Juzgar con las leyes de su pueblo indígena es lo que pide el gobernador de la etnia Chimila, Víctor Alfonso Rojano Jiménez, a las autoridades ordinarias, sobre uno de los responsables de la muerte del menor de 13 años que fue hallado con signos de violencia y desnutrición severa el pasado 23 de octubre en jurisdicción de Gaira, en el sur de Santa Marta.
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Su padre biológico, Juan Carlos Jiménez Granados y María Tomasa Montenegro Pacheco, madrastra del fallecido, fueron enviados a la cárcel tras la decisión de un juez, por encontrarlos responsables por los delito de tortura y homicidio agravado.
Según el regente indígena, el papá del menor, por pertenecer a la etnia, debe ser sometido a los lineamientos jurídicos de su cultura, por lo que solicitan que 'se escuche el llamado de la organización y que revise la jurisdicción especial indígena, la cual consiste en que cuando un compañero nuestro cometa un delito, debe pagar la pena de cárcel o el castigo dentro del territorio'.
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Por otro lado, indicó como autoridad de su pueblo que claman a la justicia ordinaria que entreguen al compañero. 'Él debe ser ajusticiado por la propia ley que es la que tenemos nosotros, tenemos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y esperamos que haya una audiencia muy pronto donde estaremos con todos los argumentos del gobierno propio, apelando, demostrándole al juez que tenemos una ley, la cual hoy exigimos', aseguró el Gobernador indígena.
Finalmente, manifestó que tienen varios modos de castigar ante estos delitos y espera que el caso no quede en impunidad, no sin antes esperar que su petición sea aceptada.
'Uno de esos es el territorio por cárcel. Sin Embargo hay que escucharlo a él y al otro niño para saber la verdad, porque tenemos conocimiento que él no lo maltrataba, pero si la compañera de él. Esperamos que acepten nuestra solicitud y que el caso no quede impune', aseveró.
