La guerra en Colombia, así como todas las que acontecen en el mundo, ha dejado sus estragos en la identidad individual y colectiva de las comunidades; en la memoria histórica de los territorios, y, tras un reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también se evidencia el impacto en el bienestar de la fauna del país.
El documento, lanzado el pasado mes de abril, dio a conocer una exhaustiva radiografía del calvario que han padecido los animales desde marzo del 2017 hasta el 2026 del mismo mes. El estudio, lejos de demostrar que la violencia contra los animales es un efecto colateral, evidenció que se trata de una práctica recurrente y estructural dentro de las dinámicas de los grupos armados.
Asimismo, indicó que esta problemática está estrechamente ligada a la destrucción ambiental y al control territorial de los grupos armados, lo que perjudica directamente a ecosistemas completos y, simultáneamente, a las comunidades humanas.
De esta forma, propuso “dejar de ubicar a los animales en un lugar secundario dentro del análisis del conflicto armado y, en su lugar, examinarlos en su singularidad, reconociendo tanto sus afectaciones individuales como los impactos sobre las especies”, se lee en el documento.
En ese orden de ideas, plantearon un cambio de enfoque: reconocer a los animales como seres sintientes y posibles víctimas del conflicto armado.
Cifras alarmantes
Dentro de los hallazgos del estudio se conoció que este panorama es repetitivo en los ecosistemas. En promedio, cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda gravemente herido debido al conflicto armado.
La JEP conoció que, entre el 2017 y 2026, al menos unos 100.252 animales fueron afectados por la guerra interna del país. Asimismo, en el 32 % de los registros las especies fueron perjudicadas debido a acciones armadas, a través de muertes, heridas generadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos o ataques con drones.
Por otra parte, en el 27 % de los casos se presentaron abandonos forzados de animales domésticos debido al desplazamiento, también forzoso, de sus cuidadores.
“En estos escenarios, muchos animales mueren por inanición o quedan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este dato muestra cómo el desplazamiento forzado no solo afecta a las personas, sino que también rompe las relaciones de cuidado que sostienen la vida animal”, explicó el órgano judicial en el informe.
Además, la JEP estableció que, en total, 44 especies están en riesgo crítico de extinción por los grupos armados. Entre esas, la más afectada es la rana, en donde 18 especies del género Atelopus y 18 del género Pristimantis están en riesgo.
Alertaron que la desaparición de estos ejemplares impactará negativamente en el equilibrio de los ecosistemas, ya que los anfibios tienen funciones cruciales en el control de insectos y en las cadenas alimenticias.
Finalmente, en cuanto a la geografía de animales afectados, Antioquia es el departamento con el mayor número de especies amenazadas por el conflicto armado. Algunos animales afectados por las dinámicas de la guerra son el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, distintas ranas arlequín y el mono araña.
Animales instrumentalizados
De acuerdo con el informe, los animales han sido instrumentalizados de múltiples formas. Por ejemplo, identificaron que los caballos, mulas y burros han sido utilizados para trasladar combatientes, evacuar heridos, así como transportar la alimentación, las armas o las medicinas.
A su vez, fueron empleados como medio de detonación de artefactos explosivos: en Chalán, Sucre, en el año 1996, un burro que cargaba con explosivos causó la muerte de 11 policías. Una práctica que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), está prohibida y es considerada como una forma de perfidia.
De igual manera, los animales se convirtieron en un instrumento para torturar. La JEP expuso testimonios tomados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en donde narraron que, en una zona de Puerto Triunfo (Antioquia), existía un lugar conocido como “La Isla”. Los paramilitares cavaban huecos, enterraban a las víctimas y dejaban su cabeza expuesta. El informe detalló que, sobre ella, vertían miel, lo que provocaba un ataque de avispas.
En otros escenarios, los burros y las mulas eran utilizados como medio propagandístico. Por ejemplo, en medio del paro armado del Clan del Golfo en el 2022, en varios municipios del Caribe colombiano estos animales tenían en sus pieles las siglas del grupo pintadas.
A su vez, indicaron que también fueron incorporados en rituales para obtener protección frente a la muerte, reducir el riesgo de quedar heridos en combate o fortalecer simbólicamente a quienes participan en la confrontación. En Colombia, miembros de grupos armados consumían sangre de animales para protegerse del peligro.
¿Y las normas?
En los sesenta años que lleva Colombia en guerra, el conflicto se ha basado en el uso, acaparamiento y el despojo de tierras, según la senadora animalista Andrea Padilla. Y enfatizó que aún permanece, pues persiste el desarrollo de minería ilegal, la deforestación y el tráfico de animales silvestres. Estas actividades, tal como lo estipuló la JEP, han acabado con los hábitats de las especies y los dejan sin su hogar.
“Sin duda, los animales continúan siendo víctimas del conflicto armado, y esa es una situación que, a menos que haya un claro compromiso del Estado en la toma de medidas diligentes, no se resolverá”, manifestó la congresista.
Alertó que actualmente en Colombia no existen normas que amparen y aseguren el bienestar de los animales en estos escenarios. Tan solo un artículo de la Ley Ángel, el cual ordena la formulación y expedición de la ruta nacional de atención al maltrato animal, y también se le ordena a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional expedir unos protocolos para la atención de animales que resulten afectados con ocasión del conflicto armado.
Sin embargo, anotó que estos protocolos no serán efectivos si no existe una inversión en recursos. De esta forma, precisó que, tras el informe de la JEP, el Estado debería adoptar estrategias de atención a los animales en contextos de desplazamiento forzado, en términos de albergue, alimentación, atención en salud y cuidado básico.
Así como una especial atención a las zonas donde hay una alta biodiversidad, las cuales coinciden con las zonas donde suele haber mayor actividad ilícita, como la minería y la deforestación.
“Aquí el llamado concreto es que, mientras perdure el conflicto armado en Colombia, los animales sean considerados no solamente en el conteo de cifras o en procesos de memoria y verdad, sino con atención integral”, sentenció la senadora Padilla a EL HERALDO.
A su turno, la senadora Esmeralda Hernández pidió acelerar el trámite de su proyecto de ley, aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, el cual tiene precisamente la intencionalidad de reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado; promover su reparación mediante programas de conservación y restauración ambiental, así como prohibir su uso como herramientas de guerra.
“Hacemos un llamado al Congreso de la República para que abramos esta discusión, y un agradecimiento y reconocimiento al trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz por visibilizar y trabajar en una problemática que, durante todas las décadas del conflicto interno de nuestro país, ha sido completamente invisibilizada”, concluyó la congresista.
¿Quiénes son los presuntos responsables?
Según el informe de la JEP sobre los presuntos responsables, las disidencias de las Farc-EP sería el grupo armado no estatal que más estaría amenazando a las especies de animales silvestres en Colombia.
“Dentro de estas estructuras, el Frente Jaime Martínez, coordinado por alias Iván Mordisco, aparece como la subestructura con mayor incidencia en territorios donde se concentran especies en riesgo”, informaron.
El daño a los ecosistemas estarían relacionados con las actividades como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de fauna, las cuales son economías ilegales que sostienen a estos grupos armados.
