Una información oficial que fue solicitada de manera formal por el Ministerio de Educación para analizar la situación financiera de la Universidad de Sucre terminó siendo de manejo público y generó un estallido tanto en el interior como el exterior de la institución.
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La aludida información, de la que las partes involucradas dicen no saber cómo llegó a los medios de comunicación y redes sociales, se refiere a tres listados de docentes de planta debidamente identificados y con la asignación monetaria que reciben mensualmente.
La cifra superior a los 90 millones de pesos que estarían percibiendo tres docentes, aunado al incremento exagerado de unos valores entre el año 2021 y el 2025 en otros de sus compañeros, fueron el detonante de una parálisis que lleva dos semanas y de la que se estima se va a extender.
No es salario
Profesores que hablaron con EL HERALDO y que pidieron reservar sus identidades aseguran que los 90 millones de pesos y otras cifras menores de 65, 55 y 32 millones, entre otros montos, no corresponden al salario, “son el costo total mensual de un docente y eso abarca otros conceptos que no fueron detallados”.
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Agregan que la presentación de la información y la filtración de la misma tuvo una sola finalidad “y es un asunto netamente político por parte del rector Johnny Avendaño, como es su actuar.
Desde su llegada a la universidad la ha convertido en epicentro de la politiquería y en nada se preocupa por los asuntos académicos porque es que él no es un hombre de la academia, es un político más en crecimiento que ya logró ficha en el Congreso con Alejandro De la Ossa, el hijo del exrector Jaime De la Ossa, que hizo con Johnny una puerta giratoria en la universidad. Jaime es uno de los responsables de lo que hoy ocurre en Unisucre y por eso a nosotros, los docentes, no nos da la cara”, dice uno de los más de 100 docentes de planta del centro de estudios.
¿Coincidencia?
A los maestros les llama la atención que “la información manipulada y mal presentada a la opinión pública con la finalidad de generar el escándalo que en efecto logró el rector para poder disponer de nosotros como él quiera y a su servicio politiquero” hubiese estallado el domingo 19 de abril, 24 horas antes de que se empezaran a sentir en la universidad los efectos de la asamblea permanente a la que ellos habían entrado desde el viernes 17 y que era de conocimiento de la comunidad educativa.
Uno de los ítems que llevó a los docentes a esta asamblea permanente es la suspensión irregular del reconocimiento de puntos salariales y afectación de derechos del profesorado.
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“Resulta extremadamente preocupante la suspensión general del trámite de reconocimiento de puntajes por producción académica en la tipología de artículos, adoptada en el marco del CIARP con ocasión de una auditoría ordenada por Rectoría en el año 2025, que se supone rindió informe desde julio del mismo año y a la fecha se desconoce.
Si bien la universidad puede ejercer controles internos y verificar la regularidad de sus procedimientos, ello no puede traducirse, sin habilitación normativa clara, en la paralización general e indefinida de un trámite regulado por una norma superior como el Decreto 1279 de 2002, del cual dependen derechos salariales del profesorado en todo el país, ¿por qué debemos ser nosotros la excepción?
Esta situación genera serios reparos frente a los principios de legalidad, eficacia, celeridad, buena fe y debido proceso, especialmente cuando no se individualizan conductas presuntamente “reprochables” y existe el riesgo de trasladar, mediante prácticas cuestionables, a los docentes las consecuencias de eventuales fallas institucionales en los mecanismos de verificación y control. Sin mencionar las consecuencias negativas y el mal ambiente que esto ha generado en toda la comunidad universitaria que ha sido puesta en una posición de juicio generalizado hacia el estamento docente de planta”, relataron los catedráticos en un escrito horas después del estallido por el denominado ‘cartel de los puntos’.
Esos puntos que precisamente los maestros los ganan con las publicaciones que realizan en revistas especializadas y que se traducen en dinero como factor salarial.
“Eso no es delito, eso no es pecado, eso ocurre en todas las universidades públicas del país, lo que pasa es que acá en la Universidad de Sucre hubo un interés particular en satanizarlo y lo han logrado”, anotó otro de los docentes de planta que si bien aparece en los listados filtrados, no recibe mensualmente una suma millonaria.
El estigma
Los docentes denuncian además que han sido estigmatizados tanto ellos como sus familiares por esta situación que, por demás, “nos ha dejado expuestos ante los extorsionistas”.
Algunos han tenido crisis de ansiedad, e incluso la mañana del mismo lunes 20 de abril cuando los estudiantes irrumpieron abruptamente en la sala de profesores, en la asamblea de estos, una docente entró en shock y eso quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.
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Sigue la asamblea
La situación sigue siendo tensa y sin asomo de que retorne la normalidad académica, porque luego de tres sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Sucre el máximo estamento aprobó “documentos de Estatuto Docente y reglamentación institucional del Decreto 1279 de 2002, propuestos por la administración, desconociendo las legítimas preocupaciones y propuestas del profesorado.
Estas decisiones constituyen un atentado contra los derechos, la estabilidad laboral, la dignidad académica y las garantías históricamente conquistadas por el cuerpo docente de la universidad y fueron aprobadas sin una participación democrática y vinculante del profesorado, ignorando reiteradamente los llamados al diálogo y a la construcción colectiva de normas que impactan directamente en la vida académica y laboral de los docentes”.
Aluden que estas decisiones vulneran la autonomía académica, profundizan la precarización de la labor docente, generan un ambiente de incertidumbre, desconfianza y conflictividad institucional que afecta gravemente la convivencia universitaria y el desarrollo de las funciones misionales de la universidad.
Por ello exigen la suspensión inmediata de la implementación de los documentos arriba reseñados y que propuso la administración de Johnny Avendaño.
También exigen la instalación de mesas de diálogo con la administración de Unisucre que estén mediadas por Mineducación, que garanticen un proceso democrático y transparente de discusión con participación del profesorado y de Aspu, seccional Unisucre.
Dejan claro que están en asamblea permanente y llaman a la comunidad universitaria, a las organizaciones sindicales, a los sectores democráticos y a la sociedad en general a que respalde al profesorado de Unisucre y defienda la universidad pública.
Sin respuesta
EL HERALDO le ha insistido al rector Johnny Avendaño para que conceda una entrevista en la que informe realmente sobre los costos de los docentes de planta, de la situación financiera de la universidad y los alcances de las nuevas disposiciones, además del por qué del mal ambiente laboral y los señalamientos de que la alma mater se ha convertido en un estamento politiquero, pero no ha sido posible.
Conflicto del rector de Unisucre con un sector del profesorado de planta
EL HERALDO comprobó el mal ambiente laboral que existe en la Universidad de Sucre entre su rector Johnny Avendaño –que no tiene un año en el cargo– y un sector del profesorado de planta, además de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) de Sucre, a través de unas denuncias que dan cuenta de los presuntos malos manejos que el rector le da a la alma mater.
Por ejemplo, le cuestionan que “mantuvo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al señor Jorge Alberto Ducuara Parales durante tres meses, aun después de que este recibiera una sanción de inhabilidad por parte de la Procuraduría”. Esto lo denunció ASPU.
Además, desde su posesión como rector, “el señor Avendaño habría iniciado una sistemática persecución contra el estamento profesoral. En el segundo semestre de 2025 desvinculó a más de 70 docentes, entre ellos ocho doctores de la Facultad de Educación y Ciencias.
Asimismo, en el proceso de asignación de labores académicas no estaría observando lo contemplado en los manuales de competencias docentes, privilegiando como criterio determinante la afinidad o vinculación del aspirante con su estructura política”.
Estos hechos han sido señalados por la Veeduría Universitaria de Cargas Académicas (Vucade).
