El desvío del ‘Bruno’ divide a los guajiros

Cerrejón cambiará en 700 metros el cauce del arroyo para mantener su producción anual. Comité Cívico de La Guajira lucha por evitarlo.
Este tramo del arroyo ‘Bruno’ sería desviado con el proyecto de Cerrejón.
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La Guajira
Cerrejón cambiará en 700 metros el cauce del arroyo para mantener su producción anual. Comité Cívico de La Guajira lucha por evitarlo.

 Las obras de desviación del arroyo ‘Bruno’ en La Guajira por parte de la empresa Cerrejón tienen enfrentados a la multinacional con los miembros del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira. El ‘Bruno’ es una microcuenca que está en los límites entre Albania y Maicao y desemboca en el río Ranchería.

Mientras las directivas de dicho comité aseguran que el desvío de ese cuerpo de agua, que se encuentra dentro de los predios de la multinacional, afectará a las comunidades indígenas que sobreviven de la pesca, el Cerrejón afirma que las obras son necesarias para sus operaciones y que están contempladas en los proyectos mineros aprobados desde 1998.

Según la empresa carbonífera, las obras consisten en mover un tramo de 700 metros al norte para protegerlo del avance de la operación y con el fin de mantener la producción de 35 millones de toneladas de carbón al año.

Gabriel Bustos director del  Departamento de Gestión Ambiental y Proyectos Especiales de la compañía, explica que esta operación también está contemplada en el Plan de Manejo Ambiental aprobado en el 2005. Además, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, dieron el permiso para la ejecución del proyecto.

En Defensa del arroyo. Felipe Rodríguez, presidente del Comité, sostiene que “en La Guajira no permitiremos que Cerrejón desvíe ningún río ni arroyo para explotaciones de carbón”, pues un problema similar se presentó con la desviación del río Ranchería.

El dirigente aseguró que “hay que ponerle freno a esto, porque no vamos a dejar que esta empresa siga interviniendo los recursos hídricos del departamento”.

Ante esta posición, Gabriel Bustos manifiesta que adelantaron el proceso de consulta previa con la comunidad indígena de Campo Herrera, la única que fue certificada por el Ministerio del Interior, sobre su ubicación en la zona de influencia del proyecto.

Esta certificación se expidió en noviembre del 2012, por una solicitud de Cerrejón en el marco del proyecto “Modificación de cauce parcial del arroyo Bruno alternativa 1A”.

El ministerio también certificó que al analizar las prácticas cotidianas, se encontró que un sector de la población tiene como actividad la pesca en el arroyo Bruno, “por lo cual ante los inminentes cambios en la dinámica natural del cauce de dicho arroyo, se podría generar una afectación directa a la pesca tradicional de los indígenas”.

A la reunión de protocolización de la consulta previa  asistieron funcionarios de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio, representantes y autoridades tradicionales de la comunidad wayuu, delegados de la Personería, Procuraduría, Corpoguajira y representantes de las empresas Cerrejón e  Ingetec.

Acuerdos. El Ministerio informó que en esa oportunidad se llegaron a algunos acuerdos sobre el proceso consultivo, los impactos y medidas de manejo identificadas, como la implementación de programas de manejo de fauna terrestre, ecosistemas acuáticos y de coberturas vegetales, la vinculación de mano de obra de la comunidad a los trabajos del proyecto y la implementación de un programa de fortalecimiento productivo dirigido a mejorar las condiciones de subsistencia agropecuaria de la comunidad, entre otros.

En esta comunidad indígena hay 23 familias conformadas por unas 110 personas, que según Cerrejón van a poder continuar con la pesca sin ninguna dificultad.

“El nuevo cauce busca reproducir el hábitat que hay en el original, tendrá la misma calidad y cantidad de agua, permitirá dar continuidad a la pesa y se recreará la vegetación, los canales, las piedras y toda la flora y fauna que hay ahora allí”, afirmó Horacio Plata gerente de Proyecto Minero en la compañía.

Adicionalmente, Cerrejón dice que ya tienen una propuesta de compensación para mejorar la oferta hídrica en la región que será expuesta a Corpoguajira.

“Trabajaremos en la cuenta alta del arroyo, cerca de la reserva forestal Montes de Oca para proteger esta zona”, afirmó Gabriel Bustos.

“Nadie puede ‘fabricar’ nuevos acuíferos”. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, ha rechazado enérgicamente el proyecto de Cerrejón sobre el ‘Bruno’.

La organización sindical afirma un estudio revela que este es un cuerpo de agua permanente. “Los datos adquiridos en el IDEAM muestran la presencia de caudal en todos los meses del año y en su recorrido emerge en varios sectores, es decir, no es visible en todas las áreas que abarca su cauce, sin embargo esto no quiere decir que este no sea un curso de agua permanente como lo afirma el Cerrejón”, indica el sindicato.

Helí Arregocés, miembro del sindicato, afirma que además el desvío de fuentes hídricas es una práctica abolida en el mundo, pues la experiencia dice que los ríos y arroyos buscan retornar a su antiguo cauce. “Una fuente hídrica no es solo lo que se ve por arriba, pues debajo están los acuíferos que la nutren. La naturaleza reservó para sí ese privilegio. Nadie puede “fabricar” nuevos acuíferos: Cerrejón tampoco”, puntualiza.

Se reducirían empleos: Cerrejón. Para iniciar este proyecto a Cerrejón solo le falta la aprobación de Corpoguajira, entidad que deberá dar el permiso para el aprovechamiento forestal y ocupación del cauce, sin embargo los miembros del Comité Cívico por la dignidad de La Guajira, afirman que serán mucho más contundentes que con el caso del posible desvío del río Ranchería, que también estaba contemplado por Cerrejón en un proyecto de expansión, pero que finalmente no se dio.

La multinacional asegura que de cancelarse este proyecto de desviación del arroyo ‘Bruno’, se reducirían entre 600 y 1.100 empleos a mediano plazo y la producción disminuiría anualmente en 3 millones de toneladas de carbón a corto y mediano plazo, hasta llegar a un máximo de 13 millones al año.
“También habrá impacto en las regalías y los impuestos, ya que el país y la región dejarían de recibir 3.7 billones de pesos y la disminución en compras y contratos sería de 512.300 millones de pesos a largo plazo”, aseguró Bustos.

En la mesa están puestas las dos posiciones, la de Cerrejón con sus beneficios y compensaciones y la del Comité Cívico por la dignidad de La Guajira.

Unos defienden el progreso, la generación de empleo y los recursos que regalías; los otros, el recurso hídrico.

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