Líderes y autoridades tradicionales wayuu han denunciado que una familia tomó el control de las instalaciones del internado indígena que está en el corregimiento de Siapana, en la Alta Guajira.
Damian Román Morales González, autoridad tradicional de Siapana, explica que la familia Ipuana cambió las cerraduras y los candados para impedir el ingreso de la rectora Yineth Zamudio, porque afirman que no están de acuerdo con algunas de sus actuaciones.
Argumentan que se inmiscuye en las decisiones internas creando divisiones e interviene en las disputas entre clanes y que además tiene injerencia en la selección de los operadores del PAE.
Así lo expresaron en una comunicación enviada al ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y a la secretaría de Educación de Uribia.
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Morales afirma que es inaudito que una familia tome posesión de una infraestructura, donde se encuentra el internado con el argumento de que es su territorio ancestral, el cual fue cedido en su momento para que se construyera el centro educativo y desde entonces se ha venido proyectando hasta constituirse en una de las sedes más fortalecidas en la Alta Guajira.
'Eso ha sido posible con el esfuerzo y la participación de todos, dónde precisamente la rectora Yina ha contribuido con alma y corazón para llegar al sitial donde se encuentra la institución en la actualidad', manifiesta.
Agrega que 'el trasfondo de estos lamentables hechos no es la lucha reivindicativa y la autonomía territorial, es la lucha por el poder y la ambición de una familia que desde hace algunos años se ha lucrado del internado, sin importarle la calidad en la educación y el bienestar de los estudiantes. Con prácticas cuestionables como si el antro educativo fuera su finca familiar, manejando con nepotismo y carácter dictatorial al interior del Internado de Siapana'.
{"titulo":"Comunidades wayuu levantaron la protesta en el parque eólico ","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/se-levanta-la-protesta-en-el-parque-eolico-guajira-1-881319"}
Indica que esta edificación fue construida con recursos del estado y como tal son bienes públicos, 'el gobierno municipal debe entrar a mediar y dirimir este deplorable espectáculo donde se anteponen los intereses personales por encima del bienestar de la comunidad educativa'.
Explica que son 28 sedes educativas que tiene el internado en la Alta Guajira y que son representadas por igual número de autoridades tradicionales, que son quienes deben decidir si se ratifica o se destituye la rectora actual.
'Se hace necesario una asamblea extraordinaria de autoridades, dónde se exija una rendición de cuentas e informe de gestión y si en realidad existen argumentos y pruebas sobre la acusación contenida en el oficio, la secretaría de Educación si procede a la apertura de proceso disciplinario, ese es el deber ser, el debido proceso y luego si revisar las hojas de vida y perfil de los postulados a la rectoría con previo aval de la mayoría de las autoridades por consenso', explica.
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