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Sama denuncia robo de sal y que están al borde de la quiebra

Los directivos del complejo minero y trabajadores, bloquearon la entrada y salida de Manaure para pedir acompañamiento y protección.

Desde las siete de la mañana de este sábado las carreteras que comunican a Riohacha con Manaure y a Uribia con el mismo municipio, permanecieron bloqueadas por camiones que trabajan en el transporte de sal dentro de las instalaciones de ese complejo minero y los transportadores que llevan el mineral a las ciudades cercanas pidiendo garantías para poder trabajar.

Los transportadores decidieron apoyar la causa de la empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama), quienes sostienen que un grupo de ciudadanos que se han puesto al margen de la ley, están sacando la sal de manera irregular y la venden en los centros urbanos de Maicao, Uribia y Riohacha, impidiendo que la empresa que está en un proceso de reactivación, pueda obtener los dividendos necesarios y fortalecer su infraestructura.

Los han estado hostigando

“No nos han dejado trabajar, no hemos podido organizar la empresa como lo tenemos planificados porque unas ocho personas están obstinadas en perjudicar a toda la población, se presentan como dueños del territorio donde están los cristalizadores del mineral y sacan camionadas para vender sin que haya autoridad posible que lo impida”, dice Daniel Robles Smith, el nuevo gerente de Sama.

En solo dos meses esas personas han protagonizado seis bloqueos a la zona donde se está produciendo la sal, impidiendo que los trabajadores desarrollen su actividad, según refiere el gerente de Sama la que remplazó a Big Group, una firma particular que ganó la convocatoria para operar la Salina de Manaure y que terminó saliendo del territorio, al ser afectada con una manipulación igual a la de ahora y con los mismos robos.

“Estamos solos y a merced de lo que quieran hacer estas personas que causan un daño muy grande a todos los habitantes de este municipio donde el 90% de la población ha vivido tradicionalmente de lo que se produzca en la sal”, dice el gerente de sama al referirse a los 50.000 habitantes de ese municipio.

Piden la presencia del gobernador

Arleny Alvarado Epiayú, una de las lideresas de la zona y quien hace parte de la directiva de Sama sostiene que están perdiendo la más importante oportunidad para que sean los mismos hijos del municipio los que lideren la recuperación de la empresa.

Dice que no pueden continuar en medio de bloqueos donde cualquier persona que se dice accionista de la empresa, cuando amanece de mal humor bloquea las instalaciones e impide el trabajo de todos.

“Ahora somos nosotros mismos los que estamos bloqueando las vías de acceso pero a todo el municipio, lo estamos haciendo para terminar de una vez por todas con los problemas que nos aquejan, lo estamos haciendo para que el gobernador y alcalde nos respalden y nos ayuden, es para que la Policía y el Ejército, acudan en defensa de nuestros intereses cuando lo requerimos y no continuar como hasta ahora, que no se producen acciones efectivas de protección cuando se están saqueando la empresa”, dice Arleny Alvarado.

Hasta cuando se resuelva

La lideresa indicó que ese bloqueo al municipio lo mantendrán hasta cuando llegue el gobernador Nemesio Roys Garzón y el alcalde que ha designado este. Queremos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y Contraloría, pero sobre todo, queremos que venga la Fiscalía con sus investigadores, porque aquí se están cometiendo muchos delitos, no es posible que tengamos que soportar conductas como la de darle dinero a los que hacen los bloqueos para que puedan despejar las instalaciones, no es posible que los camiones cargados de sal pasen frente a la sede de la Policía y estos no proceden de conformidad, es por eso que esta vez llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró la mujer que representa un amplio sector de los accionistas de la golpeada Sama.

Los protagonistas de la toma de las vías y las mismas instalaciones de las áreas productivas indicaron que  solo se retirarán cuando  el alcalde el comandante de la Policía y el Ejército, les garanticen un acompañamiento y protección de los derechos de la empresa y sus directivos.

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