
Imputan cargos a dos jueces y un fiscal por caso Unimetro
La Fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
En la mañana de este jueves un representante de la Fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal al juez primero penal municipal de control de garantías Barranquilla, Alberto Oyaga Machado y a su homólogo Rafael Uribe Henríquez, juez 13 penal municipal de esta ciudad.
El ente acusador también le formuló los mismos cargos al entonces fiscal 56 de la Unidad de Patrimonio Económico, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz.
Los funcionarios judiciales fueron denunciados por la familia Acosta Bendek por presuntos delitos cometidos dentro del proceso de la Fundación Acosta Bendek, la cual maneja la Universidad Metropolitana y a la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.
Los capturados, según la Fiscalía, con sus decisiones favorecieron a la contraparte, la familia Jaller.


Las detenciones de los procesados se llevó la tarde del pasado martes en las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.
El 31 de mayo de 2019, detectives de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, Dijin, realizaron un allanamiento en el despacho del juez Uribe Henríquez, del que incautaron la carpeta original con la noticia criminal No: 080016001257201701150, correspondiente al proceso penal en mención.
Se está a la espera de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los tres funcionarios judiciales, en la que se determinará si son enviados a la cárcel, se les imponga una detención domiciliara o en su defecto se les dicte una medida no privativa de la libertad.
Una reacción
La Universidad Metropolitana, a través de un comunicado, señaló que el Consejo Directivo de la Universidad, de forma unánime, “ha tomado la determinación de continuar haciéndose presente en el proceso penal que se inició contra las precitadas personas”.
De igual forma, la casa de estudios envió “un mensaje de tranquilidad” a la comunidad académica, a sus alumnos, profesores, colaboradores y administrativos.
Así mismo, indicó que “confía en el ejercicio de la administración de justicia y ratifica su inquebrantable voluntad de acompañar a las autoridades competentes hasta llegar al fondo de este asunto, con el propósito de que se conozca la verdad y se imparta justicia”.
