Las elecciones al Congreso y la Presidencia están –cada vez más– a la vuelta de la esquina; sin embargo, es hora y hay una serie de incertidumbres que rodean las jornadas electorales, especialmente las relacionadas con las que elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.
En este caso, sobre el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el hasta ahora gran ganador de la mayoría de encuestas que se han conocido, y sobre Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín, se mantienen las dudas sobre si podrán participar en el Frente Amplio, la gran consulta de la izquierda colombiana, o irán a primera vuelta directamente. De acuerdo con algunos expertos, los políticos están inhabilitados para participar de los comicios del 8 de marzo debido a que ya participaron en las interpartidistas del Pacto Histórico, en octubre del año pasado.
No obstante, ningún órgano electoral se ha pronunciado de fondo.
Cortocircuito en la MOE
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, contradijo al subdirector del observatorio, Frey Alejandro Muñoz, quien había dicho en días anteriores que Cepeda no podría participar en la consulta del Frente Amplio.
De acuerdo con Muñoz, la normativa vigente establece una restricción clara para quienes ya han pasado por un mecanismo de selección interna. En su lectura de la Ley 1475 de 2011, quienes participan en una consulta como precandidatos quedan automáticamente habilitados como candidatos para el proceso electoral correspondiente, lo que les impediría volver a competir en una nueva consulta del mismo ciclo.
“La ley señala que, una vez superado el proceso de consulta, la persona se convierte en candidato para esa elección”, indicó Muñoz.
Bajo ese criterio, los aspirantes que hicieron parte de las consultas realizadas en octubre habrían quedado habilitados directamente para la contienda presidencial del 31 de mayo, sin necesidad de volver a pasar por otra jornada de selección.
Posteriormente, Barrios dio a conocer que la entidad no ha adoptado ninguna posición frente a qué movimientos o partidos políticos pueden participar en las consultas del próximo 8 de marzo, ni sobre las candidaturas.
“Ese tipo de valoraciones no hacen parte de nuestro mandato. La MOE es absolutamente clara al señalar que cualquier decisión sobre la participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero corresponde de manera exclusiva al Consejo Nacional Electoral. La MOE no adelanta juicios sobre situaciones particulares”, explicó Barrios.
En medio de las incógnitas, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría Nacional elevaron una solicitud formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que precise si los aspirantes que tomaron parte en la consulta del Pacto Histórico pueden volver a medirse en la consulta del Frente Amplio prevista para el próximo 8 de marzo.
Quintero, en zona gris
La situación del ex alcalde de Medellín es la que presenta mayores interrogantes. Aunque Quintero anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, su decisión se produjo cuando ya estaba en marcha la impresión de los tarjetones.
Desde la Registraduría se explicó que, por razones presupuestales y logísticas, no fue posible reimprimir las tarjetas electorales, por lo que su nombre y fotografía permanecieron en el instrumento de votación. Hasta ahora, el CNE no ha aclarado si su presencia en la papeleta implica que su participación se tenga como válida o no para efectos de una eventual nueva consulta.
Mesas técnicas
En paralelo a la discusión jurídica, la Registraduría avanza en la organización de las elecciones, que coincidirán con las consultas interpartidistas y los comicios al Congreso de la República.
En un comunicado, la entidad recordó que desde diciembre se vienen realizando mesas técnicas con los partidos y movimientos políticos que manifestaron su intención de participar en los procesos del próximo año. En la más reciente, celebrada el 14 de enero de 2026, participaron además la Procuraduría, el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral (MOE).
“El objetivo es garantizar la correcta disposición del material electoral en todas las mesas de votación, incluidas las que se instalarán en el exterior”, señaló la Registraduría, al subrayar que los plazos administrativos siguen corriendo.
Asimismo, recordó que el próximo 6 de febrero vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.
Por otro lado, más de 2.400.000 ciudadanos fueron postulados tanto por entidades públicas como privadas para prestar su servicio como jurados de votación, 200.000 más frente a las elecciones de Congreso de 2022.
“Vamos a digitalizar todas las actas electorales. En el caso de las elecciones de Presidencia, serán 360.000 actas y, en el caso de Congreso, más de 700.000 estarán a disposición de los ciudadanos para que comparen los resultados que anuncia la Registraduría en el preconteo con las actas que diligencian los jurados de votación”, concluyó el registrador.
Datos sobre violencia política
Entre el 8 de marzo y el 9 de diciembre de 2025 se registraron 168 víctimas de violencia político-electoral, según el cuarto informe del año sobre este fenómeno realizado por Pares. El balance evidencia una situación preocupante, marcada por un aumento sostenido de los hechos violentos contra líderes y actores políticos. Uno de los indicadores más alarmantes es el número de homicidios. Desde el inicio del calendario electoral se han reportado nueve asesinatos, de los cuales cinco ocurrieron durante el periodo analizado en este informe. En el mismo lapso se contabilizaron, además, 12 atentados y 16 homicidios contra líderes políticos. Al comparar estas cifras con el informe anterior, se observa un incremento del 20 % en el número de hechos violentos, con 29 casos adicionales.
