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El policía Jessurum abrazando a una abogada durante la audiencia. EL HERALDO
Judicial

Libres 8 de los 10 investigados por presunto desfalco al ICBF

Juez dijo que la Fiscalía no demostró la carga probatoria que les imputó, aunque todos siguen vinculados a la investigación penal. Procesados siguen vinculados a la investigación.

El juez 13 penal municipal  Carlos Vásquez Velásquez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de ocho de los 10 procesados por el presunto desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Atlántico, en dos contratos destinados para la alimentación de 1.778 niños de 0 a 5 años de Ponedera y Tubará, así como a madres lactantes y gestantes.

Los investigados que afrontarán el proceso en libertad son Yolanda Ruiz Pinzón, exdirectora regional; Oneida Elena Bayona Barros y Carlos Gamarra Sierra, supervisores del contrato 331; Eduardo Camargo Ortega, director administrativo de la unión temporal Unidos por la niñez; Yaneth María Ortega, representante legal de la fundación Esperanza para la niñez, al igual que los proveedores Luis Avendaño Fernández, Juan Carlos Villanueva y Orlando Jessurum Torres.

A Luis David Avendaño Méndez, representante legal de la unión temporal, y Rosmery Maldonado Fontalvo, supervisora del otro contrato 346, el juez les impuso detención domiciliaria, las cuales cumplirán en sus casas en Soledad y Santo Tomás. 

Argumentos del juez
En la audiencia que se realizó ayer en la sala 13 del Centro de Servicios Judiciales, el togado consideró que el fiscal 29 de delitos contra la Administración Pública no mencionó cuáles eran los requisitos legales en los contratos 331 y 346 de diciembre de 2014, “sino más bien confundió una obligación derivada del contrato por el mismo, homologando las causas con el efecto”.

El juez conceptuó además que la Fiscalía realizó la solicitud de medida de aseguramiento de manera globalizada, obviando que no  todos los imputados afrontan los mismos cargos, por lo que era necesario un análisis individual y concreto de cada uno.

En concepto del juez, a la mayoría de los procesados se les imputó el monto total del presunto peculado, $303 millones, “sin que la Fiscalía tuviera en cuenta que la mayoría no supervisó el contrato durante todo el año, y eso hacía que la cantidad atribuible disminuyera”.

Otra falencia de la Fiscalía, a criterio del juez, fue no mencionar que los niños beneficiarios de los contratos 331 y 346 hayan dejado de recibir los alimentos suministrados por la unión temporal, y que sus padres no hubieran recibido las capacitaciones. “Existen elementos materiales probatorios de que esto probablemente sí se cumplió”.

Los procesados
El juez consideró que respecto a Yolanda Ruiz Pinzón “no existe inferencia razonable de autoría o participación” en la comisión del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legal, ya que no se dijo por parte de la Fiscalía cuál fue la obligación que se vulneró.

Según el juez tampoco existe un elemento material probatorio “llámese interceptación telefónica, declaración jurada), que diga que había un contubernio entre la imputada y el contratista al que finalmente le fue adjudicado el contrato”.

Con respecto a la contrapartida del 60 por ciento, el juez Carlos Vásquez dijo que “es una obligación específica del contratista y no un requisito legal esencial para que se perfeccione el contrato de aportes”.

De Luis David Avendaño Méndez, representante legal de la unión temporal Unidos por la niñez, el togado consideró que sí existe inferencia razonable de autoría o participación del delito de peculado por apropiación, ya que unas cotizaciones sobre los precios de los productos alimenticios realizadas por agentes del CTI de la Fiscalía demuestran “un posible sobrecosto de $120 millones”, por lo que le fue impuesta medida de casa por cárcel.

Sobre Rosmery Maldonado Fontalvo dijo que también es posible su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación por un supuesto sobrecosto de más de $150 millones, ya que como supervisora del contrato 346 “no informó al ordenador del gasto esta situación”.

A Oneida Bayona Barros y Carlos Gamarra Sierra, supervisores del contrato 331, Velásquez no les dio ninguna medida al estimar que no existió sobreprecio en el contrato.

A Yaneth María Ortega Camargo no le halló sospecha de que cometiera los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación; a Eduardo Camargo Ortega tampoco le dio medida porque no tuvo vínculo con el contrato 346 en el que al parecer hubo anomalías.

De los proveedores Luis Avendaño Fernández, Juan Carlos Villanueva y Orlando Jessurum Torres tampoco encontró inferencia de responsabilidad penal.

El representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación ante la decisión del juez 13 penal municipal, y será un juez penal del circuito el que decida si confirma o revoca la misma.

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