La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exalcaldesa del municipio de Uribia (La Guajira), Cielo Beatriz Redondo Mindiola, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación, se encontraron presuntas irregularidades en las fases precontractual, ejecución y liquidación del contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuu afectada por la temporada de lluvias.
Dice la Fiscalía que, el citado contrato, fijado en casi $50’000.000, buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores.
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Sin embargo, el material de prueba de la Fiscalía da cuenta de posibles anomalías como la elección directa del contratista, sin tener en cuenta los parámetros de la Ley 80 de 1993; no se hizo un censo del número de personas a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían.
Adicionalmente, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió.
La Fiscalía informó que, junto a la exalcaldesa, también fueron imputados algunos funcionarios de su administración (2008 – 2011) y particulares, ellos son: el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia, Camilo Manuel Polo González, el exsecretario de Gobierno de Uribia, Víctor Manuel Mejía y la contratista, Dailineth Torres Iguarán.
En el 2016, Redondo Mindiola, cumplió una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en el municipio de Uribia, que le dictó el juez Primero Penal Municipal de Riohacha, por los delitos de concierto para delinquir en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
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La audiencia de legalización de captura y la de imputación de los cargos se llevó a cabo en la Clínica Renacer de Riohacha, donde estaba recluida un día después de que se entregara a la Sijín, ya que tenía una orden de captura y circular azul de la Interpol.
La investigación en su contra tuvo que ver con hechos ocurridos durante sus administraciones en los períodos del 2001 al 2003 y del 2008 al 2011.
Según los investigadores hubo presuntas irregularidades en la contratación de obras para el mejoramiento de vivienda durante su gobierno. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la exalcaldesa efectuó un contrato simulado por $4 mil millones, para el mejoramiento de vivienda en la Alta Guajira que fue cancelado con facturas falsas, ya que las obras nunca se llevaron a cabo.
