Desde el Gobierno Nacional, la ONU DD. HH., la Defensoría del Pueblo, gobernaciones, organizaciones de víctimas y derechos humanos, hasta la Agencia Nacional de Tierras se pronunciaron sobre el asesinato del líder social Freiman David Velásquez este martes 19 de mayo, en medio de un ataque a bala que dejó a cinco personas más muertas.
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La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de Bloques y Frentes rechazó el hecho, donde además de Velásquez, quien era miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), murieron Iván Stiven Camacho Castillo, Yidy Smith Velásquez Benítez y Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, vinculadas, también vinculadas a la misma asociación; así como los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez.
La delegación destacó que Velásquez impulsó iniciativas comunitarias relacionadas con la sustitución de cultivos y proyectos productivos en el Catatumbo, especialmente alrededor de viveros de café y cacao. También indicaron que el líder social estaba enfocado en fortalecer procesos de reconciliación y desarrollo territorial en la región.
“Acciones violentas como la ocurrida en Ábrego constituyen una afectación directa a los esfuerzos de transformación territorial y reconciliación que adelantan las comunidades locales de manera conjunta con las instituciones del Estado y los gobiernos locales”, se lee en el comunicado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, además de rechazar y lamentar el hecho, hizo un llamado enfático a que las investigaciones se adelanten con celeridad y rigor para identificar a los responsables.
“A todas las autoridades, particularmente al ministerio del Interior, a coordinar la respuesta a las recomendaciones de la Alerta Temprana 006 de 2026 y reforzar las medidas de prevención y protección para líderes sociales, comunidades, procesos organizativos y liderazgos juveniles del Catatumbo. A los grupos armados del Catatumbo a cesar de inmediato las agresiones contra la población civil y sus liderazgos”, se lee en la misiva de la Defensoría.
Asimismo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también sepronunció sobre la masacre y condenó el asesinato de los defensores de derechos humanos.
“Reiteramos a los grupos armados no estatales que está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario DIH atacar a la población civil. Los exhortamos a cumplir con las normas del DIH a las que están obligados estos grupos. Llamamos a las autoridades a investigar y sancionar estos crímenes y a implementar las políticas de Seguridad y de Desmantelamiento y todas las medidas necesarias para proteger a la población civil”, publicó ONU DD. HH. en su cuenta de X oficial.
Según el reporte preliminar, el ataque se registró cuando una camioneta Mitsubishi de placa JVV-240, utilizada para el desplazamiento del esquema de protección, fue interceptada por hombres armados que dispararon con fusiles y otras armas de largo alcance, en la vía entre Ocaña y Abrego, en Norte de Santander. Tras la emboscada, el vehículo terminó a un costado de la carretera, cerca de una estación de servicio y un hotel de la zona.
Autoridades que realizaron la inspección inicial señalaron que se trató de un ataque de gran magnitud. La camioneta presentaba numerosos impactos de bala en los vidrios, las llantas y la carrocería, reflejando la intensidad de la agresión armada.
Velásquez había denunciado anteriormente amenazas e intimidaciones, según información preliminar entregada por autoridades y líderes de la región.
Además, en enero de 2026 habría sido víctima de otro atentado mientras transitaba por la carretera entre Tibú y Cúcuta. En ese episodio, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba, lo obligaron a bajar junto a su equipo de seguridad y posteriormente los dejaron amarrados en el lugar.
