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A diario se acumulan expedientes en los juzgados del país.
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La Ley del Montes | ¡Métanle muela a la Justicia ya!

La grave crisis no da espera. Gobierno, Congreso y altas cortes deben asumir sin dilación la reforma integral que se requiere. Hay consenso en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y funciones electorales de magistrados. 

El titulo es:La Ley del Montes | ¡Métanle muela a la Justicia ya!

La grave crisis no da espera. Gobierno, Congreso y altas cortes deben asumir sin dilación la reforma integral que se requiere. Hay consenso en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y funciones electorales de magistrados. 

El gran problema de la Justicia colombiana es que no es justa. Y no es justa porque no cumple con ninguno de los requisitos que debe tener toda Justicia: prontitud, eficiencia, transparencia y cumplimiento. Nada de ello existe en Colombia. Los tiempos procesales son eternos, la congestión es gigantesca y la respuesta de las autoridades judiciales -que debería ser inmediata- se dilata por meses y años. En Colombia quien se roba una gallina espera lo mismo para que le definan su situación que el sicario que mató a un candidato presidencial. Los juzgados están atiborrados de expedientes y las cárceles están repletas de personas que esperan que los jueces se ocupen de los procesos arrumados en los despachos judiciales.

Mientras tanto hay funcionarios, incluyendo jueces y hasta magistrados de altas cortes, negociando el bien preciado de la libertad de cientos de personas cuya suerte depende de la voluntad de un corrupto, quien a cambio de una buena cantidad de dinero termina condenando al inocente y absolviendo al culpable. 

En ningún país del mundo existe un “cartel de la toga”, cuya perversidad y nivel de corrupción ha quedado demostrado hasta la saciedad. Solo en Colombia padecemos semejante agravio a la majestad de la Justicia. Sin embargo, pocos se atreven a desafiar el “poder poderoso” de las altas cortes, cuya solidaridad de cuerpo es inocultable, ante el riesgo de ver comprometida su libertad y el patrimonio de su familia.

Nuestra administración de justicia, que hasta hace algún tiempo gozó de buena reputación, gracias al valor de cientos de jueces y magistrados de altas cortes, hoy tiene la misma credibilidad de la clase política. La percepción que existe sobre la eficacia y eficiencia de la Justicia es que solo se aplica a los de ruana. La inmensa mayoría de los colombianos cree que nuestra Justicia no solo es lenta, sino corrupta. Un grafiti escrito en una de las calles del centro de Bogotá, sintetiza de forma demoledora y cruda la situación: “La Justicia cojea y no llega”.

Ante este panorama alarmante y desolador, todos proponen una reforma integral y estructural a la Justicia. Los candidatos presidenciales se ocuparon del asunto, incluyendo al actual presidente, Iván Duque, cuya propuesta inicial generó controversia, pues planteaba la eliminación de algunas altas cortes y la conformación de un gran tribunal, que eliminara todo el aparato burocrático de la Rama Judicial y volviera más mucho más expedita la administración de Justicia. Ante el aluvión de críticas que recibió el entonces candidato -en especial por los mismos magistrados que se verían afectados por la reforma- Duque replanteó la iniciativa y anunció la apertura de un debate que permita buscar consensos para reformar la Justicia. La sensación que quedó, después de que medio mundo se le vino encima, es que se asustó con el cuero antes de haber matado el tigre.

Los críticos de la iniciativa de Duque sostienen que su verdadera pretensión es la absolución de Álvaro Uribe, cuyo enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia -que lo llamó a indagatoria recientemente- se desbordó por completo y hoy existen en el país dos grandes bloques: los que piden la absolución de Uribe y lo señalan de ser víctima de una persecución implacable por parte de la Corte Suprema y los piden su condena por los delitos que le imputa el alto tribunal.

Unos y otros ya tomaron su propia decisión respecto a la inocencia o la culpabilidad del ex presidente, cuando lo que debería ocurrir, si nuestra Justicia tuviera credibilidad y prestigio, sería esperar que los procesos tengan su curso normal y al final se tome una decisión sobre la suerte del jefe máximo del Centro Democrático.

Pero mientras Duque consulta y socializa la reforma a la Justicia que presentará ante el Congreso, el partido Cambio Radical, que orienta el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, tomó la delantera y radicará esta semana su propuesta de reforma integral a la Justicia, que se ocupa, entre otros de dos temas fundamentales y controversiales de la actual administración de Justicia: las funciones electorales de las altas cortes y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Pese a la imperante necesidad de acabar tanto con las funciones electorales de los magistrados, como con el Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que ambas propuestas, cuando fueron presentadas hace algún tiempo, terminaron hundiéndose en el Congreso. ¿La razón? El desfile intimidante de magistrados de altas cortes por las curules de los congresistas -que se mueren de susto ante la presencia de un togado- así como su intenso lobby, terminaron frustrando las iniciativas.

Lo cierto es que en Colombia, pese a la gravedad del asunto, todas las reformas se estrellan con una serie de intereses y de poderes que hacen que los intentos por hacer la gran reforma integral y estructural de la Justicia fracasen. ¿Qué hacer ante semejante panorama desolador y frustrante? ¿Es necesaria una Constituyente solo para que se ocupe de la Administración de Justicia? ¿Qué hacer con las funciones electorales de los magistrados y con el Consejo Superior de la Judicatura?  

¡No más magistradores con funciones electorales!

A la hora de hacer una evaluación de las razones que llevaron a la Justicia colombiana al actual grado de postración y desprestigio hay que dedicarle un extenso capítulo a la llamadas “funciones electorales de las altas cortes”. Ahí radica buena parte del gravísimo problema que hoy afronta la Administración de Justicia en Colombia. Nada más perverso, patético y nefasto que un magistrado repartiendo hojas de vida de sus recomendados para que procuradores, contralores, fiscales y hasta congresistas se los nombren, al tiempo que recibe de parte de ellos también hojas de vida de sus recomendados.

