El Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió el conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Claudia Verónica Patiño Jácome por presunta doble militancia. En una rueda de prensa realizada la mañana de este martes, la candidata a la Gobernación del Atlántico por el movimiento Fuerza Ciudadana indicó que un miembro de la Colombia Humana presentó una demanda contra su candidatura por doble militancia, argumento que la aspirante negó tajantemente.
En su encuentro con los medios de comunicación, Patiño Jácome dijo que esto era una clara persecución política en contra de Fuerza Ciudadana, por lo que el movimiento ya respondió 'con vehemencia' el auto admisorio del Consejo Nacional Electoral.
'Quiero ser enfática al afirmar que no he incurrido en doble militancia, y cuento con pruebas sólidas que respaldan la legalidad de la inscripción de mi candidatura. Seré la próxima gobernadora del Atlántico. Mi compromiso con el departamento es serio y dedicado', afirmó Claudia Verónica Patiño.
En la rueda de prensa dijo que los clanes políticos que manejan las grandes contrataciones primero persiguieron a su esposo Máximo Noriega y ahora están tratando de acabar con su candidatura por la fuerza que está tomando entre los atlanticenses.
'Los clanes políticos, al ver en riesgo las concesiones y las grandes contrataciones que manejan con el Estado, primero persiguieron a Máximo y ahora van por mí, al ver que esta candidatura está creciendo y pone en riesgo sus intereses económicos y burocráticos', aseguró.
También señaló que ha recibido información de que se está fraguando un fraude electoral en Soledad. En ese sentido, recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha identificado irregularidades en la inscripción de 8.195 cédulas en el municipio vecino.
Además, denunció la existencia de un kit de corrupción electoral que contempla la compra y venta de votos a través de intermediarios, conocidos como 'gaticos mochileros' (algunos candidatos a ediles y concejales).
La candidata, en referencia a este kit, solicitó a la Fiscalía, a la Policía y a la Procuraduría que se cumpla la orden del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de capturar a estas mafias compradoras de votos.
El mandatario nacional anunció se pagará al informante de la compra de votos una recompensa del 10 % de lo que se le incaute a la corrupción electoral, es decir una suma que iría entre $1 y $5 millones.
