas condiciones adversas”, indicó.
Castilla resumió los desafíos de la empresa en cuatro frentes. El primero, la accesibilidad y calidad del servicio, clave para garantizar energía segura y confiable, desde los hogares más vulnerables hasta la industria.
El segundo frente tiene que ver con tarifas justas y eficientes. Aunque Air-e ha reducido más del 27 % en tarifas y depurado la factura para bajar costos, aún se requiere un trabajo articulado en regulación y en la compra de energía. Recordó que la compañía pasó de una exposición en bolsa superior al 50 % a menos del 17 %.
En tercer lugar, destacó la importancia de integrar la transición energética con un consumo responsable, promoviendo la renovación de equipos y una mayor conciencia de uso eficiente del servicio. Además, las necesidades de refrigeración y consumo en el Caribe —señaló— son particulares y deben abordarse con soluciones diferenciales.
El cuarto punto fue la corresponsabilidad ciudadana y la protección de las redes. Para la empresa es fundamental alinear acciones que protejan la infraestructura eléctrica, fortalecer la regulación y sancionar tanto a quienes, pudiendo pagar, no lo hacen, como a quienes roban energía, afectando a todo el mercado.
Finalmente, subrayó que mejorar el recaudo es urgente: “Esto es lo que le va a permitir a Air-e y a Afinia hacer las inversiones en infraestructura que garanticen estabilidad, crecimiento y continuidad del servicio”.
Desde el Gobierno
La situación de Air-e —intervenida por el Gobierno en 2024— y Afinia, filial del Grupo EPM, dejó de ser un asunto regional para convertirse en una preocupación de alcance nacional. Así lo coincidieron y reiteraron varios de los asistentes a este “cónclave”, como lo llamó la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, quien detalló las medidas que el Gobierno ha venido implementando para intentar contener la crisis en la región.
En su intervención, la funcionaria destacó la importancia de trabajar articuladamente para enfrentar los desafíos de la región Caribe.
Como conocedora de la situación energética del Caribe, resaltó que esta región enfrenta unos retos complejos en la prestación del servicio porque persisten comportamientos, prácticas y dificultades históricas difíciles de transformar.
“Si los operadores de red —que también cumplen el rol de comercializadores— no cuentan con la suficiencia financiera necesaria, se rompe el equilibrio básico del servicio. Es un círculo vicioso: Si yo no pago mi factura, el operador no tiene ingresos para invertir; si no invierte, la calidad empeora; si empeora, la gente deja de pagar”, dijo.
La viceministra reconoció que, pese a ser la región que históricamente ha sostenido la seguridad energética del país —gas, carbón, viento, sol—, no ha podido aprovechar todo su potencial por la falta de redes y proyectos inconclusos. “No hemos sabido explotar la riqueza energética que tenemos. Es momento de pensar diferente”.
Para la funcionaria, el diagnóstico está más que claro y es el momento de repensar el modelo que está vigente.
“Hemos traído aquí a toda la Premier League para intentar resolver la problemática de la región Caribe y aun así no ha sido posible. Esto demuestra que es momento de repensar profundamente el modelo, aprovechar el capital humano y sumarse a las nuevas tecnologías que trae la transición energética”, señaló.
Regulaciones de la Creg
Antonio Jiménez, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), afirmó que la situación del Caribe debe ser asumida como un asunto nacional, dado que la región hace parte del sistema interconectado. Reconoció avances importantes en la estabilización de tarifas y en la mejora gradual de la calidad del servicio por parte de los operadores.
Por su parte, la comisionada de la Creg, Fanny Guerrero, quien tiene una amplia trayectoria en esta región y conoce de cerca su situación, advirtió que es urgente adoptar medidas de fondo para evitar que la historia no se repita.
“Hace un año, la Creg asumió el compromiso de revisar las tarifas y acompañar, desde la regulación, el proceso de intervención de Air-e. Hoy las tarifas están por debajo de la media nacional, después de haber sido las más altas del país, el año pasado”, afirmó.
Gremios de la región
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, advirtió que el impago a las generadoras térmicas, que ya acumula una deuda de $1.4 billones solo en el departamento, tiene a las plantas “con el agua al cuello”.
Recordó que el 30 % de la energía firme del país depende de la generación térmica y que, si estas empresas dejan de operar, Colombia enfrentará un riesgo real de desabastecimiento, especialmente cuando termine la temporada de lluvias.
Cepeda planteó que parte de los recursos necesarios para estabilizar el sistema —especialmente los destinados a redes de transmisión y distribución— podrían socializarse en la tarifa nacional, combinándose con aportes de la Nación y eventuales recursos de regalías. “Es hora de saldar una deuda histórica con el Caribe”.
Para Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales, es indispensable que la situación energética del Caribe forme parte de la agenda de los alcaldes de los 32 departamentos, dado el impacto que tendría un eventual apagón en todo el país.
Asimismo, llamó a los mandatarios locales a reforzar su compromiso con la gestión de cartera, ya que son un eslabón fundamental para asegurar la adecuada prestación del servicio.
Por último, el director ejecutivo de la RAP Caribe, Jesús Pérez, anunció la instalación de mesas interinstitucionales para consolidar propuestas de corto y mediano plazo que permitan evitar un apagón energético que pondría en riesgo a más de 11 millones de colombianos.
