Junto con la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los congresistas opositores José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y la senadora María Angélica Guerra exponen este martes en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “la crisis electoral en Colombia y las vulneraciones a los derechos políticos de la oposición”.
Se trata, dijo Uscátegui, de “denunciar ante la comunidad internacional las graves amenazas contra Paloma Valencia y la crisis de seguridad que hoy pone en riesgo nuestra democracia. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, exigimos garantías reales para la oposición y para unas elecciones libres y seguras en Colombia, y sostendremos reuniones con el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la OEA para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en nuestro país”.
Entre tanto, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió este martes en un pronunciamiento que “hay un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”.
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Expuso en este sentido la jefa de la entidad del Ministerio Público que entre el 13 de marzo y el 15 de abril, se hizo seguimiento y se evidencian múltiples manifestaciones de violencia política, incluidas amenazas de muerte, estigmatización y difamación.
“La violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales. Se evidencia una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como violencia por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”, advirtió Marín.
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Y concluyó que los entornos digitales donde circula esta violencia tienen alta incidencia sobre las juventudes, se afecta su relación con la democracia, la confianza institucional y su participación política.
