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El gobierno de China decidió bloquear la adquisición de la plataforma de inteligencia artificial IA Manus por parte de Meta, una operación valorada en 2.000 millones de dólares que había sido anunciada a finales de 2025.

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La medida fue revelada este lunes 27 de abril, y representa un nuevo episodio en la creciente disputa tecnológica entre el gigante asiático y Estados Unidos, en medio de un contexto de restricciones, controles y rivalidad por el liderazgo en el desarrollo de inteligencia artificial.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas (CNDR), que informó la prohibición de inversión extranjera en la plataforma y solicitó a las partes involucradas cancelar la operación.

Aunque el comunicado oficial no ofreció mayores detalles, las autoridades señalaron que la medida se adoptó conforme a las leyes y normativas vigentes en materia de transferencia de tecnología, inversión internacional y manejo de datos, lo que sugiere preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y el control de activos estratégicos.

IA Manus había despertado gran interés en la industria tecnológica por ser considerada un agente autónomo de inteligencia artificial, capaz no solo de generar respuestas en texto, sino también de ejecutar tareas complejas de forma independiente, como la creación de páginas web o la toma de decisiones sin supervisión constante.

Este nivel de autonomía la posicionó como una herramienta clave dentro de la competencia global por el desarrollo de tecnologías avanzadas.

El acuerdo también resultaba inusual debido a que implicaba la compra de una empresa tecnológica china por parte de una compañía estadounidense como Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, todas bloqueadas en territorio chino.

Este contexto añadía una dimensión política al negocio, considerando las tensiones que persisten entre ambas potencias desde el inicio de la guerra comercial en 2018.

Otro factor clave en la decisión de Pekín fue el traslado previo de IA Manus a Singapur, una estrategia que varias empresas chinas han adoptado para reducir riesgos regulatorios y facilitar inversiones extranjeras. Sin embargo, este tipo de movimientos también ha despertado sospechas en el gobierno chino, que teme que se utilicen para evadir la supervisión de sus organismos reguladores.