A pocos meses de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre preocupantes vacíos estructurales que afectan las garantías de seguridad y transparencia para las organizaciones políticas declaradas en oposición o independencia.
Lea más: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, a la consulta del Pacto Histórico
En su informe más reciente, el órgano de control reconoció avances normativos, como la implementación del Decreto 638 de 2025, que creó el Programa de Protección Integral para el ejercicio de la política, pero señaló que persisten fallas graves en la ejecución de medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos, en especial para quienes disienten del Gobierno.
Uno de los hechos que motivó el pronunciamiento fue el atentado ocurrido el pasado viernes 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció en el mes de agosto a causa del ataque.
La Procuraduría calificó este crimen como un hecho de alto impacto político y simbólico que expuso la fragilidad de los esquemas de protección incluso para figuras de alto perfil nacional.
En consecuencia, se abrió una investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de establecer si hubo negligencia institucional en la evaluación del riesgo y en la adopción de medidas preventivas.
“La Procuraduría reitera que toda agresión contra un dirigente elegido democráticamente, y en especial contra quienes asumen el reto de proponer alternativas al poder, vulnera principios fundamentales del orden constitucional. Superar este escenario exige no sólo sancionar a los responsables materiales e intelectuales, sino también desescalar los discursos que alimentan la estigmatización y reconocer que nadie debería arriesgar su vida por ejercer el derecho a disentir”, señala el informe elaborado por la delegada del procurador, Javier Sarmiento.
Durante esta misma semana, otro hecho de violencia política conmocionó a Antioquia. Yeimar Gamboa Yépez, candidato al Consejo de Juventud en Chigorodó por el Centro Democrático, fue asesinado mientras compartía con amigos luego de participar en un foro sobre liderazgo y salud mental.
Lea también: Presidente Gustavo Petro dice que el Pacto Histórico debe ir a consulta popular
Aunque se giraron los recursos correspondientes a las organizaciones políticas para el año 2024 y ya se programó el primer desembolso de 2025, el informe advierte que no existe información detallada sobre el uso de esos fondos, lo que dificulta medir su impacto en el fortalecimiento de la oposición.
También se evidenció una falta de articulación en la información suministrada por la UNP y la Fiscalía, que no incluye variables clave como afiliación política, pertenencia étnica o tipo de medida adoptada. Además, no se han logrado avances verificables en la implementación de un programa de protección específico, para líderes de la oposición, a pesar de que está contemplado en la normativa vigente.
Las organizaciones políticas consultadas por la Procuraduría reportaron situaciones dispares, algunas denunciaron amenazas y dificultades para acceder o mantener esquemas de protección, mientras otras no registraron incidentes. Sin embargo, el ente de control concluyó que en general hay una débil capacidad institucional de los partidos para identificar riesgos y exigir medidas efectivas, lo que deja espacios de vulnerabilidad abiertos.
El informe fue presentado ante el Congreso y remitido al Gobierno con carácter urgente, con el objetivo de conformar un equipo técnico altamente especializado que responda a los riesgos que ya enfrentan muchos candidatos en distintas regiones del país.
