Control Urbano desaloja a 50 familias de zona de riesgo de El Rubí
Durante operativo, la Oficina de Espacio Público demolió 37 viviendas. Afectados señalan que no fueron notificados con tiempo. No es primera vez que despejan el terreno.
En un operativo realizado en la zona de El Rubí, carrera 38 entre calles 82C y 84, fueron desalojadas ayer 50 viviendas –de estas demolieron 37– por estar construidas un “área de riesgo no mitigable”.
La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público explicó que las demoliciones fueron ordenadas porque las casas no tenían licencias de alguna Curaduría Urbana y por encontrarse, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en una zona para “parque ladera” y que fue clasificada como “lote no urbanizable”.
Las familias desalojadas cuestionan el operativo con el argumento de que son compradores de “buena fe”. Una de ellas aseguró que su predio lo negoció con Luis Hernández Gores, quien fue asesinado el 4 de agosto en el barrio Me Quejo, al suroccidente de Barranquilla.
Henry Cáceres, secretario de Control Urbano, señaló que desde 2015 la ciudadanía sabía que no se podía construir en estos terrenos. Agregó que la orden administrativa de demolición “está dictada desde el año pasado porque las casas están construidas en zona de amenaza y donde nunca se podrá construir”. El acto administrativo lo soporta la Resolución 2051 de 2014.
Los afectados
Ángel, uno de los desalojados, observaba el operativo a través de la reja blanca y oxidada de la puerta de su casa. Veía la retroexcavadora que tumbaba la vivienda que estaba frente a su terreno. Acongojado puso candado y aseguró que no saldría. Adentro estaban también su esposa Madelaine y sus dos hijos menores de edad.
Al igual que él otras 49 familias sintieron preocupación porque Control Urbano les anunció el miércoles en la noche que serían desalojados de El Rubí. El padre de familia de 32 años expresó que no sabía que podían sacarlos de un terreno que él pensaba que era suyo. “Estábamos ignorantes del tema. Compramos confiados de que esto era legal, con papeles y todo”, explicó.
Su casa, hecha con cemento, varillas y ladrillos rojos tiene una sala, un baño y un cuarto en un espacio de 14 metros de largo por 9 metros de ancho. Aseguró que pagó $12 millones por la propiedad y en los 3 años que lleva habitándola le ha invertido más de $18 millones.
“Esto es algo que está bien hecho, bien construido, no es cualquier cosa. Lo hicimos para un futuro”, dijo Ángel mientras observaba, en silencio y con lágrimas, a sus dos hijos que comían un poco de huevo cocido. Angustiado rezaba para que ningún funcionario se acercara a notificarle que su casa era la próxima a demoler.
Mientras esperaba contó que si lo sacaban volverá a repetirse la historia de su vida: “Ser desplazado”. Lo fue en 2003 cuando los paramilitares lo sacaron de su pueblo Bahía Honda, Magdalena. “Mataron a un tío mío y nos amenazaron para salir; se llevaron los pocos animales que teníamos y lo poquito que nos quedó lo vendimos”, recordó.
Antes de llegar a El Rubí vivieron en Villa Catanga arrendados, de donde salieron para construir en El Rubí.
Sin vivienda
Mientras el personal del Distrito iba casa a casa sacando los enseres, aumentaba la angustia y los temores de las familias.
Gritando desde el interior de su vivienda una mujer agarró con la mano derecha el cerrojo de la puerta para evitar que uno de los operarios no la rompiera. Nerviosa les decía que adeuda parte de lo que ha invertido en el hogar que comparte con su esposo y dos hijos. Por el lote, dice, pagó $12 millones y ha gastado $28 millones en “cimientos, mano de obra y materiales”.
“Estamos endeudados por esta casa, si nos vamos quedaremos en la calle”, exclamaba. El lote también se lo compró a Hernández Gores.
Otilia Ibáñez fue la primera desalojada. Se preguntaba, sentada bajo la sombra de los pocos elementos que le quedaron, cómo hará para vivir. Su dilema radicaba en que llegó de su natal Cartagena hace un año y hace siete meses vivía en esa casa. “Nunca me dijeron el riesgo que había en este lugar”, expresó. Modista, de 58 años, alcanzó a pagar $4 millones por la vivienda. “Ahora será buscar una casa en arriendo y tratar de recuperar lo poco que quedó. Es feo porque nos dejan indefensos. Esta es una tormenta, pronto llegará la calma”, confió Ibáñez.
La Secretaría de Control Urbano dijo que el operativo terminó a las 3:30 p.m., reafirmó que no permitirá que esa zona sea utilizada para construir casas debido al riesgo que allí existe, pues sería dejar expuestas a las familias que habiten el área.
