Las ollas comunitarias no saciaron el hambre en la Mojana, pero sí dejaron deudas

Más allá de ser un alivio en medio del cúmulo de dificultades que afrontan los habitantes de la Mojana, en el departamento de Sucre, en esta ola invernal, las ollas comunitarias se convirtieron en un problema.

No saciaron el hambre de un pueblo que tiene bajo las aguas sus cultivos, pero sí dejaron deudas que ellos, los ahora morosos del pueblo, no tendrían por qué tener por culpa de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El descontento por los malos manejos de estas ollas comunitarias que hacen parte del programa Comida Caliente que en tantos escenarios menciona el presidente Gustavo Petro es generalizado y de ello se habla en la región, máxime en estos momentos cuando el hambre apremia y no hay dinero ni cultivos a los que recurrir.

Sin tapujos y con impotencia por lo ocurrido, el ciudadano Nelson William Álvarez Rodríguez, representante legal de la Junta de Acción Comunal (JAC), de las veredas Berlín y San Matías, en el corregimiento Gavaldá, parte baja, jurisdicción del municipio de Guaranda, e integrante de la directiva de la Alianza Comunal Mojana, denunció lo que ocurrió con dicho programa y las consecuencias que hoy afrontan.

“Las ollas contratadas con los facilitadores las empezaron entre el 5 y el 8 de diciembre del año 2.023 y fueron suspendidas el 14 de febrero de 2024 por falta de pago, según la versión del facilitador Lourdes Mercado”, dijo el líder comunal, que a su vez afirma que la “Unidad en cabeza del señor Carrillo tiene quebrados los ‘tumbacucharas’ en la Mojana y le debe el trabajo a las mujeres que preparaban los alimentos”.

Precisó que la primera irregularidad en la que incurrieron las ollas comunitarias es que contrario a lo que anunció el presidente Gustavo Petro de que estas serían manejadas por las Juntas de Acción de Comunal, en la Mojana de Sucre, se las dieron a facilitadores, incluso traídos de Sincelejo, la capital del departamento.

“En esta ocasión la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le entregó la ejecución de las ollas comunitarias a una figura de facilitador que nosotros lo rechazamos desde el primer momento porque ese era un operador como lo tiene el PAE, pero el caso es que muchas ollas en manos de los facilitadores de Córdoba y Bolívar terminaron porque a la gente que aportó la plata para dar 90 raciones diarias por 90 días la Unidad todavía les debe la plata”.

Y para el caso de Sucre, “donde un operador tenía más de 60 ollas aún la Unidad las está debiendo. Hace dos meses el señor Joismen Bernal, de la Alianza Comunal Mojana, fue a Bogotá a entrevistarse con el doctor Carrillo y allá les dijeron que fueran a las veredas y los corregimientos a conseguir las actas y listados de beneficiarios para ellos pagar y aún eso no se ha hecho efectivo”, dijo Álvarez Rodríguez que a su vez se duele de que el paso de Carlos Zuleta, un hijo de la Mojana, en representación de la Ungrd en el territorio, hubiese sido “sin pena y sin gloria”.

La última olla comunitaria que Nelson William Álvarez Rodríguez vio y degustó fue la del 24 de enero de 2024 y aún la Unidad, según él, “la está debiendo al facilitador y este a su vez se las debe al comercio nuestro, a las tiendas y ‘tumbacucharas’ de corregimientos y veredas donde suministramos 25 días de ollas y las tiendas quedaron quebradas porque la plata no ha llegado. Es una situación terrible”, dijo el líder comunal que a su vez pide castigar estas acciones en contra de las personas menos favorecidas y más necesitadas como lo son los damnificados de la ola invernal de la Mojana.

Piedad Palencia Barragán, presidenta de la JAC de la vereda San José de Calastraba, en el municipio de Sucre-Sucre, también da fe del mal manejo de las ollas comunitarias en su territorio.

Le aseguró a EL HERALDO que el 27 de enero de este 2024 fue la última vez que su comunidad degustó el almuerzo caliente de las ollas comunitarias del gobierno de Gustavo Petro y ella cataloga esta experiencia como terrible porque en lo particular le quedaron deudas por la adquisición diaria de la proteína, es decir, carne, pollo, cerdo, queso y huevos, entre otros.

