Voces a favor y otras aún escépticas giran alrededor de la anunciada tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y, más allá, sobre la reciente resolución del Gobierno nacional que dejó establecido, de manera oficial, los acercamientos de carácter exploratorio de paz entre ambas estructuras criminales, cuyos jefes visibles, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, hoy buscan retornar al Atlántico para continuar con este proceso.
Tras la publicación de la resolución número 442 del 5 de diciembre de 2025, Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla, explicó que esta resolución del presidente de la República autoriza a servidores públicos del cuerpo Directivo de la DNI con facultades para ser parte de la fase de diálogos exploratorios y acercamiento a unas estructuras criminales de Costeños y Pepes.
“Estos servidores públicos entran a ser parte formal del proceso y se busca cerrar la fase de alistamiento para llegar a acuerdos y hechos concretos que nos permitan la Instalación Formal del Espacio de Dialogo Socio Jurídico”, detalló.
Más a fondo sostuvo que “se han desarrollado encuentros con Jorge Díaz Collazos y Digno Palomino para revisar estadísticas de ocurrencia de delitos durante los meses de octubre y noviembre, para reconocer dificultades y suscribir compromisos para mantener condiciones de desescalamiento sostenidos de violencias que permitan avanzar hacia la instalación de un espacio eficiente y que nos permita avanzar hacia el desamantelamiento de las estructuras”.
Finalmente aclaró que se sigue en la evaluación de la solicitud de traslados de ambos presos. “No quiere decir que no se vaya a dar. Lo que se busca garantizar es que se den traslados con propósito que nos ayuden a transitar hacia la paz. La decisión final de traslado no depende de OCCP sino de la determinación del INPEC para hacerlo efectivo”.
A su turno, el docente e investigador académico de la Universidad Libre, Alejandro Blanco Zúñiga, opinó que conviene precisar que un “acercamiento exploratorio” no es todavía una mesa de negociación.
“Es, en teoría, una fase o especie de verificación preliminar en aras de establecer si existe mando y si hay un control real, si hay capacidad de cumplir lo prometido por parte de las bandas criminales, y si el Estado puede diseñar una ruta con algún piso jurídico”.
“Es posible observar que hay un problema muy grave, hasta el momento no existe un marco jurídico que regule de forma clara un eventual “sometimiento” de estas bandas, por ejemplo: qué beneficios habría, cuáles son las condiciones, quién verifica y qué pasa si incumplen. Se anuncian acercamientos, pero las reglas de juego no están blindadas por una ley marco. Esto es clave porque esa ausencia alimenta la fragilidad institucional de cualquier acuerdo”.
Por otro lado, según el profesor, llama la atención que el Gobierno haya puesto al frente del “acercamiento exploratorio” a delegados del DNI. “Eso sugiere un proceso cerrado, más propio de una lógica de inteligencia que de un enfoque territorial con participación de entidades y liderazgos sociales. Además, resulta difícil hacer seguimiento público a las actuaciones del DNI. En tiempos electorales, esa opacidad añade ruido y sospechas sobre la racionalidad política del diseño”.
Y concluyó que frente a la afirmación promovida por el Ministerio del Interior en redes sociales —según la cual la tregua habría generado una reducción significativa de homicidios—, hay una disputa evidente sobre las cifras. La fragilidad central del argumento oficial es que, hasta el momento, la tregua no cuenta con una metodología pública, y que sea verificable que a su vez, permita auditar el origen, el procesamiento y la atribución causal de esos datos.
“Por eso, es importante no confundir una reducción temporal de violencia con desmantelamiento real de las estructuras criminales”, afirmó.
“La discusión pública debe evitar el atajo peligroso de suponer que menos homicidios equivale a menos criminalidad. La extorsión, por ejemplo, no siempre desaparece: a veces se reorganiza, se terceriza, se vuelve más silenciosa o se desplaza a otros territorios”, agregó.
En igual opinión que Blanco Zúñiga, el también docente e investigador académico de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que llama la atención que el gobierno avance con nuevas mesas urbanas a pesar de que estos procesos no tienen un marco jurídico que los respalde y que sean funcionarios de la DNI los encargados de adelantar la fase exploratoria y no la Oficina del Comisionado de Paz.
Por último, indicó que es importante señalar que la disminución de ciertos delitos en Barranquilla contrasta con el aumento de los mismos en varios municipios del Departamento.
El abogado y expersonero de Barranquilla, Arturo García Medrano, planteó que es fundamental el apoyo del gobierno nacional, la gobernación y la alcaldía en este proceso de Paz Urbana en el Departamento del Atlántico.
Además aseguró que es esencial la vinculación de la sociedad civil en las mesas de trabajo locales en Barranquilla, Soledad y Malambo.
“Ha habido una disminución de muertes violentas y delitos, pero persisten la extorsión y la violencia en algunos territorios. Las familias de las víctimas esperan la verdad, la reparación y la no repetición”, afirmó.
Y añadió que es crucial que las mesas de trabajo se desarrollen en los barrios más críticos y se muestre la voluntad de paz en el terreno.
A través de la red social X, el profesor Janiel Melamed, cabeza del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, fue algo crítico y asoció el reciente anuncio del Gobierno nacional con “humo pre-electoral”, con el que se le vende a la ciudadanía “falsas expectativas”.
