Este jueves llegó a la Corte Constitucional el decreto que convoca a consulta popular, el cual fue firmado el miércoles por el presidente Gustavo Petro.
Así las cosas, se espera que en los próximos días el estudio de la normativa sea asignado a un despacho que evaluará la constitucionalidad de la misma.
De acuerdo con la página web oficial del alto tribunal, este mismo jueves se radicó el decreto 0639 que convoca ese mecanismo popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral.
Desde ya se sabe que no será un trámite simple, pues sobre el decreto cayó una lluvia de demandas, no solo ante la Corte sino también ante el Consejo de Estado. Ante esto, el alto tribunal podría suspender los efectos de la normativa mientras se decide de fondo sobre su legalidad.
Las demandas contra el decreto
Este mismo jueves se conoció que ocho partidos políticos, tanto de la oposición como independientes, radicaron una demanda ante el Consejo de Estado en contra del decreto.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal presentaron la demanda sustentada en cuatro cargos principales y argumentaron que la normativa representa una “grave ruptura del Estado de Derecho”.
Según el comunicado, esos cargos son: “Vulneración al estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones por parte del presidente y violación del debido proceso por desconocer el concepto previo favorable del Senado”.
En su demanda, los partidos solicitan al Consejo de Estado, autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente el decreto presidencial, con el objetivo de evitar gastos presupuestales irreversibles y proteger el orden constitucional.
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció penalmente ante la Fiscalía por prevaricato a todos los que firmaron el ‘decretazo’ de la consulta popular.
Así mismo, la legisladora opositora demandó el decreto por inconstitucionalidad y le pidió al registrador Hernán Penagos no convocar a las elecciones para votarla.
