El nuevo articulado de 58 puntos de la Ley Anticontrabando espera esta semana la sanción del presidente Juan Manuel Santos para empezar a regir como ley de la República, pese a las multitudinarias protestas que suscitó en varias ciudades del país entre los pequeños comerciantes. Esta semana fue aprobado en cuarto y último debate en la Cámara y la conciliación en ambas plenarias.
La disposición con la que según el Gobierno se pretende combatir este fenómeno que afecta 'la competitividad, el desarrollo y el empleo' en el país, tiene cinco frentes: el endurecimiento de las penas y los tipos penales, la unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito Capital, varias modificaciones en las leyes comerciales para mejorar la información sobre la actividad empresarial, el fortalecimiento de la Dian, Polfa, Uiaf, Invima e ICA y la conformación de una comisión interinstitucional que opere como rectora de la política anticontrabando.
Efectos sobre la economía. De acuerdo a lo que ha advertido el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el contrabando afecta a la economía en tres sentidos: 'estimula y financia organizaciones criminales, las cuales tienen, a su vez, un efecto negativo sobre las actividades productivas en las diferentes regiones del país; afecta el empleo y la productividad, pues obliga a los productores nacionales del agro y la industria a enfrentar una competencia desleal; y al no pagar impuestos, limita las capacidades del Estado de llevar a cabo políticas sociales y de fomento de la actividad productiva'.
Las sanciones
Para el contrabando de mercancías, las penas de cárcel aumentan hasta en 4 años, pues actualmente contemplan de 3 a 5 años cuando la mercancía sea de cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($32 millones), y de 5 a 8 años cuando la cuantía sea mayor a 200 salarios mínimos ($128 millones) (ver infografía).
Ante la magnitud del contrabando de hidrocarburos, se propone en la disposición duplicar las penas de prisión para el contrabando de más de 80 galones (actualmente ocasiona 8 años).
Toda vez que la participación de los funcionarios públicos en el contrabando dificulta la lucha contra este fenómeno, la medida corrige el hecho de que el código penal actualmente solo prevé pena de prisión de 8 años cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos, lo que significa que en cuantías inferiores los servidores públicos actualmente solo deben pagar una multa.
Además, la Ley Anticontrabando aumenta hasta en la mitad la pena para el delito de receptación (venta o adquisición de productos de contrabando) respecto de productos especialmente sensibles para la economía, como arroz, papa, cebolla, huevos, medicamentos o vehículos, entre otros.
También, para quien facilite el desarrollo y la expansión del contrabando, como el transporte, embarque, distribución, comercialización o venta de mercancías ingresadas de contrabando, la pena de prisión pasa de 1 a 5 años a de 3 a 6 años.
Uno de los puntos clave es que se incluye como conducta constitutiva de lavado de activos el contrabando, y la pena de prisión pasa de 6 a 15 años a de 10 a 30 años.
Igualmente, se modifican en el articulado los agravantes y con el aumento de penas se impide la aplicación de medidas que permitan la excarcelación y la detención domiciliaria.
Las nuevas medidas
Además del endurecimiento de penas, entre lo nuevo que trae la ley se destaca el tema de la unificación del impuesto al consumo, ya que actualmente cada departamento tiene su propio régimen sancionatorio, con multas y sanciones diferentes, lo que permite la elusión y evasión de este impuesto, que se aplica sobre cigarrillos y licores.
El Ministerio de Hacienda explica que 'esta ley unifica el tipo de sanciones aplicables, las reglas para el decomiso de mercancías, y las condiciones de la suspensión o cancelación del registro o autorización de operaciones'.
Dentro de las sanciones que se unifican se incluye sanción por no declarar el impuesto al consumo, por importación con franquicia sin pago de este impuesto, por extemporaneidad en el registro, por no movilizar mercancías dentro del término legal, y por no radicar tornaguías para legalización.
Se incluyen entonces medidas para conductas que impliquen evasión al impuesto que grava el consumo de cervezas, sifones y refajo, licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillo y tabaco elaborado. Sería castigada con decomiso de mercancía, multa, cierre de establecimientos de comercio y suspensión o cancelación definitiva de las licencias.
Finalmente, se modifica el Código de Comercio en cuanto a obligaciones del comerciante y del revisor fiscal para que revelen situaciones asociadas al contrabando. De esta manera, los revisores fiscales deben reportar a la Uiaf operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones.
‘Dientes’ a las instituciones
La disposición, de acuerdo al Gobierno, fortalece las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando, como la Dian, Polfa, Uiaf, ICA e Invima, facilitando los intercambios de información, fortaleciendo los laboratorios para la realización de pruebas técnicas, y promoviendo la articulación de procedimientos y protocolos para el aseguramiento de elementos materiales probatorios o evidencia física.
El ministro Cárdenas señala que, por ejemplo, 'la Uiaf ahora podrá seguir las cuentas bancarias de quienes presuntamente estén participando en actividades de contrabando y esa información bancaria es muy útil como prueba en todos los procesos penales en la Fiscalía'.
También se le da competencia a la Uiaf para conocer de asuntos de contrabando como acto constitutivo de lavado de activos.
En el caso de la Polfa, se le otorgan facultades adicionales y se le encarga la coordinación de las actividades operacionales contra estructuras criminales asociadas al contrabando.
De otro lado, en aras de modernizar los sistemas de aduanas nacionales se ordena la estructuración de un plan de adquisiciones y reposiciones de equipos. Y el control en los puntos de aduanas se estructurará mediante escáneres no invasivos para la labor de importaciones y exportaciones.
En el mismo sentido, se ordena a la Dian, ICA, Invima y a la Superintendencia de Industria la preparación y presentación de un informe de diagnóstico sobre el estado de los laboratorios técnicos de control, con el objetivo de modernizarlos.
Los nueve acuerdos
En medio de las protestas de los pequeños comerciantes y los sanandresitos que advertían que la ley los afectaba ya que podían quedar como contrabandistas por las altas sanciones, una subcomisión de congresistas y los ministros de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, y de Hacienda, se reunieron con ellos y lograron conjurar la crisis con 9 acuerdos.
Entre estos acuerdos se destacan la reducción del contrabando técnico (por trámites fraudulentos), una mayor formalización del sector, la posibilidad de que los consumidores finales tengan mejores precios, un tiempo de socialización de la reglamentación, la revisión de restricciones administrativas que les impiden importar directamente productos y la eliminación de monopolios de comercialización.
Además, se busca abrir espacios a créditos: 'El Gobierno a través de sus entidades crediticias y de fomento facilitará instrumentos financieros y de cooperación técnica a los pequeños comerciantes para fortalecer su capital de trabajo y optimización operacional'.
