El cuatrienio de Sucre con más alcaldes en líos judiciales

La captura más reciente fue hace dos semanas: la del alcalde Víctor Ricardo, de Caimito, procesado porque junto con otros funcionarios de la Alcaldía, simuló, al parecer, el trámite de un contrato para legalizar un procedimiento en el que tenía por anticipado al contratista. 

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La captura más reciente fue hace dos semanas: la del alcalde Víctor Ricardo, de Caimito, procesado porque junto con otros funcionarios de la Alcaldía, simuló, al parecer, el trámite de un contrato para legalizar un procedimiento en el que tenía por anticipado al contratista. 

El año que termina coincide con el fin de los períodos de gobierno que iniciaron en 2016 y que para el departamento de Sucre marca una crítica época de gobernabilidad. Ocho de los 26 alcaldes estuvieron detenidos y aunque ya recobraron su libertad finalizan sus mandatos con graves líos con la justicia penal, disciplinaria y fiscal.

Dos de ellos no acabaron sus períodos. Uno es el docente Fernel Avilez Tovar, del municipio de Betulia, y quien renunció presionado por una investigación penal en curso que le significó la casa por cárcel. Su proceso está en etapa preparatoria y es por haber contratado con una entidad que no era idónea para la atención de adultos mayores. Los contratistas también fueron enjuiciados.

En Chalán, el alcalde Jáider Huertas Barreto no terminó su período porque la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos porque le comprobaron el giro de un cheque por 80 millones de pesos de las cuentas del municipio con los que pretendía pagar una deuda personal.

Huertas tiene vigente un proceso penal por ese caso y otro por presuntas irregularidades relacionadas con la remodelación del parque central de la zona urbana y de la ampliación la red de acueducto y alcantarillado.

El alcalde Freddy de Jesús Rivera Pérez, de Los Palmitos, también estuvo preso. La Fiscalía lo investiga por contratar el 27 de enero de 2016, a pocos días de estar ejerciendo, con la fundación Visión Futuro a un costo de 12 millones de pesos, pese a que miembros de esta entidad formaban parte de su gabinete.

Ese caso ya lo saldó en la Procuraduría y en la Contraloría y le valió ser el primer alcalde de Sucre detenido en el período de gobierno a punto de finalizar.

Otro que dejará el cargo con una investigación a cuestas en la Fiscalía es Alcides Pérez Barrios, alcalde de San Antonio de Palmito, quien estuvo preso por presuntas anomalías en tres contratos para mejorar la calidad de vida de adultos mayores. El ente investigador cree que los 549 millones de pesos que costó el contrato no fueron ejecutados de forma adecuada y el personal no era idóneo. Los miembros del gabinete de Pérez también responden por este caso.

Coveñas, como ha ocurrido desde su reciente creación hace menos de dos décadas, no se quedó atrás en la lista de mandatarios presuntamente corruptos. Su alcalde Nilson Navaja Olivares, y miembros de su gabinete, es investigado por la Fiscalía por haber celebrado y liquidado un contrato para implementar un programa de bilingüismo ejecutado en menos del 20%.

La misma fundación con la que contrató Coveñas para implementar el bilingüismo operó en Majagual, en la Mojana, con la autorización de Luis Benito Gómez, el alcalde, quien estuvo detenido. Él es procesado por permitir la ejecución del contrato de manera irregular. Funcionarios de la alcaldía de ese municipio también están en líos por ese contrato.

Carlos Solano, alcalde de Morroa, otro municipio con serios problemas de gobernabilidad en los últimos años, es procesado por suscribir un convenio con la empresa Aguas de Morroa sin que esta fuera idónea para la prestación del servicio.

La captura más reciente fue hace dos semanas: la del alcalde Víctor Ricardo, de Caimito, procesado porque junto con otros funcionarios de la Alcaldía, simuló, al parecer, el trámite de un contrato para legalizar un procedimiento en el que tenía por anticipado al contratista. La Fiscalía le reprocha la presunta violación de los principios de selección objetiva y planeación contractual. Está en casa por cárcel, como lo están sus colegas de Chalán y Morroa.

Aunque no está preso, el alcalde Remberto Amell, de Galeras, se despide con un proceso en la Fiscalía por el que ya le imputaron cargos por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la Casa del Almirante. 

Otro que culmina su mandato con un proceso en la Fiscalía, por presunta participación en política, es el alcalde José Francisco Vergara, de El Roble. En los líos, pero con la Procuraduría, está también el alcalde Jacobo Quessep Espinosa, de Sincelejo, quien responde por presuntas participación indebida en política. El primer caso, en favor del presidente Iván Duque, y el segundo, en favor de su sucesor y ungido Andrés Gómez y del excandidato a la Gobernación Yahir Acuña Cardales.

La mayoría de procesos contra estos mandatarios y exmandatarios están en las fases de acusación, preparatoria y de juicio en las Fiscalías 26 y 15 Seccional de Sincelejo.

 

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