
Policías capturados ya fueron retirados de la institución: comandante (e) de la Mebar
De acuerdo con altos oficiales de la Mebar, una vez se conocio el presunto abuso, los involucrados fueron destituidos.
"Estos funcionarios fueron destituidos y tendrán una investigación penal, la Policía Nacional rechaza a este tipo de comportamientos", explicó la mañana de esta sábado el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge Pinzon, refiriéndose a la captura de Luis Miguel Canedo y Andreis Rafael Juliao señalados del delito de acceso carnal violento a una menor en hechos ocurridos el 25 de marzo en una zona en montada cercana a la avenida circunvalar.
El alto oficial indicó que la Policía fue quien entregó a los ex uniformados a funcionarios del CTI.
"Ellos ya fueron retirados de la institución y estamos esperando que la Fiscalía avance en la investigación", puntualizó el oficial sobre las audiencias preliminares contra los capturados que están programadas para el día de hoy a las 2 de la tarde.
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo en la madrugada en la avenida circunvalar a la altura del parque industrial Caribe Verde cuando una menor de 17 años se movilizaba con un amigo en una motocicleta, los dos uniformados los interceptaron y les exigieron documentación del vehículo de dos ruedas.

El joven motociclista reconoció a las autoridades que no tenía los documentos del vehículo, de acuerdo con la denuncia que reposa en la Fiscalía, los uniformados le dicen al joven “Vete, vete que a ella la vamos a llevar a la UPJ”, refiriéndose a la menor de 17 años.
Al parecer el joven se marcha del sitio, “mientras que los policías se llevan a la menor a una zona enmontada y allá le dicen que se deje requisar, la mujer dice que no porque quien la debe requisar es una mujer; los uniformados insisten y le dicen “Ah estas muy alzada”, ella dice que llamen a sus papás y ella se deja requisar, de lo contrario no”, según lo consignado en la denuncia por las víctimas.
“Los uniformados le exigen a la menor que les debe practicar sexo oral, la someten enseñándole el arma de fuego”, explicó a EL HERALDO la fuente judicial cercana al caso.
La menor víctima de los policías interpuso al día siguiente una denuncia en la URI de la Fiscalía, sin embargo, días después los uniformados fueron a la vivienda de la adolescente para entregarle dinero a cambio de comprar su silencio, acto que según el documento fue rechazado por los familiares de la menor.