Senadora, el país atraviesa una situación de orden público compleja y parece que la política de ‘paz total’ no ha logrado los resultados esperados. En regiones como el Catatumbo, el panorama es especialmente crítico. ¿Cómo analiza usted lo que está ocurriendo?
Desafortunadamente, lo que estamos viendo en el Catatumbo es el recrudecimiento del conflicto armado, especialmente por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN. A eso se suman hechos gravísimos como los ataques con drones, que en los últimos meses han afectado directamente a la población civil, que termina siendo la principal víctima.
Aquí ha habido una clara disminución de la capacidad de respuesta en materia de seguridad. El Ministerio de Defensa ha sido ineficiente en proteger el territorio y hoy vemos desplazamientos masivos, comunidades atemorizadas y un control creciente de grupos subversivos. La estrategia de paz total no funcionó: debilitó a la Fuerza Pública, frenó programas que venían avanzando y, en la práctica, promovió más impunidad. El resultado es que la gente está saliendo de sus veredas y municipios para salvar su vida.
Usted ha denunciado amenazas de grupos armados, incluso contra la Iglesia, en zonas rurales de Norte de Santander. ¿En qué ha fallado el Gobierno frente a estas alertas?
Ha habido oídos sordos. No solo la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas, sino que la misma población civil —la que se atreve a denunciar— ha advertido lo que estaba pasando. La intervención del Estado no ha sido oportuna y, en muchos casos, ni siquiera ha existido.
Un ejemplo dramático fue lo que denuncié con dos iglesias que quedaron en medio del fuego cruzado. Comunidades enteras tuvieron que salir con lo que tenían puesto y las estructuras quedaron totalmente destruidas. Estamos hablando de espacios que deberían ser neutrales, al igual que las juntas de acción comunal, y aun así están siendo atacados. La población civil quedó completamente desprotegida.
Cambiando de tema, ¿cómo se vive en la frontera la incertidumbre frente a la situación en Venezuela, especialmente en materia de seguridad y migración?
La gente está en total expectativa. Yo estuve recientemente en Cúcuta y lo que se percibe es quietud. No hubo una migración masiva ni de entrada ni de salida, como se vivió en otros momentos. Tras la posesión de Maduro, lo que hubo fue pánico: personas abasteciéndose de víveres ante la incertidumbre.
Hoy no hay claridad sobre qué va a pasar. La gente no sabe si regresar, si quedarse o si salir. Todo está en pausa, dependiendo de las decisiones que se adopten desde Estados Unidos y de este proceso de transición que se anuncia. En la frontera no hay movimiento desbordado, hay expectativa y mucha incertidumbre.
El sistema de salud también atraviesa una crisis profunda. ¿Cuál es su análisis sobre la situación actual y el debate de la reforma?
El sistema ya tocó fondo. La crisis no se iba a resolver aprobando o negando una reforma en el Congreso. La propuesta del Gobierno desmontaba una experiencia de más de 30 años y no mostraba viabilidad financiera.
Desde el Congreso propusimos una alternativa, un modelo mixto donde el Estado asumiera el manejo financiero y las entidades se encargaran del riesgo en salud. Pero nunca hubo voluntad política para discutirlo. El interés no era salvar el sistema, sino imponer una visión ideológica.
Nosotros vemos todos los días la tragedia: madres enterrando a sus hijos, pacientes sin medicamentos, personas muriendo en clínicas. Ahí entendimos que no podíamos avanzar en una discusión que no iba para ningún lado. Aun así, creo que hay capacidad técnica y humana para reconstruir el ecosistema de salud si todos los actores cooperan.
Finalmente, el Gobierno ha dicho que defiende los derechos de las mujeres, pero se han presentado episodios polémicos como el ocurrido contra la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo lo vio usted?
Fue indignante. Yo fui presidenta de la Comisión Legal de la Mujer y bajo mi liderazgo aprobamos la ley de violencia política contra la mujer. Esa ley no tiene ideología, nos cobija a todas.
Lo ocurrido configura claramente violencia política. No es humor, es un ataque. No podemos permitir que se minimice nuestra capacidad de debatir con agresiones ruines. Las mujeres tenemos derecho a participar en política con respeto, sin importar la orilla ideológica en la que estemos.
En esto debemos estar unidas. No vamos a permitir más ataques contra las mujeres en política. El debate debe darse con ideas, no con agresiones.
