El drama de las balas perdidas se dispara en esta temporada

La madrugada del 8 de diciembre de 2004, en el barrio San Roque, Duván Ramírez Vásquez jugaba con su hermano menor en la terraza de su casa, mientras el vecindario festejaba al son de la música de fin de año. De repente, en medio del estallido de juegos pirotécnicos y el olor a pólvora quemada, sintió 'un corrientazo' en la espalda que lo dejó inconsciente en el piso.

A los pocos minutos, sus familiares lo despertaron y con un chorrillo de sangre saliendo de su revés, lo alzaron. Pero Duván, con 8 años, ya no tenía control sobre sus piernas y cayó otra vez. Una bala, disparada sin rumbo fijo por un imprudente, se le había incrustado en la tercera y cuarta vértebra. Quedó parapléjico.

'Si esa persona se presentara hoy ante mí, pidiendo perdón, no sé cuál sería mi reacción, no sé qué le diría', dice un Duván ya adulto, de 20 años, mientras sale del cuarto sobre una silla de ruedas. Gira lentamente los rebordes con sus delgados brazos sin cambiar de postura: la pierna derecha cruzada sobre la izquierda.

Su madre, Carmen Cecilia Vásquez, lo mira de reojo desde el otro lado de la sala, donde atiende a ocho pequeños niños. Desde hace 17 años la casa en la que viven arrendados, en la calle 36 con carrera 33, funciona como una guardería que huele a crayones y vinilos.

El recinto se divide en dos: la parte de la sala que da con la puerta de la calle está decorada con cuadros del Sagrado Corazón, la escultura de un caballo de 50 centímetros de alto, un mueble y una cortina que cubre la desgastada puerta de madera del cuarto de Duván.

La segunda estancia, que da con la cocina, tiene una pequeña mesa naranja con trabajos manuales de los niños, cortinas de colores, sillas pequeñas, un estante con pinturas, dibujos, lápices y demás utensilios para una jornada didáctica.

El joven sonríe levemente. Dice que ya no le da 'importancia al tema', pero su mueca sostenida y su mirada contraída denotan cierta incomodidad al evocar el incidente.

Solo promesas. Durante los días siguientes al hecho, la Policía indagó con familiares y allegados. Algunos dijeron que el responsable fue un hombre que departía al lado de su casa y otros, que fue un vecino que festejaba a la vuelta de la cuadra. Al final todo quedó en rumores y nunca se halló al culpable.

'No hubo ningún resultado de la investigación, prácticamente es como si nunca hubiese pasado. Se olvidaron, no hubo responsables', enfatiza Duván con la espalda erguida, agarrando instintivamente el pie derecho.

Cuando la prensa local entintó sus páginas con el incidente, la paraplejía de Duván causó indignación en Barranquilla y el país. Se anunciaron promesas fugaces, como una silla de ruedas que sería obsequiada por un policía o el seguimiento de funcionarios públicos a la recuperación del niño. Pero, como él afirma, 'no pasó nada'.

Una investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en Colombia la judicialización de los victimarios por bala perdida es casi nula y es común que se desconozcan las identidades. Según el informe publicado en 2013, no se cuenta con información sobre el proceso o la investigación de 67% de los casos.

En Barranquilla, por ejemplo, escasean las estadísticas oficiales. La institución prestadora de salud (IPS) Universidad de Antioquia, que maneja la red hospitalaria del Distrito, no discrimina las circunstancias en que los pacientes atendidos son heridos o fallecen por impactos arma de fuego.

La Policía Metropolitana informó que tampoco lleva un registro de lesionados o fallecidos por balas perdidas. Y el Fondo de Seguridad de la Alcaldía indicó que se 'alimenta' con información de prensa. Al consultársele sobre una estadística, indicó que la información debía coordinarse con la Policía para 'sacarla exacta'.

El último caso presentado en la ciudad ocurrió a las 4 de la tarde del pasado 29 de octubre, sábado, en el barrio Siete de Abril, en el suroccidente. De acuerdo con familiares de Gissella Rodríguez Jiménez, de 19 años, cuando ella se asomó en la puerta de su casa para ver una pelea entre las pandillas ‘Los Menores’, del sector, y ‘los Calladitos’, de Santa María, una bala impactó su cabeza y le provocó daño cerebral.

