Paz total: en dos semanas se define su futuro en la Corte Constitucional

Violar el trámite en el Congreso de la República y el no existir un concepto del Consejo de Política Criminal, hacen parte de las razones detalladas de la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que busca tumbar la llamada paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, según el coordinador ponente de este proyecto ante el Congreso, el senador Ariel Ávila, en un plazo de dos semanas la Corte definirá el futuro de la ley 2272 de 2022, por medio de la cual se habilita al Gobierno Nacional hacer acercamientos de paz con organizaciones como disidencias de las Farc, Clan del Golfo y otros grupos armados.

Una de las mayores preocupaciones que surgió con esta nueva postura de la Corte, se basa en el futuro de las negociaciones que se adelantan con el Eln y el cese al fuego pactado con algunos grupos, y ante esto, el congresista de Alianza Verde, Ariel Ávila, explicó en diálogo con EL HERALDO, que los procesos antes expuestos no se verán afectados.

'Esta ley está desde el año 1997, y no solo regula los temas de paz sino que también hay conceptos sobre hidrocarburos y otros temas de alto impacto, por ende esto genera un golpe jurídico durísimo y unos vacíos, pero aun así creo que la mesa de diálogo se puede mantener, incluso la misma figura de cese al fuego', manifestó el senador Ávila a esta casa editorial.

No obstante, puso de presente que a pesar de estas posibilidades existen unas inseguridades jurídicas muy grandes que podrían llevar a una crisis dicho proceso.

'Con el Eln va a comenzar el 3 de agosto el cese al fuego, entonces esto no está en riesgo porque de hecho ya estamos en un proceso pedagógico; con las disidencias está hasta el 30 de junio, pero ellas no han cumplido el cese y es muy probable que el Gobierno no desee continuarlo, pero no por la gestión de la ley sino por el incumplimiento de lo pactado', detalló el congresista.

Camilo González Posso, director de Indepaz, sostuvo por su parte que, no es cierto que la ley de paz esté en contra de la Constitución y por el contrario responde al interés supremo a la paz.

'Esa ley por su contenido y por su forma está ajustada al derecho. En sus procedimientos no hay nada extraño, en otras épocas ya se había hecho en Colombia, y autoriza al Presidente de la República para diálogos de paz con unos grupos y con otros para procesos de sometimiento a la justicia', manifestó Camilo González Posso.

Además, sostuvo que, en cuanto a su aplicación, 'el resultado valorado por la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz, es que se han salvado vidas. El cese al fuego ha sido un desescalamiento de conflictividades incluso en todas sus vicisitudes, el solo diálogo hacia el cese al fuego ha implicado salvar vidas y eso no puede ser ignorado. La Corte puede modular algunos aspectos que considere que lo merecen, pero de ninguna manera ir en contra de la paz o tumbar esta ley que necesita el pueblo colombiano'.

Desde su punto de vista el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, y quien también es miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, aseveró estar en desacuerdo con los argumentos presentados para tumbar esta ley.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, toda esta situación deja una gran enseñanza: 'del afán no queda sino el cansancio. En su momento advertimos públicamente que la ley de Orden público o más conocida como ‘Paz total’ tenía graves vicios de trampa, entre otras cosas porque se violó el principio de consecutividad, que no es más que todo lo que está en el texto, debió haber sido debatido y lamentablemente no se cumplió'.