La situación de violencia contra las mujeres, bajo distintos contextos, en el Atlántico es preocupante. En lo que va del año 2026 –en sus escasos cuatro meses–, han sido asesinadas al menos 26 adolescentes, jóvenes, adultas e incluso abuelas de formas violentas e inhumanas.
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La gran mayoría de estos crímenes se han perpetrado bajo el conflicto entre estructuras criminales, pero también hay feminicidios e incluso casos ligados a la extorsión.
Prueba de este flagelo han sido los dos últimos episodios registrados en los municipios de Sabanagrande y Baranoa; el primero ocurrió el pasado martes 7 de abril, cuando unos sujetos en moto asesinaron a tiros a Julia Antonia Barrios Calceta, de 55 años, momentos en los que trabajaba al interior de una miscelánea conocido como ‘La Marquesa’, ubicada en la calle 7 con carrera 8.
Se conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado estaría ligado a un caso de violencia extorsiva, pues, presuntamente, la mujer y el propietario del negocio habían sido intimidados para el pago de cuotas a cambio de no atentar contra sus vidas.
Ayer, miércoles 8 de abril, 18 horas después de ese crimen, una costurera llamada Maribis del Socorro Escobar Gonzales, de 56 años, fue asesinada por dos sicarios dentro de su vivienda en el barrio Ciudadela La Paz, en Baranoa, cuando estos le pidieron que les vendiera un hielo a modo de gancho ciego para aprovechar su descuido y asesinarla.
Escobar, quien se ganaba confeccionando ropa y vendiendo cubetas de hielos en su residencia, al parecer, estaba siendo extorsionada junto con su esposo, un mecánico del sector.
Por esta razón, un total de 17 organizaciones sociales, lideresas y defensoras de derechos humanos del departamento del Atlántico emitieron este martes 7 de abril un pronunciamiento urgente ante el incremento sostenido de las violencias basadas en género (VBG) en la región, evidenciado en casos de homicidios, desapariciones y agresiones contra mujeres, niñas y jóvenes.
Según el pronunciamiento, muchos de estos hechos permanecen en silencio debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y las barreras que enfrentan las víctimas al momento de denunciar.
Asimismo, las lideresas señalaron que la invisibilización de estas violencias contribuye a la impunidad y perpetúa la vulneración de derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal y la seguridad. En ese sentido, recordaron que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres.
Otro de los casos que ha generado preocupación es el de la extraña desaparición de una mujer identificada como Dayana Vargas, residente del sector Alameda del Río, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, quien fue hallada en el corregimiento de Palomino, en La Guajira, en estado de desorientación y sin recordar lo ocurrido.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron la adopción de medidas urgentes y articuladas con enfoque de género, territorial y diferencial. Entre las principales solicitudes se encuentran el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la realización de un consejo de seguridad con enfoque de género y el monitoreo de los territorios más vulnerables.
“Hoy alzamos nuestra voz. No podemos seguir normalizando la violencia ni permitiendo que las mujeres vivan con miedo”, concluyó el pronunciamiento.
