A toda marcha avanzan las gestiones para evitar una parálisis de las obras de restauración del canal del Dique tras la alerta lanzada semanas atrás por la firma Sacyr –a la cual fueron adjudicadas en diciembre de 2022– frente a los aplazamientos por parte del Gobierno nacional en la entrega de recursos para el megaproyecto, que se encuentra en fase de preconstrucción.
De acuerdo con información conocida por EL HERALDO, desde el Ejecutivo se vienen adelantando los trámites pertinentes para saldar la millonaria deuda con la sociedad Ecosistemas del Dique –filial de Sacyr–, que supera los $492 mil millones.
En ese sentido, desde el Gobierno se han comprometido con hacer los giros pendientes antes de finalizar el año, con el objetivo de evitar la suspensión de los trabajos de dragado en algunos puntos de la hidrovía, así como a no impactar al proceso de estudio ambiental que se encuentra en marcha tras la solicitud de licenciamiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En la fase de preconstrucción, que se está ejecutando, también se vienen adelantando obras de protección de orillas para prevenir colapsos de taludes e intervenciones de manejo hidráulico para reducir el riesgo de inundaciones, así como acciones sociales y ambientales con las comunidades ribereñas.
Según información revelada previamente por esta casa editorial, este proyecto fue afectado por el aplazamiento de pago de las vigencias futuras ante el ajustado margen financiero del Gobierno, el cual fue regulado a través del Decreto 69 de 2025.
Sin embargo, en este caso –de acuerdo con una fuente cercana al proceso– no se aplicó ninguna de las dos condiciones establecidas para tal fin, teniendo en cuenta que no se dio un acuerdo mutuo, así como tampoco se registraban incumplimientos de las obligaciones contractuales.
Alerta desde el Caribe
Frente a la crisis financiera que rodea al proyecto, desde la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe se elevó una solicitud al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, para que se priorice el pago inmediato de las obligaciones contractuales pendientes
El gobernador Eduardo Verano, en su calidad de presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, recordó que este proyecto es esencial para la seguridad hídrica y ambiental de la región.
“Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo Verano.
En la misiva enviada a la ANI, la RAP Caribe anotó que de no ejecutarse el proyecto habría afectaciones para los habitantes de Cartagena, teniendo en cuenta que la exclusa de Puerto Badel es fundamental para el suministro constante y permanente de agua a la ciudad.
“Además, si las aguas no se regulan, existe el riesgo de provocar el cierre de la dársena que permite la navegabilidad en torno a la ciudad”, expuso.
También evidenció que se incrementaría vulnerabilidad de más de 1.5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre, afectando sus medios de subsistencia y seguridad alimentaria.
Asimismo, este incumplimiento financiero podría exponer al Estado a riesgos jurídicos y financieros graves, incluyendo reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, “lo que tendría consecuencias fiscales y patrimoniales desastrosas”.
Cabe recordar que, de forma previa a esta crisis, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lanzó una alerta por la decisión del Gobierno de congelar recursos de este megaproyecto: “No es solo un proyecto de infraestructura. Es una apuesta por la sostenibilidad, la protección ambiental y la reducción de riesgos ante el cambio climático, buscando mejorar la calidad de vida de miles de habitantes del Caribe”.
