La sorpresiva, y para algunos explosiva, entrevista que el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso concedió a la Cadena Caracol Radio puso de nuevo sobre el tapete uno de los temas más difíciles no solo para el ejercicio periodístico, sino para la misma actividad judicial.

Y ello es así porque un personaje de esa calaña siempre generará dudas sobre las verdaderas razones de sus intempestivos ataques de sinceridad y el riesgo que implica para una cadena radial tan seria y respetable como Caracol Radio el poder terminar convertida en caja de resonancia de denuncias sin fundamento o de resentimientos de quien se sabe que jamás tuvo reato de conciencia para asesinar o desplazar, mucho menos podrá tenerlos para no mentir. Pero también es indudable que el testimonio, la declaración o la entrevista del hombre que estuvo al mando de la más poderosa maquinaria de guerra del país tiene un valor intrínseco en sí mismo, ya sea como exclusiva periodística, documento histórico, testimonio judicial y -cómo no- como hecho político.

Por todo ello hay que ser muy cuidadoso a la hora de valorar las declaraciones de Mancuso. ¿Cuáles son las razones políticas que tuvo para hablar allá y ahora? ¿Qué objetivos persigue? ¿A quién quiere perjudicar o favorecer con sus declaraciones, que deben ser medidas no solo por lo que dice sino por lo que calla? En otras palabras, aseveraciones como las que hizo Mancuso a Darío Arizmendi y a su equipo de trabajo, entre ellos a Gustavo Gómez, Diana Calderón y Érika Fontalvo, entre otros, deben ser analizadas con beneficio de inventario y teniendo muy presente el talante del entrevistado.

¿Gran revelación o simple cuenta de cobro?

Mancuso terminó contándole a Caracol Radio muchas cosas que se sabían en Colombia, ya sea por declaraciones suyas allá o acá a delegados de la Corte Suprema de Justicia, o por informaciones suministradas por algunos de sus secuaces o sus subalternos. La presentación de los temas por su parte, intentando en muchas ocasiones llegar a conclusiones para tratar de confundir a la audiencia, hace pensar que sigue sin jugar todas sus cartas. Mancuso pretende confundir cuando habla de colaboración a su grupo criminal cuando de lo que se trata es de una simple extorsión; o cuando habla de una visita voluntaria cuando se sabe que lo que hubo fue una intimidación a punta de fusil. De lo dicho, lo que sí resulta una bomba es su supuesto encuentro con Álvaro Uribe, pues jamás el exjefe paramilitar había reconocido la existencia de esa presunta reunión. Hay sí testimonios y videos de políticos que terminaron encarcelados por sus vínculos con los paramilitares -entre ellos Rocío Arias y Carlos Clavijo- quienes respaldaron en la plaza pública la candidatura presidencial de Uribe. Mancuso deberá probar en estrados judiciales todo lo dicho a Caracol Radio.

¿Por qué se despachó Salvatore Mancuso?

Cuando Álvaro uribe tomó la decisión de extraditar a los jefes paramilitares, estos se fueron a los Estados Unidos gritando que habían sido traicionados por el Gobierno, que, según la versión oficial, decidió actuar así en retaliación por la falta de colaboración con Justicia y Paz. La oposición política, sin embargo, siempre ha sostenido que esa decisión la tomó el Gobierno para acallar la verdad que todos esos personajes tenían para contar, respecto a las nefandas relaciones que se dieron entre políticos y paramilitares. Desde entonces se han negado a colaborar con la justicia colombiana. Por qué lo hace ahora, precisamente cuando en el Congreso se tramita una norma que han denominado ‘Marco Jurídico para la Paz’, que buscaría crear condiciones normativas para supuestas situaciones de impunidad para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Esa coyuntura puede ser la razón para que ahora salga Mancuso a hablar y a reconocer lo mismo que negó en el pasado. Su apuesta apuntaría hacia el Marco Jurídico para la Paz.

La estrategia perversa de untar a todos

En sus declaraciones a Caracol Radio es evidente el afán de Mancuso por tratar de edificar otra vez la teoría de que la mayoría del país está comprometido por acción o por omisión en la existencia y actuaciones de los grupos paramilitares. En esa perspectiva -de acuerdo al planteamiento maquiavélico de Mancuso a Arizmendi y a su equipo- de lo que se trató todo lo acontecido con los grupos paramilitares fue de un gigantesco proceso de legítima defensa de la sociedad que se encontraba agobiada por las acciones terroristas de los grupos guerrilleros y dejada a su suerte por el Estado. Es decir, según se deduce de las afirmaciones de Mancuso y del cálculo político que acompañó todas y cada una de sus palabras, si todos somos culpables, desde el presidente más popular en la historia de país (Álvaro Uribe), los empresarios más representativos e influyentes, los militares más condecorados y hasta simples ciudadanos, entonces significa que no es un problema penal, sino social. Por consiguiente las culpas no serían personales sino colectivas.

No seguir empoderando a los jefes paramilitares

En su firme propósito de desmantelar a las organizaciones políticas que tuvieron tratos con los grupos de autodefensas, la Corte Suprema de Justicia cometió el error histórico de empoderar a los desmovilizados del paramilitarismo, otorgándoles una especie de patente de corso para que con sus dichos terminen decidiendo sobre la vida de muchos colombianos a quienes ellos tienen el poder de comprometer a discreción en cualquier actividad al margen de la Ley y en delitos de tanta gravedad que cualquier persona de mediana edad, no solo los políticos, corre el riesgo de poder terminar por el resto de sus días en una cárcel. Para ello solo se requiere del testimonio de un jefe paramilitar quien tiene el enorme poder de decidir sobre la suerte de cualquier persona. Al referirse al testimonio de Mancuso, el procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que se trata de un bandido y que esa condición no puede perderse de vista a la hora de analizar el alcance de sus afirmaciones. Ello no significa, por supuesto, que las mismas sean descalificadas de plano. Significa que precisamente por provenir de quien provienen hay que recibirlas con beneficio de inventario.

Análisis
Óscar Montes
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes