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En un mismo escenario, la Mesa Nacional de Tierras, se reunieron ganaderos y campesinos del sur de Sucre.
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Sucre

El reclamo de tierras en Sucre, entre las amenazas y el estigma

Acusaciones mutuas entre ganaderos y campesinos se recrudecieron tras la masacre de cinco personas en el departamento.

El reclamo de tierras baldías en el sur de Sucre ha estado marcado por la violencia, el amedrantamiento, el asesinato; situaciones que ahora vuelven a recrudecerse  con el atentado al líder de la Anuc en San Benito, Hernando Benítez León, y la masacre de cinco campesinos en San Marcos.

Esta situación de riesgo latente se ha agudizado en los últimos 10 años, y de ello dan fe campesinos y ganaderos, dos sectores que cargan con un estigma:

A los primeros los tildan de invasores y a los segundos de terratenientes violentos.

Ambos rechazan esos señalamientos mutuos que se hicieron evidentes en la segunda sesión de la Mesa Permanente de Tierras realizada en San Benito.

En ese escenario, en el que coincidieron tanto ganaderos como campesinos, estos últimos se hicieron sentir ante las autoridades locales para ratificar que “el conflicto por la tierra se acaba cuando los ganaderos respeten las tierras baldías y entiendan que son de nosotros, los campesinos, porque ellos tienen sus propios terrenos y no tienen la necesidad de ampliar los cercados que es lo que vienen haciendo”, dijo uno de los campesinos que tilda a los ganaderos de “egoístas”.

Carlos Pérez, un reconocido ganadero de Corozal  que tiene invadida la mitad de su finca en el municipio de San Benito, afirma que los procesos de formación sobre acceso a la tierra que ha iniciado la Agencia Nacional a raíz de las situaciones ocurridas últimamente en Sucre, son importantes para que cada quien conozca sus deberes y derechos.

En esto coincide con la procuradora Regional de Sucre, Lesvia Montalvo Díaz, y el alcalde de San Benito, Manuel Cadrazco, que advierten la importancia de que tanto lo público como lo privado sea respetado.

El conflicto por la tierra se acaba cuando los ganaderos respeten las tierras baldías y entiendan que son de nosotros, los campesinos.

No hay garantías

El ganadero Pérez dice que no hay garantías, y que la propiedad privada no se respeta en lo más mínimo.

“Hemos sido sujetos, como ganaderos, de despojos a la brava de nuestras tierras. Nos sacan nuestros semovientes y se apoderan de los terrenos, y la verdad es que nuestra política social a través de la historia es la de ayudarnos con la comunidad, porque ella ha sido nuestro apoyo y nosotros generamos empleo en la zona”.

Se lamenta el ganadero de que en estos momentos las relaciones con algunas comunidades campesinas se haya resquebrajado, y eso lo atribuye a agentes externos que han sembrado la política de violencia y choque, por eso propone volver a lo inicial, es decir, a vivir pacíficamente cuando ganaderos y campesinos se daban la mano “porque todos somos campesinos dado que nuestra principal actividad es la tierra”.

Intereses políticos

 El abogado y ganadero Abel Pérez Pérez dice que desde el 2010 la situación por la tenencia de la tierra en el sur de Sucre empezó a generar problemas, porque “le metieron intereses políticos”.

“Les ofrecen a las comunidades necesitadas de tierras y de paso les generan unas falsas expectativas sin saber realmente cuáles son los argumentos jurídicos para decir que las ciénagas  por regla general son públicas, pero la misma legislación habla de unas excepciones y hay derechos adquiridos de particulares”.

Agrega el abogado que en asocio con el ganadero José Pérez adelanta una investigación a través de la cual han recaudado documentos históricos que demostrarían que por lo menos en un área de 34 mil hectáreas existen títulos originarios, que es un título que demuestra que la Nación en su vida republicana se desprendió del dominio de esos predios, pero “las entidades no lo tienen por el desorden administrativo que las rodea”.

Por orden de la Corte Constitucional unas entidades deben actualizar los sistemas de información dado que los documentos antiguos están en forma manual, no han pasado al nuevo sistema de registro.

