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Sucre

En video | Contraloría busca pruebas en ICBF Sucre sobre presunta corrupción

Tras las denuncias de veedores sobre una posible “feria” de contratos,  la Contraloría General se tomó la sede del ICBF en Sincelejo  Quedó libre el destituido director.

Luis Carlos Pineda Téllez, el contralor delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, lideró ayer en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Sucre la búsqueda de pruebas que permitan ahondar en una denuncia de veedores ciudadanos sobre presunta “feria” de contratos en esa entidad.

Esa conducta ilegal se la atribuyen al saliente director Juan Francisco Ortega Hernández, a quien por demás lo grabaron en una fiesta de Navidad el 20 de diciembre de 2019 manipulando unos documentos oficiales, y aunque él aseguró en su momento que no hubo firma de contratos ese día, otra cosa dicen los documentos.

Además la polémica fiesta, que es uno de los escándalos que llevó a la Dirección Nacional a declararlo insubsistente, fue pagada por proveedores y contratistas de la entidad y él lo reconoció a los medios de comunicación.

Ahora el máximo ente de control en Sucre busca en la entidad, en su oficina principal del barrio Boston en Sincelejo, la información contractual que les sirva de insumo para darle trámite a la denuncia.

Además logró reunirse, después de la visita a unos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con la directora encargada, que es Constanza Rendón Valencia, actual directora en el departamento de Caldas.

“Estamos buscando información importante de los contratos y de la idoneidad de los contratistas durante los años 2019 y 2020. 

“La denuncia es la conocida por medios nacionales y otras de veedurías”, anotó el contralor delegado, que dejó en claro que de sus hallazgos este funcionario responderá fiscalmente.

La Contraloría también le ha solicitado esta misma información al nivel central del Icbf porque el objetivo es saber qué ha pasado con los recursos públicos destinados a la niñez de Sucre.

Los primeros resultados de esta investigación, dijo el contralor delegado, se conocerán en lo que resta de este primer semestre del año.

 

Juan Francisco Ortega a su salida de la audiencia.

Al llegar al CDI de Sabaneritos, en la zona sur de Sincelejo, el funcionario de la Contraloría General de la República se reunió inicialmente con quienes administran este sitio, donde reciben atención más de 250 niños, y luego revisó el menú para el almuerzo. Se tropezó con lo que él consideró un menú muy “poquito” para los niños. Entonces quiso constatar qué tanta cantidad había servida en los platos, pero no le fue posible porque en el CDI no se contaba con una gramera.

Ortega quedó libre

El administrador público Juan Francisco Ortega Hernández, que ingresó por mérito a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sucre en abril de 2019, salió en medio de denuncias de corrupción diez meses después.

Los esfuerzos jurídicos, vía tutela a los que tuvo que apelar en aquel entonces para que de la terna y por tener el mejor puntaje fuera escogido, se vinieron al piso en las tres últimas semanas con los escándalos de presuntos actos de corrupción que cometió en la entidad y por los que tiene en firme dos investigaciones disciplinarias, una de ellas de la Procuraduría Regional de Sucre.

Adicional a ello, desde el lunes le resultó una penal porque le hallaron en su poder un arma de fuego y 60 millones de pesos de los que no pudo soportar, con claridad, cuál había sido su procedencia y menos su destino.

Ortega fue llevado desde las 6:30 de la tarde del martes a audiencias concentradas ante el juez Primero Penal Municipal de Sincelejo, que a las 10:00 de la noche ordenó su libertad y la de Orlando Quiroz Hernández, quien conducía el automóvil en el que se desplazaban por Mateo Pérez, zona rural del municipio de Sampués.  Pese a que están en libertad, siguen vinculados a la investigación por los delitos de porte ilegal de armas y lavado de activos. 

Se espera que un juez de conocimiento falle sobre la decisión del juez de garantías, ya que fue apelada y se basó en las inconsistencias que hubo en la captura de estos dos ciudadanos. 

 

Arroz, carne molida y ensalada de repollo fue el menú de ayer en el CDI Sabaneritos.

 

La Fiscalía no ubicó en ninguna de las cinco posibilidades que otorga el legislador la flagrancia en la que habría capturado al que para ese entonces era el director del Bienestar Familiar en Sucre, pues tras este escándalo la Dirección Nacional lo declaró insubsistente en la mañana del martes.

Otra  de las falencias que hubo en la captura de Juan Francisco Ortega y del conductor Orlando Quiroz es que en el informe presentado por la Fiscalía el infante de marina no identifica a los aprehendidos. Un cabo relata haberles leído los derechos a los capturados y tampoco los menciona.

También llamó la atención del juez que a las audiencias, de las cuales solo una se pudo realizar, llevaron actas de experticia balística con informaciones contradictorias relacionadas con que si era o no apta para disparar.

El saliente director del Icbf de Sucre también se va con amenazas en su contra tal como lo denunció ante la Fiscalía y que se derivaron de la firma de los contratos de atención a la población de primera infancia en la vigencia 2020 por valor de $52 mil millones.

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