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Desde la mañana de este miércoles está citada la plenaria del Senado de la República para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, para lo que el pleno de la cámara alta escuchará a la Comisión de Acreditación que legitimará a los participantes, también oirá a los juristas candidatos y finalmente elegirá al nuevo togado del alto tribunal guardián de la Carta Política, que tendrá una incidencia definitiva en las decisiones que se avecinan en la Corte para el final del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La terna está conformada por el exdefensor Carlos Camargo, Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar, de la que saldrá el magistrado que llegará en reemplazo de José Fernando Reyes.

En esta terna Balanta, con 34 años de experiencia en la Rama Judicial, sería la candidata del Gobierno y Camargo Assis, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, y ex defensor del pueblo, el de la oposición.

Para la crucial sesión, el presidente del Senador, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, advirtió que no podrán entrar asesores al recinto de la plenaria, que se imprimirá un tarjetón con los candidatos en el orden enviado por la Corte Suprema, que se instalarán cubículos para votar, que se anulará el voto por rayas o dibujos distintos a una X, y que habrá una comisión escrutadora equilibrada.

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También explicó el jefe del Legislativo que el recinto primero estudiará varios proyectos de ley y luego, a eso de las 3 de la tarde, se dará paso a la elección del magistrado.

Por ahora ni Camargo ni Balanta tendrían mayorías claras en la plenaria, por lo que incluso se podría considerar la elección de Tobar, con 35 años de experiencia en el sector de la justicia.

Los votos bisagra, que podrían ir hacia un lado u otro, serían los de los cuatro senadores cristianos, que aún no han anunciado su decisión.

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Y en medio de toda esta competencia ha llamado la atención que en los últimos tres días han sido publicadas más de 30 hojas de vida de aspirantes a cargos públicos en el sitio web de la Presidencia, lo que podría sugerir posible manejo burocrático por parte del Ejecutivo en la antesala de la elección.

El periodo del nuevo togado será de ocho años al frente del alto tribunal.

María Patricia Balanta Medina es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y con 34 años de experiencia en la Rama Judicial. Tiene especializaciones en Comercio Internacional (Universidad Jorge Tadeo Lozano) y en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil (Universidad Externado de Colombia).

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Carlos Camargo Assis, oriundo de Cereté (Córdoba), es abogado con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, donde también fue profesor. Ha sido Defensor del Pueblo y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Y Jaime Humberto Tobar Ordóñez es abogado de la Universidad del Rosario, con más de 35 años de experiencia y estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Comparado en España. Se ha especializado en arbitraje internacional, litigios y derecho de la competencia.

La Comisión de Acreditación Documental del Senado, encargada de examinar las hojas de vida de los ternados, ha pasado las últimas horas revisando que los tres candidatos a magistrado de la Corte Constitucional cumplan con los requisitos para esa dignidad y rendir un informe a la Plenaria del Senado.

El senador Ciro Ramírez (Centro Democrático), integrante de la Comisión, explicó que la “responsabilidad” del Senado “es escoger quiénes son los nueve magistrados (de la Corte Constitucional) de las ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República”.

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“Ahí está la representación de toda Colombia, en los 108 senadores que representan en estos momentos a todo el país y fortalecen la institucionalidad porque está la voz popular”, manifestó el congresista.

Ramírez agregó que el Congreso y el Senado de la República “deben tener la responsabilidad de escoger a alguien bueno, que cumpla con todos los requisitos de ley, profesionales, académicos y éticos, para ejercer esa magistratura con el deber que le exige la Constitución Política, que es su protección”.