Una avalancha de contratos interadministrativos por más de $2,1 billones a pocas horas de que entraran en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, denunciaron la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño.
La congresista advirtió que entre el 7 y el 8 de noviembre se firmaron $1,5 billones en convenios, según registros de Colombia Compra Eficiente: “Más de $1,5 billones en contratos en 24 horas. Sin concursos, sin reglas, sin decencia, sin convocatorias públicas. Esto no es gestión, es convertir recursos públicos en maquinaria electoral a favor del Pacto Histórico”.
Y el cabildante aseveró que el Ministerio del Trabajo hizo contratos por $770.095 millones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por $311.686 millones; el Ministerio del Interior por $292.700 millones; y el Ministerio del Deporte por $155.039 millones.
“Entre el 1 y el 7 de noviembre se firmaron convenios interadministrativos por $2,1 billones. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, indicó Briceño.
La Ley de Garantías Electorales prohíbe desde el pasado fin de semana nuevos convenios interadministrativos hasta después de las elecciones.
