La Fiscalía pide cárcel para el papá del alcalde de Betulia
La Fiscalía ha reiterado que la contratación de los kits de alimentos favoreció a una fundación que no cumplía con la idoneidad ni con la experiencia.
Los líos penales que tienen en prisión domiciliaria al alcalde de Betulia, Juan Manuel Hoyos Ángulo, por cuenta de la adquisición de los kits de alimentos entregados a las familias más vulnerables en el inicio de la pandemia de la COVID-19 también salpican al padre de este, Manuel Vicente ‘Tico’ Hoyos Pérez, quien se entregó a las autoridades.
Para este último la Fiscalía Cuarta de Delitos contra la Administración Pública pidió la imposición de una medida de aseguramiento intramural y lo hizo ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Corozal considerando que ‘Tico’ Hoyos incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en provecho de terceros, anotó que hay inferencia razonable.
Por su parte la defensa del procesado a cargo del abogado Aldemar Alfaro pidió al juez abstenerse de acatar ese pedido y por el contrario adujo que debe concederse la libertad y en últimas imponer una medida de las que no son privativas de la libertad, decisión que será tomada en la audiencia virtual de mañana, mientras que el Ministerio Público pidió detención en su domicilio.
Por su parte, la Fiscalía advierte que es necesaria la medida intramural no solo porque la pena excede los 4 años de prisión sino para garantizar que no obstruya la justicia, ni interfiera ante las pruebas y tampoco continúe participando en la contratación estatal del municipio de Betulia donde manda su hijo.
El ente investigador-acusador considera que ‘Tico’ Hoyos, señalado como un barón electoral en Betulia donde también fue alcalde al igual que otra hija, fue quien contrató y pagó con recursos propios los kits de alimentos y por eso aparece vinculado a este proceso por presuntos hechos de corrupción.
En los mercados que contrató con la fundación Fundess pagó 2 millones 070 mil pesos a Óscar Quiroz Funez.
“Manuel Vicente Hoyos no solo desarrollaba actos propios de la ejecución del contrato de la urgencia manifiesta, sino que es señalado de ser la persona que financió dicho contrato, toda vez que fue por intermedio de su sobrino Álvaro, encargado de la bodega donde estaban los kits, con quien le envió el dinero a Nelly para pagar los productos, intervención esta, que sin ninguna justificación, desarrolló Hoyos en varias oportunidades. Esto lo compromete seriamente en conductas al margen de la ley, toda vez que desde etapas muy tempranas, e incluso, antes de que se firmara el contrato y mucho antes de que se suscribiera el acta de inicio, ya Hoyos intervenía en esa contratación”, expresó la Fiscalía.
