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El presidente Gustavo Petro reportó este miércoles en sus redes sociales un acuerdo con las EPS para su transformación en gestoras y la presentación al Congreso de lo que sería una nueva reforma a la salud más sencilla y basada en lo fundamental que requiere cambiarse del sistema de salud actual.

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'Después de las sesiones de trabajo con las EPS, se acordaron los criterios de transformación de estas en Gestoras de Salud, su rol y responsabilidades en el sistema de salud. Esto refleja una transformación concertada que será presentada al Congreso para su discusión en los próximos días', escribió el jefe de Estado.

El nuevo proyecto sería la tercera parte apenas de la pasada reforma a la salud y definiría la destinación de los recursos administrados por la Adres, la organización de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud, los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS, y un nuevo régimen de transición.

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'Naturalmente, esta propuesta de una nueva reforma a la salud será enriquecida con los aportes de los demás actores del sistema, especialmente pacientes, personal de salud y prestadores de servicios de salud, una vez sea presentada para su posterior debate en el Congreso de la República', se lee en el acuerdo suscrito por gremios como Acemi y Gestarsalud y las EPS Coomeva, Sura, Salud Total, Nueva EPS, Compensar, Mutualser y Coosalud.

Sesión permanente de trabajo

El Gobierno y las EPS acordaron el pasado 15 de abril una 'sesión permanente de trabajo' para buscar una salida a la crisis del sector por la intervención de las entidades Sanitas, Nueva EPS y Compensar, esta última por petición propia, ante 'la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia' y en un ambiente de incertidumbre sobre su futuro.

Las tres empresas tienen 18,7 millones de afiliados que equivalen al 37,5 % del total del país.

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El sistema de salud colombiano fue creado por la Ley 100 de 1993, que abrió la puerta para que empresas privadas se constituyeran como EPS.

Estas reciben dinero del Gobierno por los servicios prestados a sus afiliados lo que, en muchos casos, derivó en casos de corrupción que llevaron a la quiebra a muchas de esas entidades y en mala atención a los usuarios.