Ese tráfico de favores nefandos debe acabarse. Y para ello es necesario que que los magistrados se ocupen de su verdadera función, que no es otra que la de impartir Justicia y crear Jurisprudencia. Punto. Menos cocteles y más estudios de procesos, debería ser la consigna de ahora en adelante. La elección de Fiscal, Procurador y Contralor, entre otras, debe ser ajena a las funciones de los magistrados de altas cortes.

Cada una de esas elecciones significa pérdida de tiempo y genera una serie de compromisos que terminan afectando la autonomía y la independencia tanto de electores como de elegidos. Acabar con esas “facultades electorales” contribuiría no solo a darle mayor transparencia a la Administración de Justicia, sino que permitiría que los magistrados recuperen su verdadera vocación de servicio, la misma que les dio hace muchos años el prestigio del que hoy carecen.

Consejo Superior de la Judicatura, ¿hasta cuándo?

En la desprestigiada Rama Judicial, no hay nada más desprestigiado que el Consejo Superior de la Judicatura. Dicho organismo terminó convertido en un “club de amigos”, al que llegan todos los recomendados de magistrados y congresistas.

Ese “club de amigos”, inoperante, ineficiente y corrupto, nos vale a los colombianos 5.000 millones de pesos al año, plata que debería destinarse a un organismo técnico y despolitizado, que cumpla funciones gerenciales, que permitan una mayor y mejor disposición de recursos por parte de la Rama Judicial. Mantener el Consejo Superior de la Judicatura es gana de botar la plata. No hay una sola función del Consejo Superior de la Judicatura que no pueda ser cumplida por otra entidad del Estado, como la Procuraduría General o hasta la propia Contraloría General.

Es urgente acabar con la “puerta giratoria” que permite a magistrados de otras cortes y a sus amigos y recomendados, pernoctar en el Consejo Superior de la Judicatura, mientras les llega su “popocha” pensión. La reforma propuesta por Cambio Radical no deja dudas acerca de la urgencia de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y la iniciativa del Gobierno apunta a la misma dirección. Al menos eso fue lo que dijo Duque de candidato. El problema es qué hay congresistas que no resisten la llamada de un magistrado y mucho menos una visita. Una y otra los matan del susto.

¿Constituyente para reformar la Justicia?

La frase con la que el país recuerda a Fabio Valencia Cossio la pronunció cuando posesionó a Andrés Pastrana como presidente en 1998. En aquella ocasión, Valencia Cossio, como presidente del Senado, dijo con entonado acento, refiriéndose al Congreso de la República: “O cambiamos o nos cambian”. No pasó ni lo uno ni lo otro: ni cambió el Congreso, ni los colombianos fuimos capaces de cambiarlo. Cambiaron algunos nombres. Por ejemplo, ya no está Fabio Valencia Cossio, pero está su hijo. Y así pasa con otros hijos, esposos y esposas de ex congresistas. Pues bien, a los magistrados de las altas cortes hay que decirles: o cambian o los cambian.

No hay de otra. La crisis tocó fondo y es insostenible. No es solo un asunto de desprestigio y falta de credibilidad, sino de ausencia de eficiencia y operatividad. La Justicia colapsó. La convocatoria de una Constituyente para que se ocupe únicamente de la superación de la crisis de la Justicia, como en algún momento se consideró en la campaña presidencial, tiene la enorme limitante de que tardaría más de un año para que el Congreso la apruebe, así como la enorme dificultad de que ni el presidente Duque ni los congresistas van a querer “comprar la rifa del tigre” de retar a los magistrados de las altas, quienes tienen la suerte de ellos en sus manos. Una cosa es que Duque de candidato se les haya metido al rancho a los magistrados y otra muy distinta es que de Presidente quiera chamuscarse retándolos. Que le pregunte a Uribe cómo le fue cuando se atrevió a comprar esa pelea.

La Ministra conoce la Rama, pero no al Congreso

Una reforma integral de la Justicia requiere de voluntad política, pero sobre todo de mucho músculo en el Congreso para sacarla adelante. Más de un ministro de Justicia ha fracasado en el intento. La lista es larga, entre los que sobresalen Juan Carlos Esguerra y Yesid Reyes, solo para citar dos de los más recientes. La ministra Gloria María Borrero, conoce muy bien cómo funciona la Rama, pero desconoce cómo funciona el Congreso. Conoce los ingredientes que debe llevar un sancocho, pero no lo sabe preparar.

Tiene la experiencia de haber estado por varios años al frente de la Corporación Excelencia en la Justicia, entidad creada en 1996, como una especie de fuente de insumos para superar la crisis de la Administración de Justicia en el país, pero no sabe cómo se cocinan los incisos en los proyectos de ley. El hecho de que Cambio Radical haya tomado la iniciativa de presentar una reforma judicial coincidente en varios puntos con la que presentará el Gobierno, podría facilitar la conformación de una alianza poderosa en el Congreso, que permita -¡por fin!- la aprobación de una reforma judicial integral. Tener de aliados en Congreso a quienes en el pasado reciente dieron muestras del poder de su “independencia” no deja de ser atractivo para un gobierno que tiene serios problemas para conformar mayorías, como quedó demostrado con la elección del Contralor General. Ni el Gobierno ni el país pueden darse el lujo de no llevar a cabo la reforma judicial que se requiere con suma urgencia. Ministra, no lo piense dos veces y súbase en ese bus.

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