La joven falleció la tarde del 31 de octubre, luego de que su familia diera la aprobación para desconectarla del respirador artificial. Ana Manjarrés, abuela de Rodríguez, afirma que la familia atribuye el disparo a la Policía. 'Porque ellos llegaron a disolver la pelea haciendo disparos al aire'.

Esta es la tercera muerte por bala perdida que los medios de comunicación registran este año en Barranquilla. La primera ocurrió el 26 de febrero, en Santa María. Ledys Polo Polo, de 57 años, falleció al día siguiente de ser impactada en la carrera 7 Sur con calle 90. De acuerdo con testigos, dos asaltantes intentaron robar a un hombre que iba en un carro, después de retirar dinero de un banco.

La potencial víctima del hurto iba armada, por lo que reaccionó y se enfrentó a tiros con los delincuentes. Polo caminaba en ese momento por el sector y por eso un proyectil la hirió en un glúteo. Fue trasladada al Paso de Santa María, de donde fue remitida al Hospital de Barranquilla, en donde falleció en cirugía.

La segunda muerte fue el 13 de abril, en el barrio El Bosque. Zuleima Rojas Mejía, de 37 años, regresaba a las 10 de la noche a su casa, tras comprar panes para el desayuno.

Rojas iba en una moto en compañía de su esposo, cuando fue impactada en la espalda por una bala, en la diagonal 64B con 9J. 'Nos dijeron que hubo un enfrentamiento entre pandillas y alguien comenzó a disparar para disipar la pelea. Una bala le dio a ella', dijo un familiar.

'Creo que no me interesa conocerlo (al responsable de su paraplejia), soy una persona feliz', declara Duván Ramírez, mientras muestra su vieja guitarra negra, de mástil doblado. Los niños lo rodean, al tiempo que muestra cómo trastea el instrumento al hacerlo sonar. Una especie de vibración metálica rompe la armonía de cada nota.

Con la ayuda de su familia, aquel niño de 8 años que supo en 2004 que ya no podría caminar, avanzó. Terminó el bachillerato en el colegio José Eusebio Caro, en 2013. Aprendió a tocar la guitarra, el piano, hizo un curso en la EDA de dibujo y hoy hace parte de la Selección Atlántico de Baloncesto en Silla de Ruedas. Estudió Técnico en Sistemas en el Sena, pero hace un año se le vencieron las prácticas porque no encontró dónde realizarlas. La falta de acceso para personas en condición de discapacidad —argumenta— fue la principal razón.

Por justicia. Un informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec), Colombia fue durante 2014 y 2015 el tercer país con mayor número de muertes por balas perdidas en América Latina y el Caribe. El estudio contabilizó 40 muertos de un total de 114 víctimas: 58 hombres, 52 mujeres y cuatro sin definir.

Dentro de algunas de las causas, se mencionan la violencia entre pandillas, el crimen organizado, los disparos al aire, el robo a mano armada y las intervenciones legales (Policía o Ejército).

Una de esas intervenciones fue lo que produjo la muerte de Diribeth Ortiz Cuentas, de 15 años, quien el 19 de enero de 2014 murió por una bala que le atravesó el cuello, en Rebolo, suroriente de esa capital.

La tragedia sucedió a la 1:30 de la tarde. La adolescente estaba en el patio de la casa de su padre, mientras varios policías realizaban un operativo frente a la vivienda por una riña.

Varios disparos se escucharon antes de que sus familiares se percataran de la herida que había sufrido la joven. Diribeth fue trasladada al Hospital General de Barranquilla, donde llegó sin signos vitales.

Uno de los uniformados había accionado su arma para disipar la riña. Los residentes del sector, al enterarse del fallecimiento, se enfrentaron con los policías. Así como las familias de Duván o de Gissella, la de Diribeth reclamó justicia por el hecho para tener un poco de 'tranquilidad'. Pero solo dos años y cuatro meses después pudieron obtenerla cuando un fallo declaró culpable a la Nación por el deceso.

'La conducta desplegada por los agentes de Policía contribuyó de manera relevante en la producción del daño que hoy se reclama', indicó la sentencia proferida el 6 de mayo pasado por el juez 7mo. administrativo oral del circuito, Jesús Hernández Gámez.

En la decisión se plasma que, 'en conclusión, los responsables por omisión a su deber fueron los miembros de la Policía (…); así mismo, se configura una falla del servicio'. Tres uniformados vinculados al proceso disciplinario fueron destituidos a los cuatro meses del incidente.

