El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó este martes en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones del 2026.
Durante la reunión se evaluó el panorama electoral, en el cual la fuerza pública, en desarrollo del Plan Democracia, ha acompañado 2.319 actividades de campaña. El ministro afirmó que se garantizará la seguridad de 13.494 puestos de votación, con el despliegue de 32.600 integrantes de la fuerza pública, y recordó que se ha garantizado el desarrollo de 21 elecciones atípicas, las cuales han transcurrido en condiciones de normalidad.
“La clave de todo es, por un lado, la articulación de todas las instituciones del Estado. Nos reunimos bajo la bandera de la Procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y con otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la seguridad de los votantes”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.
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Renglón seguido, el ministro advirtió que los principales riesgos identificados están relacionados con hechos de violencia y delitos electorales, producto de amenazas de estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y carteles criminales.
“Entre más cerca estemos a las elecciones, el riesgo intangible que se produce por la desinformación es aún mayor. De allí que la invitación es absolutamente a todo el Estado de Colombia y el Estado somos todos”, afirmó el jefe de la Defensa.
En este sentido, el Ministerio de Defensa anunció decisiones operativas contempladas para fortalecer la capacidad de protección, entre ellas la extensión del servicio militar obligatorio, el refuerzo del pie de fuerza con más de 22 mil hombres, la suspensión de vacaciones y el aplazamiento de entrenamientos.
Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos reveló que, en la actualidad, en 312 municipios del país hay una influencia de grupos armados ilegales de cara a las elecciones.
En este sentido, advirtió que que en el 40 % de esos territorios existiría un interés político electoral por parte de esas estructuras.
“Hay una instrumentalización del voto y coacción a los electores (…) de eso se trata, de que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa naturaleza”, explicó Penagos.
Renglón seguido, explicó que la estrategia institucional prioriza acciones preventivas y pedagógicas para reducir la incidencia de conductas que afectan la transparencia electoral.
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“Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan exclusivamente en delitos electorales, sino en variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana. Esta información permite focalizar acciones, definir de manera estratégica la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, señaló.
“No se pueden subestimar las circunstancias de seguridad, pero tampoco sobreestimarlas, porque ello podría afectar la democracia”, agregó.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach indicó que aunque persisten algunos riesgos de inseguridad por la acción de grupos criminales, las sinergias institucionales convocadas por el Gobierno para “blindar las elecciones” se presentan como una respuesta eficaz a esas amenazas.
“Ustedes son parte insustituible en este proceso de colaboración armónica para proteger las elecciones y nuestras instituciones”, dijo el procurador a los líderes de la fuerza pública.
“Los jurados informarán sobre el tarjetón de la consulta”: Penagos
El registrador Hernán Penagos anunció que durante las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas a la Presidencia del próximo 8 de marzo los jurados de votación informarán a los ciudadanos de la existencia de los tarjetones de las consultas y serán los votantes quienes decidirán si participan o no en ellas.
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“Serán los jurados de votación quienes informen a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta popular y será exclusivamente el ciudadano quien decide si participa o no”, aclaró el jefe de la organización electoral.
Precisó en este sentido que “el 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales: la de Senado y Cámara de Representantes. Ellos tienen el deber de informar a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no”.
En total, de acuerdo con la información de la Registraduría Nacional, habrá 13.494 puestos de votación en Colombia, 6.012 urbanos y 7.482 rurales, así como 254 en el exterior en 67 países. Además, las autoridades explicaron que habrá apoyo aéreo para instalar 101 puestos en 10 departamentos.




