“Fuimos obligados por la Fundación Funsevida, que vino desde Sincelejo, a dejarles manejar todo porque así nos lo dijeron. La representante legal era la señora Lourdes Mercado, que no era de aquí, y por eso ese programa fue un fracaso porque no se cumplió con el objetivo de que fuera a mejorar la región. Si alguien de la zona tenía guardado 10 bultos de arroz debíamos comprarle a ella, también comprar la yuca y el plátano a la gente de la comunidad que lo siembra, así como la guayaba, el corozo, las guanábanas y los mangos para hacer los jugos, pero resulta que la fundación todo lo mandaba y en mal estado, solo nos daban plata, $2.400 para comprar las proteínas de 6 días”, refirió la líder comunal.

Agregó que había proveedores de las ciudades de Sincelejo y Barranquilla, y también denunció que a las 6 manipuladoras que preparaban alimentos para 200 personas diariamente, y les pagaban 600 mil pesos, también les deben sus salarios. De los 90 días de comida prometidos solo recibieron 56 “nos deben 4, como también me deben la mandada a hacer de los mesones, las proteínas, el gas, la leña y la cortada de la leña. Yo me siento reatracada por esta mala jugada del Estado”.

Tanto Nelson William Álvarez Rodríguez como Piedad Palencia Barragán esperan que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres responda, al menos, por las deudas.

La dirección de la Ungrd, a cargo de Carlos Carrillo Arenas, reconoció y ha denunciado las presuntas contrataciones irregulares de las ollas comunitarias durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

“En contravía de la orden presidencial de contratar con las organizaciones de base y las Juntas de Acción Comunal, se decidió contratar con operadores logísticos denominados facilitadores. La entidad avanza en una rigurosa revisión de todos los procesos vigentes” .

(UNP ajusta medidas de seguridad ante recientes ataques a esquema presidencial)

Explicaron que el programa de Ollas Comunitarias en la Mojana cuenta con 2 tipos de contratación y/o subvención: Resoluciones y Órdenes de Proveeduría.

Y en “la modalidad de orden de proveeduría, en los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre, se cuenta solo con una orden de proveeduría a cargo del operador de Fundación Semillas de Vida para Colombia (Funsevida). Esta orden de proveeduría tiene un total de 65 ollas comunitarias correspondientes a los municipios de Majagual (20), Guaranda (11) y Sucre (34). A la fecha, el facilitador ha desarrollado aproximadamente el 60 % de ejecución física del programa y actualmente la operación está suspendida debido a que el operador requiere como mínimo el pago 1 de 3 proyectados, para dar continuidad a la atención”.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aseguró que la administración de Olmedo López, de manera discrecional, contrató a la Fundación Semillas de Vida para Colombia, Funsevida; la Fundación para el Desarrollo Social Integral de la Comunidad, Fundeci, y la Fundación Social y Académica del Sinú, para ejecutar los contratos más grandes de ollas comunitarias, así: Funsevida: $17.469.000; Fundeci: $5.643.000, y Fundación Social y Académica del Sinú: $2.268.000.

Deja en claro la Unidad a cargo de Carrillo que “la anterior dirección tomó la decisión de ejecutar el programa de Ollas Comunitarias mediante el modelo de Orden de Proveeduría, en contravía de las directrices del Gobierno nacional. Cabe señalar que se dispuso que en las Órdenes de Proveeduría los operadores contaran con solvencia financiera para el pago del personal que trabajó en las ollas y la adquisición de bienes y servicios de la región. Por ello, se estableció que el pago de remuneraciones a trabajadores de las ollas quedaba bajo la responsabilidad de tales organizaciones del tercer sector, y no de la Ungrd”.

Finalmente, la Unidad informó que dará continuidad al proceso de las Resoluciones y Órdenes de Proveeduría actuales, para lo que se requiere agilizar pagos adeudados por la entidad. Para el pago de los desembolsos pendientes están formalizando un plan de contingencia en el que establecen la disminución de los tiempos y simplificación de trámites, así como la creación de un comité para hacer seguimiento y garantizar los pagos. “Se buscará agilizar el seguimiento financiero, jurídico y administrativo de los nuevos procesos a través del acompañamiento de organizaciones de segundo nivel”.