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Condenan a dos implicados en estafas con falsos arriendos de vehículos

Con supuestos contratos se robaron 26 automóviles. Uno tiene prisión domiciliaria y el otro, libertad condicional.

El juez cuarto penal del circuito, Carlos Difilippo Valle, condenó a 34 meses de prisión (2 años y 8 meses), a Israel Rodríguez Chávez y Jorge Eliécer Ovalle Perdomo, a quienes halló responsables de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento público.

Los hechos que dieron origen al proceso se iniciaron con las capturas el 23 de octubre de octubre de 2014 de Rodríguez y Ovalle, a manos de funcionarios del CTI de Barranquilla y Bogotá. Ambos tenían órdenes de arresto por estafa agravada, en concurso con concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

En la sentencia proferida el viernes anterior se reseña que, de acuerdo con la investigación, los capturados y otras tres personas se hacían pasar por falsos empresarios, a través de las firmas Gopmar y Logistic Sánchez Montalvo SAS, “para captar automotores de alta gama” en Bogotá. 

Falsos contratos

Los condenados les ofrecían a los dueños de los vehículos supuestos contratos de suministros y arriendo de sus vehículos con multinacionales carboníferas, ubicadas especialmente en Santa Marta, así como con entidades públicas y privadas.

Después de algunos meses las víctimas se enteraban de la estafa, puesto que dejaban de recibir el pago por el arrendamiento de sus automotores. Al indagar, se percataban que estos habían sido entregados a compraventas de Santa Marta, o que habían sido hurtados.

La Fiscalía estableció, no obstante, que los falsos empresarios no demoraban en comercializar los vehículos, una vez los recibían.

En desarrollo de la investigación, los funcionarios   del CTI establecieron que el grupo Gopmar SAS, representado por Jorge Eliécer Ovalle Perdomo, fue constituido el 7 de marzo de 2012 en Bogotá  e inscrito el 8 de marzo del mismo año.

El objeto social de la sociedad era la ejecución, administración y el control de contratos de transporte terrestre, marítimo y fluvial; de servicio público y privado de pasajeros, carga seca y de líquidos a nivel urbano, rural, municipal, nacional e internacional.

La firma cambió después su nombre a Transportes Río Vita S.A.S., el 3 de diciembre del mismo año, siendo nombrado como gerente Israel Rodríguez Chávez.

En su decisión, el juez Difilippo le concedió a Rodríguez la prisión domiciliaria, mientras que a Ovalle le suspendió la ejecución de la pena y quedará en libertad condicional, después de que pague una caución de 100.000 pesos. 

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