 “Es por eso que la Agencia Nacional de Tierras al realizar una intervención sobre el territorio no cuenta con la información. Hay que investigar títulos de hace 300 años”, remata el abogado.

Insiste en afirmar que los grupos políticos de extrema izquierda son los que han tratado de estigmatizar la actividad ganadera. “Quieren meter a todos como si fueran despojadores y apoyadores de grupos paramilitares y eso no es así, porque en la época de la violencia las principales víctimas fueron los ganaderos a los que secuestraban, les quemaban sus fincas y les robaban las reses”, indicó el abogado Abel Pérez, no sin antes precisar que hay senadores que están sembrando el odio de clases y con ello la división y el conflicto que hoy se evidencia en el sur de Sucre.

En la actualidad la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta en este departamento 120 procesos de adjudicación de baldíos, de los cuales 52 están en el municipio de San Benito, donde su alcalde, Manuel Cadrazco, pide que se agilicen para que cesen los conflictos.

Incluso los mismos procesos de adjudicación temporal de los baldíos es demorado y en San Benito hay un caso evidente en el que desde marzo fue expedida la resolución y aún la tierra no se la han entregado a las 17 familias beneficiadas.

“No somos invasores, reclamamos tierras”, asegura Fidian Cárdenas. Cortesía

Bravo, un campesino manso

La otra cara de esta historia de reclamo de tierras la representan campesinos que como Pedro Antonio Bravo Cleto, de 60 años, están en el territorio resistiendo los estigmas y las amenazas

Él es el jefe de una comunidad de más de 70 familias de El Limón, zona rural del municipio de Caimito, también en la subregión del San Jorge sucreño, que cultiva en verano y que llevan más de 5 años esperando por una adjudicación.

Dice que la zona más cercana es San Benito, por eso ante amenazas o cualquier otra manifestación de problemas los policías de esta población acuden a sus llamados.

No se sienten seguros y con la masacre del 25 de octubre, donde perdieron la vida cinco personas, sus miedos se incrementaron.

“Yo recuerdo que cuando llegamos a la zona hubo ganaderos que ofrecieron entre 4 y 5 millones de pesos para atentar contra los líderes, y desde entonces denunciamos, pero viendo lo que ha ocurrido en San Marcos nos damos cuenta que es un flagelo que sigue vivo”, dice Bravo, un hombre que no le hace alarde a su apellido, no le gusta el conflicto, solo pretende trabajar en las tierras del Estado.

Las tierras por las que Bravo y otras 70 familias esperan adjudicación son las que bordean la ciénaga El Cedral, no saben cuánto espacio es porque están a la espera de que Corpomojana realice la ronda hídrica y lo certifique.

“Yo llevo cinco años en esa tierra y todo ese tiempo he estado enfrentando amenazas. El mes pasado nos tiraron un panfleto en las comunidades Nueva Estrella y Nueva Fe, y eso también lo denunciamos. Eran amenazas de la ‘Águilas negras’ decía el documento”.

Pedro Antonio Bravo sostiene que no tienen ninguna seguridad y que hoy están a merced de las amenazas y el estigma de invasores.

En esto último coincide Fidian Cárdenas Alemán, otro campesino de 43 años nativo de Nueva Estrella, en Caimito, que espera por la adjudicación de la tierra de Guartinaja, El Pimiento, que le pertenece a San Benito.

Su temor se incrementó con el atentado a su amigo Hernando Benítez, quien teniendo protección de la Unidad Nacional fue objeto de un intento de homicidio que desde entonces lo mantiene refugiado en un lugar desconocido.

“Lo ocurrido con ‘Nando’ nos enciende las alarmas a nosotros porque su debate es el mismo, la lucha por la tierra del Estado”, dice este campesino no sin antes advertir que quien tiene la potestad para ponerle punto final a este conflicto es la Agencia Nacional de Tierras que debe hacer esos deslindes rápidos.

“Nosotros no somos invasores, estamos es reclamando la tierra que le pertenece al campesino que es pobre y que es subsidiado por el Estado”, puntualizó  Bravo.

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