Venezuela empieza a contar los días para llegar a unas elecciones tan anheladas como inciertas. El futuro político del país, que por 25 años ha cargado con el legado del fallecido Hugo Chávez, pareciera estar en un punto de giro con la llegada a la recta final de Edmundo González, pero a estas alturas todo puede suceder en un territorio en el que el Estado de Derecho ha sido borrado por la maquinaria blindada de Nicolás Maduro, que lejos está de querer rendirse ante una eventual derrota en las urnas.
Esta semana, por ejemplo, se realizaron varios mitines de asistencia masiva que culminaron cargados de acusaciones sobre ventajismo y supuestos planes violentos, con Maduro y González Urrutia en el centro de las diatribas.
Los 10 candidatos presidenciales viajaron a distintas regiones de Venezuela durante la primera semana de campaña, una carrera que pone en primer lugar a Maduro con más sitios visitados, mientras se disputa la alta concurrencia de sus mítines con Edmundo González Urrutia, el competidor con más opciones de ganarle en las urnas, según las encuestadoras.
Además de estas movilizaciones, las denuncias por irregularidades se multiplican con casos como el del candidato Daniel Ceballos, que pidió al CNE atender las “violaciones y atropellos” de las autoridades durante la campaña, al recordar que le incautaron material proselitista y que dos de sus simpatizantes fueron detenidos.
El total de denuncias sobre detenciones, confiscaciones de equipos, restricciones de vías públicas y censura gubernamental se elevan cada día, ahora con la presencia en el país del panel de expertos electorales de Naciones Unidas que, aunque no emitirán declaración pública, están mirando el desarrollo de la campaña desde el terreno.
Así mismo, Maduro copó las transmisiones del canal público Venezolana de Televisión (VTV) durante, al menos, 1.400 minutos desde que arrancó la campaña hasta el pasado jueves, mientras que ninguno de sus nueve contendientes acumula ni siquiera el 1 % de ese tiempo en esta pantalla del Estado, lo que viola la normativa establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña, aunque, hasta el momento, el ente comicial no se pronunció al respecto.
De esas 23 horas de alocuciones en una semana, el aspirante oficialista gastó el 60 % en actos meramente proselitistas, lo que ha incentivado las denuncias de ventajismo por parte del resto de candidatos que esperan detener al presidente, en el poder desde 2013, en su intento por conseguir un tercer sexenio.
En ese contexto Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, le indicó a EL HERALDO que Nicolás Maduro se ha encargado de que todos los candidatos que tenían posibilidades, que tenían capital político propio, que eran líderes del partido, finalmente no pudieran presentarse.
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“En el caso de Edmundo González, por ejemplo, hay un procedimiento que se incluyó contra él porque en algún momento hizo alguna referencia frente a un tema militar y, según la legislación chavista, eso podría dar lugar a una inhabilitación. También está sobre la mesa bloquear las tarjetas de los tres partidos que lo han inscrito o simplemente suspender la elección. Si bien él hoy es el candidato, todavía no hay nada que nos garantice al 100%, primero que va haber elecciones el próximo 28 de julio, pero tampoco que el candidato va a ser Edmundo, ni siquiera la elección está garantizada al 100%”, agregó el experto.
Sobre el posible fin de la era chavista, el académico afirmó: 'Yo no soy de los que creen que una victoria de la oposición inmediatamente va a significar el final del chavismo. El chavismo es un proyecto político que se ha logrado consolidar a través de una dinámica dictatorial en Venezuela y eso lleva tiempo. Incluso en la dinámica de que gane González Urrutia tenemos casi seis meses en los cuales todos los poderes del Estado van a continuar en manos del chavismo e incluyendo todo lo que significa el poder de las Fuerzas Armadas, de los diferentes cuerpos de seguridad'.
Con Rodríguez coincide Eduardo Battistini, presidente del partido venezolano Primero Justicia en el exterior. Según él, el problema es que en Venezuela ya no se vive en democracia.
“Al final del día, la ley está a discreción de lo que el régimen quiere. Yo creo que el régimen va a ir calibrando a medida que va llegando el momento de la elección y no nos sorprendería que en algún momento tome la decisión de no permitir incluso que Edmundo se termine presentando el día de la elección”, mencionó.
Para Battistini, de ganar el candidato opositor sería el fin de 'un modelo político, o de una forma de ver la política. Es decir, el chavismo y el madurismo han planteado la política en Venezuela como una de no permitir disidencia, de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar la propiedad privada, de no entender que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, que el gobierno no debe tener ideología y mucho menos debe partidarizarse'.
Aseveró que la candidatura de González Urrutia fue posible por la presión internacional.
'No solamente de Estados Unidos, sino también de países como Colombia, Brasil, México, que obligaron a Maduro a permitir que la tarjeta de la unidad se conservara y que como sustituto a esa tarjeta de la unidad se pudiese inscribir Edmundo González. Creo que más que una decisión de Maduro democrática, fue básicamente la consecuencia de haber impedido que la candidata electa en primaria pudiese participar y las respuestas que eso generó en la comunidad internacional, sobre todo en los países que se han mostrado ideológicamente aliados en los últimos años', afirmó.
En complemento, Nastassja Rojas Silva, docente e investigadora de derechos humanos, agrega que el gobierno de Maduro ha jugado durante mucho tiempo a abrir unos espacios que parecieran ser democráticos.
“Él y toda la cúpula del gobierno suelen tener esos ciclos donde sienten que pueden perder espacio en el escenario internacional, abren o sueltan un poco para que la sociedad civil salga, se manifieste, tenga espacios de participación”, explicó.
Para Rojas Silva, lo anterior da una ligera sensación de que al menos hay voluntad política, pero cuando el régimen ve que la situación vuelve a convertirse en una amenaza real hace recortes y aumenta la represión.
Esto quedó evidenciado en un informe presentado por la ONG Acceso a la Justicia, que denunció que la “represión institucional” en Venezuela se viene incrementando desde 2023, cuando el Estado preparó el terreno para las presidenciales de 2024 –que se celebrarán el próximo 28 de julio– con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento “inconstitucional” de la directiva del Consejo Nacional Electoral.
Es por ello que la oposición y la comunidad internacional han insistido en que los comicios en el país cuenten con una veeduría que garantice la realización de los mismos y los resultados.
Veeduría internacional
Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó durante un encuentro con embajadores acreditados en Venezuela, transmitido por el canal estatal VTV, que Venezuela recibirá a más de 630 veedores internacionales.
Entre los veedores confirmados, el funcionario mencionó el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la Unión Africana (UA) y más de 65 funcionarios de organismos electorales, aunque no precisó el número de personas que integran los demás grupos o entidades.
Asimismo, Gil, aseguró que partidos políticos “han invitado también a acompañantes veedores”.
Señaló que el martes recibió en Caracas a un panel de expertos de la ONU, conformado por cuatro personas, tras su llegada al país suramericano, quienes presenciarán y asistirán el proceso, así como la jornada electoral y los días posteriores a los mismos.
“Con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, nosotros nos abrimos al mundo para que vean nuestro proceso y vean lo que va a ocurrir en Venezuela”, expresó el canciller, quien dijo sentirse “muy orgulloso” del sistema electoral del país, al que describió como “uno de los de “mayor perfección que existen en la faz de la tierra”.
Hasta finales de mayo, una misión de la Unión Europea (UE) estaba en la lista de los observadores invitados por Venezuela, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la invitación debido a la ratificación de las sanciones personales e individuales del bloque comunitario a miembros del Gobierno y el partido oficialista.
