Líderes indígenas del municipio de Manaure se tomaron la carretera nacional Troncal del Caribe, como medio de protesta y presión al Gobierno de esa localidad para que proceda a desmontar la apertura de una licitación pública que hizo colgar en Secop.
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Dicha licitación sería con el objeto de contratar una asesoría para fortalecer los saberes ancestrales de los nativos wayuu, por una suma de $8000 millones, según los manifestantes.
El cuestionado proyecto que se financia con los recursos del Sistema General de Participación y se destina a los Resguardos Indígenas, no es la primera vez que aparece en la palestra, pues en 2022 tuvo su primera presentación y al igual que ahora fue rechazado por las comunidades.
'No es justo que se pretenda hacer una inversión de varios miles de millones de pesos en una capacitación para enseñarnos hacer lo que ya nosotros sabemos hacer, yo me pregunto: ¿Quién sabe tejer mejor que un wayuu? O ¿Quién sabe pescar mejor que un wayuu?', dijo la lideresa Arlenis Alvarado Aguilar.
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Agregó: 'Ahora bien, si se dieron cuenta que en alguna de las actividades como la pesca hay debilidades, entonces hagamos un convenio con el Sena. Organismo que a nivel nacional es el mejor para estas capacitaciones y no costara esa descomunal cifra; hay otro proyecto para contratar por $1.000 millones, reparación de molinos y pensamos que hay muchas necesidades para jugar con la plata. No es justo que mientras los niños se mueren de hambre y reciben clases bajo árboles, nosotros tengamos que tolerar que se usen $8.000 millones para ‘enseñarnos’ a hacer lo que nadie puede hacer mejor que nosotros'.
En esa ocasión fue necesario que llegaran voceros del Gobierno Nacional, quienes junto a las autoridades locales pudieron sortear favorablemente la situación y los nativos desmontaron la protesta, permitiendo el paso de los vehículos.
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Sin embargo, en los documentos suscritos para acceder al desmonte de la protesta quedó consagrado que los recursos de los resguardos indígenas no serían tomados para desarrollar proyectos, mientras no fuera una recomendación específica y concertada que partiera de las mesas técnicas que se acordaron establecer en el acta suscrito.
'La administración municipal de Manaure se compromete a no adelantar procesos contractuales durante el desarrollo de las mesas técnicas', se lee textualmente en el acta.
En ese mismo documento quedó contemplado que los organismos de control tales como Procuraduría General de la Nación y la Contraloría haría un acompañamiento a las mesas técnicas y las decisiones que se tomaran en la solución del conflicto para la utilización de sus recursos.
