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Este andén del barrio Lucero, en la carrera 36 con calle 50, sostuvo gran parte de la detonación de la granada la noche del 12 de octubre .
Hansel Vásquez
Judicial

¿Cómo consiguen las granadas los delincuentes?

Desde hace varios años se tienen reportes de que este tipo de explosivos está circulando con facilidad en las calles del país.

De 900 a 1.200 fragmentos de metal es la cantidad máxima de metrallas que puede dispersar una granada IM-26 tras su detonación, lo que la convierte en una de las armas antipersona más peligrosas dentro de los elementos explosivos existentes en el arsenal militar. 

Lo anterior es una razón, más que suficiente, para que las autoridades pongan la lupa y enciendan las alarmas con respecto a la facilidad con la que este tipo de material explosivo está circulando con facilidad por las calles del país en manos de grupos delincuenciales. 

Durante septiembre, solo en la Costa Caribe, la Policía capturó a cinco personas a las que se les encontró una granada de fragmentación IM-26.

La detención  más reciente se presentó en la noche del 11 de octubre pasado, cuando la Policía detuvo a Haroldo Arias Romero, en la calle 53B con carrera 9, barrio Santuario, quien portaba un revólver y cuatro cartuchos para la misma, además tenía una granada IM-26, similar a la que estalló en el barrio Lucero la noche del domingo. 

“Este tipo de artefactos solo sale de las arcas de las Fuerzas Armada para misiones especiales”.

El hombre, de 38 años, tiene antecedentes judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tres registros por homicidio, además de anotaciones por amenaza a defensores de derechos humanos, una por violencia contra servidor público  y otra más por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A ese episodio se le suma el episodio ocurrido el domingo 11 de septiembre, en el barrio Lucero, donde un uniformado de la Mebar resultó herido, luego de que dos hombres que se movilizaban en una  moto de alto cilindraje le arrojaran una granada en medio de un persecución.

Dos días después del estallido, la Policía le indicó a EL HERALDO que “los hombres —mandados por un delincuente de alto perfil— iban a lanzar la granada a una ‘olla de vicio’ por el no pago de una extorsión y al verse increpados por los uniformados emprendieron la huida”. 

En el sitio los expertos antiexplosivos de la Policía dijeron a este medio que luego de hacer el análisis de la escena concluyeron que el artefacto explosivo utilizado era una granada de fragmentación IM-26. 

Tienen certeza de ello porque hallaron la espoleta y la argolla de seguridad a pocos metros de donde quedó el cráter de la explosión. Además, los funcionarios precisaron que el daño pudo ser mayor, pues estas granadas suelen ser mortales a 10 metros a la redonda desde el centro de la detonación, pero que en este caso un andén frenó las ondas explosivas. Aun así, les causó sorpresa que los daños no fueran más graves, pues los mil 200 fragmentos que expulsa pueden ser efectivos hasta a 20 metros de distancia.

Este tipo de granadas contiene explosivo derivado  de  la pentolita y por su fácil manipulación “es una de las favoritas por los grupos delincuenciales para la extorsión a grandes, medianos y pequeños comerciantes”. 

Harold Arias Romero, el hombre capturado en el barrio Santuario portando una granada.

Una pregunta

Ante los hechos descritos, surge el interrogante sobre ¿cómo llega este es tipo de arma de guerra, al que solo tienen acceso las fuerzas militares, a incorporarse al arsenal de las bandas criminales?

Una fuente contactada por este medio y que dijo haber hecho parte de las fuerzas militares indicó que muchas veces  la situación se da por “la fuga” o “pérdida” del material de los propios inventarios de las Fuerzas Militares por parte “de agentes humanos” al momento de dejar o abandonar las filas de los grupos a los que hacen parte. 

“Muchas veces el personal que se reincorpora en las filas de las Fuerzas Armadas termina desertando y se llevan consigo el material que muchas veces se les asigna. Hay que dejar claro que este tipo de artefactos solo sale de las arcas para misiones especiales y que también en este tipo de misiones muchas veces hay uniformados que deciden huir”, dijo la fuente que pidió reserva de su identidad. 

Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y conocedor del tema de seguridad en la región, señaló que hay dos hipótesis con respecto a cómo llega este tipo de explosivos a formar parte de los anaqueles de los delincuentes.  

“La primera es que el mercado negro de armas en Colombia se ha mantenido activo  en los últimos años y además es muy dinámico. Lo otro es que muchas bandas locales son subcontratadas por organizaciones criminales de mayor capacidad delincuencial y en esa subcontratación hay transferencia de recursos militares (armas largas) y materiales explosivos”, indicó Trejos. 

¿De otro país?

El catedrático también señaló que el tráfico de armamento desde Venezuela es de vieja data y también se convertiría en una posibilidad sobre la llegada de este tipo de armamentos a las calles del país. 

“Parte del armamento que utilizó la insurgencia de los frentes 59 y 42 de las antiguas FARC-EP y los frentes Luciano Ariza y José Manuel Martínez Quiroz del Eln entre los noventa y la primera década de este siglo, que operó en la Serranía del Perijá, lo adquirían de contactos en la Guardia Nacional y con la crisis actual en el vecino país es posible que ese tráfico se mantuviera en menor escala”, señaló Trejos. 

Esta tesis se sustenta con un informe que realizó la Organización Transparencia Venezuela hace algunos años, donde destacó que  las granadas que llegan a esa nación son adquiridas por el Gobierno nacional a industrias militares de otros países. 

La organización documentó que en los últimos años aumentó la demanda de las granadas, lo que sería un indicador sobre la disponibilidad de estas armas en las manos de civiles en ese país.

Precisamente en un informe de la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (Unlirec) detallaron que en los años 2013, 2014 y 2015 el vecino país alcanzó las mayores cifras de muertes producidas por explosiones de granadas. 

La hipótesis del contrabando de armamento militar entre la frontera venezolana y colombiana no es descabellada, pues a mediados de julio pasado tropas del Ejército encontraron un depósito ilegal, con material de guerra, en el área rural del corregimiento de la Majayura, municipio de Maicao. Ese mismo grupo de militares realizó una incautación de municiones y armamentos en Arauca. 

En Colombia el manejo oficial de este tipo de explosivos está a cargo de la Industria Militar Colombiana, Indumil, a quien este medio contactó para conocer quiénes pueden comprar este tipo de granadas, cuáles son los requisitos o trámites para adquirirlas y su precio, pero desde la subgerencia técnica se informó que los datos solicitados son “confidenciales”, por lo que no podían suministrarlos. 

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