Doces meses han transcurrido desde la firma del acta de inicio del proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Sin embargo, esta megaobra se mantiene ‘empantanada’ ante la solicitud de expedición de licencia ambiental para el desarrollo de una serie de obras que beneficiarán a 1.5 millones de ciudadanos en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre,
Si bien el pasado 23 de abril se firmó un otrosí entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Ecosistemas del Dique, filial de Sacyr, para destrabarlo y sentar las bases para el inicio al estudio de impacto ambiental, aun no se han materializado paso relevante para tal fin.
EL HERALDO pudo establecer que, hasta el momento, la entidad –adscrita al Ministerio de Transporte– no ha hecho el aporte de los recursos necesarios para la contratación del estudio de impacto ambiental. Se trata de $90 mil millones que deben ser aportados por el Estado, teniendo en cuenta que así fue establecido durante el proceso de licitación.
Una fuente de primer nivel explicó a este medio que la firma Sacyr se encuentra a la espera del documento que expida la ANI para establecer la forma de pago para el desarrollo del estudio, que se extenderá por un periodo de 14 meses. A eso se debe sumar un periodo entre 3 y 4 meses, correspondiente al tiempo de estudio y aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Es de anotar que dicho estudio de impacto ambiental debe atender, en su totalidad, los términos de referencia que estableció la Anla. De forma adicional, en dicho proceso se debe contar con la intervención de entidades como el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Asimismo, el inicio de la fase de construcción de las obras tendría un retraso de hasta 18 meses. De esta manera, el cronograma del proyecto debería tener una serie de ajustes para el desarrollo de las intervenciones planteadas en las distintas etapas.
En la actualidad, el concesionario se mantiene con las labores de dragado y mantenimiento de vías aledañas, en las cuales habría invertido una cifra cercana a los 140 millones de euros.
Las advertencias
Desde los entes de control se han emitido una serie de alertas frente a las posibles afectaciones que se generarían a causa de los retrasos en la implementación del proyecto.
Desde noviembre del año anterior, el contralor Carlos Hernán Rodríguez puso sobre la mesa que la terminación anticipada del contrato podría significar el pago de una suma cercana a $434.000 millones.
El agravante frente a dicho panorama, de acuerdo con el jefe de la entidad, es que la Nación no habría recibido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás actividades y obras previstas.
En su momento también evidenció que se podría perder la inversión ya ejecutada de casi $11.000 millones en el desarrollo, protocolización y compromisos de las consultas previas con comunidades, por parte del concesionario y la ANI.
“Creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos con pleno apego a la ley y al contrato vigente, de forma que se evite su materialización y no se conviertan en una presunta causal para generar o decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión que, hace parte de una declaratoria de importancia estratégica para la Nación y que generará grandes beneficios al país”, mencionó.
A su turno, la Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –a principios de mayo– que informara sobre el estado del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto.
El requerimiento se enmarcó, de acuerdo con el Ministerio Público, en el seguimiento preventivo que realiza desde 2020, y surgió tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de negar la cesión del instrumento ambiental existente y ordenar la elaboración de un estudio de impacto ambiental como requisito para la ejecución del proyecto.
Otras voces
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró recientemente que la solicitud de licencia ambiental para el proyecto del canal del Dique ha sido el “peor de los escenarios”, puesto que ha sido un freno para su desarrollo.
“Aspiramos a que se defina pronto el tema de la licencia ambiental y que se inicie la ejecución. Este no es solo un proyecto de infraestructura. Es el proyecto de recuperación ambiental más ambicioso de Colombia”, dijo el mandatario distrital.
Agregó que es necesaria voluntad política para que este proyecto siga a flote: “Lo que se necesita es que el Ministerio de Ambiente y el de Transporte, la ANI y la Anla entiendan que esto no es ideología, no es capricho. Es una decisión estratégica del Estado: para la economía, el empleo, el desarrollo del país”.
En la misma línea, recalcó que “no podemos frenar esto por consultas populares sin criterio técnico. El contratista está listo. Es el mismo que hizo la ampliación del Canal de Panamá, por lo que tiene capacidad técnica y seguridad jurídica”.
Mientras que el senador José David Name fue enfático al decir que es fundamental evitar nuevos aplazamientos en la fase de preconstrucción.
“Al tiempo que avanza el estudio de impacto ambiental, es necesaria la ejecución de obras de mitigación de riesgo en los puntos críticos del Canal del Dique. 19 municipios ribereños podrían padecer graves afectaciones en medio del actual invierno si no se hace nada”, dijo.
Además, cuestionó que uno de los megaproyectos más importantes del país no haya despegado aún por la falta de articulación institucional y voluntad política: “No nos queda más que hacer votos para que no se presenten nuevos obstáculos que impidan en el corto plazo el inicio de estas obras que son tan urgentes para la mitigación del riesgo de desastres, la restauración ecológica y el bienestar de miles de familias”.
Desde el Gobierno
Desde la Agencia Nacional de Infraestructura se informó recientemente que la concesión Ecosistemas del Dique adelanta –con su apoyo técnico– la solicitud de estudio de impacto ambiental, requisito fundamental que solicitó la Anla para el inicio de obras.
Se indicó, además, que se avanza en la construcción del Plan de Trámites Ambientales (instrumento para la nueva licencia) y complementará la publicación de los documentos contractuales del proyecto en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
“El contrato de concesión sí establece un esquema de asignación y distribución de riesgos contractuales, los cuales conforme la ejecución del proyecto se comportan dinámicamente, es decir que su probabilidad de ocurrencia e impacto frente la activación del riesgo varían dependiendo de los cambios en el contexto”, agregó la entidad.
Algunos detalles del megaproyecto
Su impacto será para ocho municipios del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan); diez de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y uno de Sucre (San Onofre).
Entre las obras más importantes que contempla el proyecto se encuentra la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas: uno a la altura de Calamar y otro en Puerto Badel.
Dichas infraestructuras, de acuerdo con la ANI, permitirán el control del caudal del agua y la intrusión salina, además mitigará la erosión de orillas y reducirá el ingreso de la sedimentación a las bahías de Cartagena y Barbacoas, entre otros resultados.
