La aprehensión material del predio denominado Palermo, hoy Simba, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que realizaría este viernes 30 de mayo en el municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, fracasó.
La razón de ello es que dentro del proceso existe una serie de pedidos que con antelación ha realizado la etnia indígena Zenú que tiene asiento en el territorio y que justamente por las pretensiones de esa tierra se declaró en minga desde el pasado 20 de enero.
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Si bien la ANT pretende desalojar a la Comercializadora y Distribuidora Tamaral SAS, que firmó contrato de arrendamiento con la SAE desde hace muchos años, los indígenas dejaron claro este viernes, y así quedó sentado en un acta, que ellos no se oponen a ese proceso, pero en lo que no ceden un centímetro es en el propósito de dar el 60% de Simba a los campesinos.
“El pueblo Zenú argumenta que no se opone a la diligencia de desalojo una vez se tenga claro quien recibe la tierra de la finca Simba. Las exigencias del pueblo Zenú es que el 100% del predio Simba sea entregado a la comunidad indígena Zenú de San Antonio de Palmito, se fundamenta esta decisión en la historia ancestral del pueblo Zenú sobre este territorio, en la lucha histórica que se ha librado a lo largo de los años, y teniendo claro que varios de los campesinos que pretenden obtener parte del predio Simba, hacen parte de los autocensos de las comunidades indígenas que se encuentran registrados ante la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, por lo tanto se le solicita a la ANT realizar las acciones que permitan la entrega material del predio Simba 100% a la comunidad indígena Zenú de San Antonio de Palmito, Sucre”, reza el acta.
Ante este pedido, la directora de Acceso a Tierra, de la ANT, Deicy Lizeth Gómez, que firmó el documento que anunció el desalojo del predio, no tuvo otra opción que parar el trámite para trasmitir la exigencia y posición que el movimiento indígena manifiesta, ante sus superiores jerárquicos, y así buscar una salida a la presente situación.
Sin embargo, sustentó que el ahora fallido desalojo fue programado “partiendo de unos acuerdos establecidos el día 22 de abril del presente año, donde se había pactado una distribución del predio de 60% para comunidades campesinas y 40% para comunidades étnicas y el acta del 26 de enero del 2025”.
No obstante, el pueblo Zenú, representado en su máxima autoridad, el cacique regional de Córdoba y Sucre, Martín Moreno Argüello, anunció que expondrá esta problemática ante las instancias nacionales de decisión en el marco de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Comisión Nacional de Territorio (CNT), la Consejería de Territorio de la Organización Nacional Indígena de Colombia y las instancias de decisión de compra de tierras para población indígena nacional.
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A su vez le solicita a la ANT que establezca los canales de conversación entre las instituciones vinculadas en el proceso incluyendo el Ministerio del Interior para hacer verificación de la pertenencia en los censos poblacionales de la población que se autoreconoce como campesina en un tiempo de 8 días calendario a partir de la suscripción de la presente acta, e incluir dentro de las mesas de dialogo la situación que se está presentando con relación a la adquisición y entrega de predios a favor de organizaciones que no hacen parte de la estructura del resguardo San Andrés de Sotavento.