El informe de Unilrec analizó los datos a partir de casos difundidos por los medios de comunicación en 27 países y, de acuerdo con el escalafón, Brasil lideró la lista con 197 incidentes (115 lesionados y 98 muertos), seguido por México con 116 (77 y 55).

Cuatro incidentes de balas perdidas en el marco de un conflicto armado fueron documentados en este estudio, representado el 0.5% de los 741 casos documentados. Los cuatro casos están relacionados con el conflicto interno en Colombia. Tres de los casos estuvieron relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y un caso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En la mayoría de los casos hubo enfrentamientos entre los grupos insurgentes, el Ejército o la Policía.

De igual forma, en Colombia, los 14 casos evidenciados por crimen organizado representaron el 14% de los casos documentados. En casi todos los casos asociados al crimen organizado se encuentran las variables narcotráfico, sicariato y extorsión.

La situación –detalla Unlirec— es consecuencia de 'la proliferación de armas pequeñas y municiones, combinada con una serie de variables institucionales, sociales y económicas'.

Ayuda sicológica. Los casos como el de Jaime Ardila o el de Gissella Rodríguez, en el que se ven implicadas riñas de pandillas, suelen apilarse en los archivos de la Fiscalía. El 26 de febrero de 2014 una bala perdida se incrustó en el ojo derecho de un niño de 10 años, en el barrio Siete de Abril, durante un enfrentamiento entre integrantes de ‘los Cripis’, ‘los Tasmania’ y ‘los Solitos’. El reloj marcaba la 1:30 de la tarde cuando tres detonaciones de arma de fuego generaron la alerta en la cuadra, mientras los vecinos se resguardaban rápidamente en sus casas.

El menor de 10 años fue herido en el globo ocular de su ojo cuando jugaba en un andén de la calle 70-2 Sur. Tras el impacto, cayó tendido al piso y sus familiares lo llevaron al Camino del barrio Santa María y luego fue remitido al Camino Adelita de Char.

'El niño perdió su ojo y nunca nadie nos dio un resultado de la investigación por la bala. La mamá fue a la Defensoría del Pueblo para ver qué habían resuelto, pero los papeles estaban archivados', relata la abuela del niño en la sala de la casa, a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho. Una vivienda humilde donde residen más de 15 personas y la cama más grande está en la sala.

Dos años después, la herida ya no le duele al niño, pero en su interior y en el de la familia sigue sin cicatrizar. Hoy el menor, con 12 años de edad, utiliza un ojo de plástico en la hendidura y su abuela cuenta que es víctima de matoneo. Dice que en ocasiones no quiere ir al colegio y que hasta la fecha, ni la familia ni el menor han recibido ayuda sicológica.

'Él a veces dice que se quiere morir, que ojalá lo maten. Yo le digo que no debe pensar así, que tiene que pedirle a Dios, pero dice que se siente como solo, como aburrido', explica la mujer con la voz entrecortada. Tratando de conservar sus manos empuñadas.

De acuerdo con el Cerac, 'de todas las forma de violencia con armas de fuego, la violencia por balas perdidas es la más injusta' debido a que la víctima queda al azar y no le es posible defenderse.

Carmen Cecilia Vásquez, quien observa a Duván desde el otro lado de la sala, confiesa que lo más difícil es cuando ve que la depresión lo afecta. Esa es quizás la peor consecuencia del incidente. Sin embargo, con una sonrisa espontánea, sentencia que la valentía y la superación de Duván la motivan cada día a seguir 'caminando juntos'. Que esa es 'la clave' para superar cualquier miedo.

Clemente Fajardo, secretario de Gobierno de Barranquilla, explicó a EL HERALDO que el artículo 356A del Código Penal, denominado ‘Disparo de arma de fuego sin necesidad’, establece desde 2011 una pena de uno a cinco años a las personas que disparen un arma de fuego legalizada sin que haya una real necesidad de accionarla. De acuerdo con el concepto, aunque la bala impacte en el suelo, en un árbol o en cualquier otro objeto, la ley lo castiga. 'Si la bala llega a herir o a matar a alguien, hay concurso con el homicidio, con tentativa de, con lo que dé a lugar. Si el arma es ilegal, el concurso es entonces con porte ilegal de arma de fuego', manifestó.