La reforma judicial, que durante 2 años fue presentada a los colombianos como la gran panacea contra los males de la justicia, se hundió sin contemplaciones en dos días. Pero tras el naufragio de este mal poema al tiempo perdido y al esfuerzo desperdiciado, salió a flote la dignidad nacional, que no tuvo que llevar a la práctica ni un referendo ni ninguna otra medida de fondo: con los dedos bastó.
Digitando teclados de computadores y teléfonos inteligentes, los colombianos se hicieron sentir de tal manera que hicieron parecer fácil algo tan difícil como es lograr que lo más granado de los tres poderes reculara de una fina manguala política.
Ayer, antes del mediodía, ya la Cámara y el Senado habían hundido el polémico acto legislativo. 117 de los 166 representantes a la Cámara que tiene el país, y 73 de los 102 Senadores, aprobaron el hundimiento y le concedieron al ‘twitterazo’: un mecanismo participativo de sorprendente agilidad, si tenemos en cuenta que el referendo hubiera tomado por lo menos dos años.
Las sesiones extras de ayer y anteayer constaron de dos partes: una larga tanda de discursos, presenciada en vivo y en directo por millones de colombianos y en la cual la mayoría de los parlamentarios no logró disimular la particular condición en que se encontraban: denotaban arrogancia, autosuficiencia, se autoproclamaban víctimas de una ofensiva mediática, defendían el contenido de la reforma, negaban los evidentes 'micos', señalaban al gobierno de haberlos traicionado, expresaban dudas sobre el procedimiento en que se hallaban embarcados y muchos de ellos, de labios para afuera, no parecían dispuestos a hundir la enmienda constitucional.
Luego vino la segunda parte, la de ayer, en la cual, contra toda palabra y actitud anterior, uno a uno, voto a voto, los parlamentarios demostraron cuán vasallos eran de la voluntad popular, en un país que durante una semana vivió su propia primavera, ambientada por los cantos de un pajarillo cibernético: Twitter fue la clave, al punto de que el ave azul resultó mucho más expedito ue el recurso contemplado por la ley, el de un referendo e incluso, la amenaza de una revocatoria de mandato.
En la tarde de ayer, cuando los goles de Balotelli parecían haberse tomado la agenda pública del país, y ya poco se hablaba de referendo, el escaso prestigio del Congreso yacía irremediablemente hundido junto con la reforma, más aún cuando conocíamos ciertas escandalosas cifras, como la de que cada parlamentario le cuesta a los colombianos $1.000 millones de pesos anuales.
Pero ya al menos quedaban neutralizados los puntos insólitos de la reforma: los secretarios de ambas corporaciones dejaban de convertirse en aforados, los parlamentarios y altos funcionarios ya no se beneficiarían con enormes ventajas judiciales, y —mal que bien— se recuperaba la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual estaba quedando reemplazada por un mal peor: el manejo del multimillonario presupuesto de la justicia en manos de un solo funcionario, de por sí cuestionado por la Contraloría. No hablar de otros puntos polémicos que a última hora eran sacados goteantes del naufragio y exhibidos a la opinión pública entre el material de salvamento, como la facultad a notarios y abogados para ejercer funciones de descongestión.
Quedaron entonces en evidencia los parlamentarios como no lo habían estado ni en las épocas más hirvientes de la séptima papeleta, que los castigó severamente y dio pie a la Constituyente del 91. El gobierno, en cambio, al que vimos promover a los cuatro vientos la reforma durante el último año, pareció salir menos debilitado. ¿Un espejismo? Si el Congreso debió tragarse toda su soberbia, sometiéndose a una paliza por parte de la opinión pública, al menos ningún congresista perdió algo tangible y concreto como su cargo. El gobierno, por su parte, entregó en bandeja de plata la cabeza del Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Para ser más exactos: el gobierno sufrió, el Presidente no tanto.
Pero si el Presidente logró que funcionara su compleja maniobra de lavado de manos, es cierto también que el oxígeno político obtenido no será de largo aliento.
Se hundió, junto con la reforma, la armonía de la Mesa de Unidad Nacional, espacio de confluencia política que a Juan Manuel Santos le había funcionado como una aceitada maquinita, logrando aprobar iniciativas tan controversiales como el Marco para la Paz.
De aquí en adelante, y tras haberle apostado parte de su capital político a la posibilidad de convertirse en el gran reformador de la historia de Colombia, las aguas serán tempestuosas en la relación Gobierno-Congreso, sitiada por la desconfianza y el resentimiento. Ayer mismo eso se hizo evidente, cuando los congresistas le negaron el uso de la palabra al Ministro de Interior. ¿Será ello el fin de iniciativas pendientes como la reformas tributaria?
Eso poco parece importarle al ciudadano que impuso su ‘trinocracia’, que firmó masivamente por el referendo o que acudió al plantón de la Plaza de Bolívar. Y aunque aún se escuchan voces que reclaman revocatoria del mandato para los congresistas, la rebelión parece consumada por efecto del éxito.
¿Qué viene ahora para un movimiento ciudadano que ni siquiera líderes claros tuvo y que logró dejar en la misma orilla, por una semana, a Iván Cepeda y Álvaro Uribe?
La sensatez llamaría a la definición de un proyecto político cuyos cimientos fundacionales se levanten sobre la indignación y el hastío y que quizá logre algún efecto en la largamente ansiada depuración de las costumbres políticas colombianas. Pero algo así ni se vislumbra, ni está claro, ni es fácil de organizar.
Lo sustancial de ahora en adelante es que —por más poder que acumulen, por mucho que logren elegirse cada cuatro años mediante la activación de sus maquinarias— los políticos han aprendido que la ciudadanía los tiene domados con la yema de sus dedos.
Análisis de Ernesto McCausland Sojo
