Reforma a la salud: radican ponencia para segundo debate

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue radicada la ponencia para el segundo debate de la reforma a la salud.

De acuerdo con el congresista, está todo listo para defender el proyecto desde la plenaria de la Cámara, y aseveró además que, 'acabamos de radicar ponencia positiva para segundo debate de la reforma a la salud, estamos listos para ir a plenaria de Cámara a defender el proyecto. No nos pidan que la salud siga siendo un negocio'.

Cabe resaltar que este anuncio se da en medio de distintas polémicas por el impacto negativo que podría tener esta iniciativa en el país. De hecho, el movimiento ‘Pacto Nacional por un mejor Sistema de Salud’ anunció que han recogido más de 90 mil firmas para hacer un llamado de atención al Gobierno Nacional y además, solicitar el retiro de dicho proyecto de ley para avanzar en la construcción de una mejor iniciativa para todos los colombianos.

A través de un comunicado, agremiaciones como la Andi y ciudadanos en general, han expresado su preocupación por el texto aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que si bien contiene algunas mejoras, como la eliminación de los fondos regionales, plantea cambios al sistema, que son regresivos en la garantía del derecho fundamental a la salud para todos los colombianos.

A esto se le suma que, desde Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud, también se aportaron importantes análisis que advierten sobre los riesgos de corrupción en la reforma a la salud.

Entre ellos, destaca que los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, a la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas.

Este informe también detalló que, la revisión de 67 casos de corrupción en el sector salud registrados entre 2016 y 2020, indica que las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo, privado y político, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados.